Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, el Senado sancionó por segunda vez en menos de un año la ley que actualiza el presupuesto de las universidades públicas, hospitales universitarios, ciencia, tecnología y salarios docentes y no docentes según la inflación acumulada. La oposición logró un respaldo contundente, pero todo indica que Milei volverá a vetar la norma.

Una sesión adelantada por consenso opositor
El debate en la Cámara alta se aceleró gracias a un acuerdo entre bloques opositores que, a pesar de que el dictamen de comisión se había firmado apenas el día anterior, consensuaron adelantar la sesión. El reglamento del Senado exige siete días entre dictamen y tratamiento en recinto, pero la urgencia del tema llevó a sortear esa restricción.
La media sanción obtenida en Diputados el pasado 7 de agosto había marcado el terreno: allí la oposición consiguió una amplia mayoría, quedando apenas a un voto de los dos tercios. Ese antecedente fue la llave política para que el Senado consolidara aún más el respaldo.
Quiénes votaron en contra y quién se dio vuelta
En esta oportunidad, los seis senadores libertarios se opusieron, acompañados por la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y Martín Goerling (PRO), Francisco Paoltroni y la radical Carolina Losada, que sorprendió con su giro: en septiembre de 2024 había votado a favor.
Las abstenciones vinieron de Juan Carlos Romero, Victoria Huala y Andrea Cristina, mientras que Alfredo De Angeli se ausentó en el momento clave. El resto de los senadores respaldó la iniciativa.
Qué dice la ley
El proyecto establece que las partidas presupuestarias se actualicen al 1° de enero de 2025 en base a la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, prevé incrementos bimestrales en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes retroactiva a diciembre de 2023, con ajustes mensuales a futuro.
También destina recursos específicos a becas estudiantiles, subsidios a la investigación y el funcionamiento de hospitales universitarios, un área clave del sistema que viene siendo desfinanciada.
“El superávit fiscal no se negocia”, fue la reacción inmediata de La Libertad Avanza en redes sociales tras la media sanción en Diputados, anticipando lo que parece ser el final anunciado: un nuevo veto presidencial.
Críticas al rumbo económico del Gobierno
“Gobernar sin presupuesto es como navegar sin brújula”, lanzó en el recinto el senador radical Maximiliano Abad, en clara crítica al Ejecutivo.
Por su parte, el también radical Víctor Zimmerman respaldó la iniciativa: “Comparto este nuevo sistema de actualización en base al IPC, es muy oportuno para que lo remunerativo pueda acompañar el impacto de la inflación. También apoyo la partida especial para investigación y becas”.
El senador puntano Fernando Salino fue más allá y advirtió sobre el retroceso en inversión educativa: “La inversión en educación superior es hoy del 0,43% del PBI, cuando históricamente ha sido del 0,80%”, citando un informe de CONADU publicado en junio.
Sin informe técnico, pero con números políticos
A diferencia de lo que ocurrió en 2024, cuando el Senado solicitó un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esta vez no hubo pedido de evaluación técnica. Sin embargo, fuentes legislativas estiman que el impacto sería similar al del proyecto anterior vetado por Milei: alrededor del 0,14% del PBI.
La negativa del Gobierno, más que económica, es política: mantener el equilibrio fiscal a cualquier costo, incluso frente al financiamiento universitario.
¿Otro veto en camino?
Aunque el Congreso volvió a dar una señal clara y contundente en defensa del sistema universitario, todo indica que el Gobierno repetirá la estrategia del año pasado. El veto parece inminente.
La oposición, consciente de ello, buscó mostrar músculo político desde el inicio: las mayorías amplias logradas en ambas cámaras consolidan un mensaje inequívoco, incluso frente a la decisión unilateral de Milei de desfinanciar la educación pública.
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