Las normas aprobadas no hacen foco en la regulación de los precios, las viviendas ociosas ni los alquileres turísticos, sino que otorgan (más) beneficios a dueños y desarrolladoras, aseguran desde la oposición.
Siempre con el foco puesto en mejorar la situación de los que más tienen, el gobierno de la Ciudad que encabeza Horacio Rodríguez Larreta volvió a aprovechar el «mal de muchos» para asegurar «el beneficio de pocos».
Así, la Legislatura porteña votó ayer las leyes que presentó Larreta para, supuestamente, «aliviar» los alquileres de la Ciudad. Sin embargo, desde la oposición cuestionaron que no se hace foco en la regulación de los precios o las viviendas ociosas, sino que otorgan (más) beneficios a propietarios y desarrolladoras.
Entre los proyectos, autorizaron una exención del pago de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y del impuesto inmobiliario, «con la finalidad de establecer un marco normativo que incentive el incremento de la oferta de inmuebles en alquiler y permita el acceso a la vivienda a las personas que quedaron fuera de esta posibilidad debido a la situación actual del mercado«. Este beneficio estará vigente durante 36 meses desde el inicio del contrato y cesará cuando el acuerdo pierda vigencia.
También aprobaron en la Legislatura las modificaciones al Código Fiscal para impulsar un beneficio sobre los Ingresos Brutos, ampliando la exención que hoy rige para contratos hasta $75.000 a $220.000, «a fin de tener un mayor alcance en la población y generar un impacto de mejora las condiciones macro del escenario actual«. La exención podrá abarcar hasta tres inmuebles. Actualmente son dos.
Además avanzaron con un sistema de acceso a la vivienda: la covivienda. Una herramienta orientada a «fomentar la constitución de comunidades habitacionales estructuradas en torno de valores y modos de vida comunitarios afines«. Pueden convertirse en coviviendas todas aquellas propiedades de dominio privado y del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC); inmuebles de dominio privado sujetos de derecho público estatales, no estatales y de personas jurídicas. Incluye los terrenos sin edificar; terrenos con edificaciones en obra, interrumpidas o en curso de ejecución; y los terrenos con edificaciones concluidas que deban ser refuncionalizados. En esos predios, las partes desarrollarán, construirán o refaccionarán las viviendas que forman parte del régimen bajo el control del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).
Javier Andrade, legislador del Frente de Todos, criticó a este proyecto asegurando que “permite que el IVC use tierras públicas para que fideicomisos puedan construir, no regula la conformación del fideicomiso, ni cómo serían los convenios, por cuánto tiempo, ni cómo se calcula y controla el valor de esos alquileres. O sea, no tiene ningún marco regulatorio y abre la puerta a que los convenios los hagan directamente los privados con la organización conviviente”.
«El jefe de Gobierno en el marco de su campaña electoral para Presidente de la Nación presentó una serie de iniciativas que intentaban abordar particularmente la situación de los inquilinos en la ciudad de Buenos Aires y la verdad que lo que pudimos ver prontamente es que era una cuestión marketinera porque entre las situaciones que planteaban no había cuestiones de fondo; exención de Ingresos Brutos para los propietarios, exención de ABL para los propietarios y la exención del pago de plusvalía para los desarrolladores inmobiliarios con algún compromiso de generar alguna línea de acción en la oferta de alquileres. La realidad es que ninguna va a la cuestión de fondo«, señaló Andrade.
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