Adrián Martínez Moreira fue procesado por 62 hechos como organizador de una asociación ilícita, falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública junto a otras cuatro personas.
Adrián Martínez Moreira se presentaba desde hace años como hijo de una pareja de militantes paraguayos desaparecidos, lo que le permitió ponerse en contacto con víctimas del terrorismo de Estado, entrar a sus casas y ganarse su confianza. Incluso llegó a dar datos que hicieron ilusionar en vano a Madres y Abuelas que hace mucho tiempo buscan a los suyos. Junto con un equipo de abogados se presentaba como un facilitador a la hora de gestionar las políticas reparatorias, o agobiaba a quienes desconfían de su relato con denuncias y demandas. Sin embargo, su historia se construyó a partir de un engaño.
Finalmente, el juzgado federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires lo procesó junto a otras cuatro personas como integrantes de una organización criminal que se dedicaba a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reclamos por leyes reparatorias.
Adrián Martínez Moreira fue procesado como organizador de la asociación ilícita y por otros delitos como falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública en 62 hechos. Junto a él, también fueron procesados como miembros de la asociación ilícita Omar Enrique Ramón García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.
En la causa se investigaron distintos hechos realizados por la organización con el objetivo de obtener beneficios económicos: a través de denuncias y pruebas falsas, se presentaron en causas judiciales por crímenes de lesa humanidad y expedientes vinculados al cobro de indemnizaciones contempladas en las leyes reparatorias por graves violaciones de derechos humanos.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en esta causa en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos que procuraron afectar el trabajo de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría y a las víctimas que legítimamente buscan una compensación ante el Estado.
De esta manera, se busca impulsar activamente este proceso para obtener una resolución judicial que permita dar claridad y transparencia ante estos hechos, que han tenido impacto en las víctimas y en la normal administración de justicia.
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