Bullrich respalda a «las fuerzas» y deroga una resolución de Aníbal Fernández

El Ministerio de Seguridad busca dar “apoyo institucional” a los diferentes efectivos.

Por Tomás Palazzo para Noticias La insuperable

El gobierno busca ganarse el apoyo de su aparato de control, garante de sus políticas eocnómicas, y lo hace a través de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien firmó la Resolución 159/2024 que habilitó a las fuerzas federales a prestar asistencia legal a sus efectivos en causas judiciales derivadas del ejercicio de sus funciones.

El Ministerio de Seguridad dispuso que la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal “brindarán a su personal, en situación de actividad o retiro, de conformidad con lo establecido en sus respectivas normas estatutarias, asistencia legal, patrocinio o defensa jurídica institucional, en causas judiciales que resulten consecuencia del ejercicio de las funciones o del cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes al estado policial, el estado militar de gendarme o el estado penitenciario, según corresponda”.

La norma aclara que en ningún caso los organismos prestarán asistencia jurídica “en aquellos hechos que prima facie evidencien una ostensible violación de los deberes y obligaciones inherentes al estado policial, militar de gendarme o penitenciario, de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias de cada fuerza”.

Para avanzar con esta medida, el Gobierno derogó la Resolución 477/2023, dictada por el exministro Aníbal Fernández, la cual ponía un límite claro a esta defensa aclarando que no se brindaría «asistencia jurídica a los agentes y/o funcionarios de esas fuerzas federales de seguridad que resulten judicialmente acusados por GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS«.

Esto, se refería puntualmente a casos de homicidio doloso, homicidio calificado por abuso funcional; lesiones gravísimas; abuso sexual; desaparición forzada de personas; tortura; y omisión funcional frente a casos de tortura.

Patricia Bullrich, avizorando un panorama represivo, borra así de un plumazo estas salvedades, en un claro respaldo gubernamental que da vía libre al accionar de las fuerzas.

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