Proyectos mineros amenazan a los glaciares

La ley de Glaciares de Argentina tiene como objetivo de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos, como fuentes de información científica, por su valor turístico y para la protección de la biodiversidad.

Naciones Unidas ha designado a 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. «Son parte clave de los ecosistemas, no solo en la cordillera, sino que los ecosistemas se nutren del agua que brindan durante el deshielo. También son indicadores esenciales del cambio climático y su retroceso amenaza la disponibilidad de agua, la biodiversidad y las comunidades que dependen de ellos”, explica Paz González, profesora de Ecología de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

«El aumento de la temperatura en la zona cordillerana de la Patagonia y Cuyo está acelerando el retroceso de los glaciares, poniendo en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce que nacen en la Cordillera de los Andes y alimentan los principales ríos del oeste argentino”, alerta la profesora en declaraciones recogidas por DW.

”Los Andes del Sur perdieron aproximadamente un 13 por ciento de su masa, y los tropicales, un 20 por ciento”, puntualiza, añadiendo que «la tasa promedio de pérdida de hielo en millones de toneladas para los Andes del Sur es de casi 27 millones de toneladas por año”.

Por este motivo, “en América Latina, y especialmente en Argentina, donde los glaciares cumplen un rol vital, es urgente fortalecer su protección mediante mecanismos de gobernanza inclusiva y acceso a financiamiento para soluciones lideradas localmente”, considera González.

La Ley de Glaciares

La Ley de Glaciares de 2010 representó un avance efectivo en la protección ambiental, al reconocer la importancia estratégica de los glaciares y el ambiente periglacial como reservas de recursos hídricos, tanto para la vida como para el desarrollo de actividades económicas”, sostiene Leandro Gómez, coordinador del programa de Inversiones y Derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

“Es una ley que está bajo la espada de Damocles de las grandes corporaciones mineras”, coincide Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, recordando el último intento de modificación. “Cuando Javier Milei mandó la Ley Ómnibus, la primera de las leyes, esta incluía una modificación hecha por los abogados de las grandes empresas mineras, que consistía en cambiar las definiciones para achicar notablemente el área protegida a fin de poder avanzar sobre estos ecosistemas”, denuncia.

Criminalización de los que protegen el agua

“Hace muchísimos años que la gran minería quiere entrar en Mendoza, pero se encuentra con la resistencia de la población. Ahora, en una Argentina convulsionada, con un gobierno nacional que permanentemente va cambiando la agenda, el gobierno de Alfredo Cornejo, aliado del Gobierno nacional, está avanzando y está criminalizando a quienes protegen el agua”, critica el presidente de los abogados ambientalistas argentinos.

«Por todo ello», continúa, «la sociedad civil argentina está, desde finales del pasado año, en alerta, tras la aprobación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para 34 proyectos mineros de exploración en el Departamento de Malargüe (provincia de Mendoza), a finales del pasado año. En caso de que estos de proyectos de exploración avancen, implican, sin lugar a dudas, una amenaza para los glaciares y el ambiente periglaciar”, advierte Gómez.

El Instituto Argentino de Nivelogía y Glaciología (IANIGLA) presentó un dictamen técnico que señala que estos proyectos mineros podrían afectar el ambiente glaciar y periglacial que forman las nacientes del Río Colorado, cuenca interprovincial que atraviesa Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires. “Además este estudio técnico alertaba sobre la ausencia de estudios hidrológicos, meteorológicos, climáticos, e incluso de la falta de análisis sobre la oferta de agua, y acerca de la identificación y caracterización del ambiente periglaciar en esta zona”, recalca el vocero de la FARN.

Por este motivo, esta organización planteó una medida cautelar ante la justicia federal de Mendoza, con el objetivo que el gobierno provincial y las empresas mineras se abstengan de avanzar sobre cualquier actividad de exploración minera.  

“Esta acción solicita también que se lleve adelante un análisis detallado de cuál es la situación hídrica actual, y que se consideren también los impactos acumulativos de llevar adelante 34 proyectos mineros en la zona. Al mismo tiempo, solicita que se lleve a cabo una delimitación y una caracterización del ambiente glaciar y periglaciar en ese territorio”, concluye Gómez.