Despedirá cerca de novecientos empleados.
El Gobierno anunció el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. El vocero, Manuel Adorni, aseguró que esto implicará un ahorro de $9.000 millones al Estado.
En conferencia de prensa, el vocero presidencial confirmó que el ministerio de Economía avanza en el desmantelamiento de otros dos organismos públicos. «De tener 964 empleados se va a transformar en una dirección de 60, suponiendo un ahorro de $9.000 millones para el Estado».
Adorni, como siempre sin prueba alguna y sin ninguna denuncia ni interna ni ante la Justicia, informó que tras una revisión de datos por parte del Gobierno se detectaron irregularidades: «Además de eso tenía 160 delegaciones, cada 3 empleados había un delegado. Había 204 vehículos y 85% era para pagar sueldos, básicamente una agencia de empleo político».
El portavoz de la presidencia también denunció que «se transferían fondos discrecionales» y agregó: «No recibimos reclamos, así que no estaba cumpliendo con la esencia para la cual había sido creado».
El apoyo estatal a la agricultura familiar buscaba alentar formas de asociativismo, de potenciar líneas de comercialización de los productos que hacen los agricultores familiares y de visibilizar nuevos procesos productivos. Nada que le interese a este gobierno dispuesto a abrir las fronteras para destrozar todo método productivo local.
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