Con ello se suma a otras voces expertas que llevan tiempo denunciando el genocidio; en su informe enumera pruebas y señala la responsabilidad de los países: “Los Estados pueden enfrentar consecuencias legales si no actúan”.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas ha concluido que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. En un informe de 72 páginas, la Comisión sostiene que cuatro de los cinco elementos legales del genocidio han sido cumplidos: asesinatos, daño físico y mental grave, imposición deliberada de condiciones de vida destinadas a provocar destrucción y medidas destinadas a impedir nacimientos. El documento llama con urgencia a los Estados de todo el mundo a actuar para prevenirlo y sancionarlo legal y políticamente.
Hallazgos principales
- Cuatro de los cinco criterios legales del genocidio: El informe identifica que las autoridades israelíes, incluidas las fuerzas de seguridad, han llevado a cabo asesinatos, daños corporales y mentales graves, han impuesto condiciones de vida que deliberadamente provocan destrucción, y han adoptado medidas para impedir nacimientos dentro del grupo palestino.
- Intención específica: Según la comisión, hay pruebas de intención tanto total como parcial de destruir al grupo palestino de Gaza, lo que cumple con los requerimientos jurídicos del elemento de “intención genocida”.
- Ejemplos de crímenes señalados:
- Ataques contra civiles, bienes protegidos, destrucción de infraestructura, uso del hambre como arma.
- Violencia sexual y de género, maltrato y tortura de detenidos.
- Daño deliberado a niños, incluso en refugios y puntos de evacuación.
- Destrucción de la clínica de fertilidad Al-Basma — alrededor de 4.000 embriones destruidos, 1.000 muestras de esperma y óvulos no fecundados — como parte de las “medidas destinadas a impedir nacimientos”.
- Patrones observados: Elevada proporción de víctimas civiles (el 83 %), mujeres y niños (46 % en julio de 2025), destrucción sistemática de hogares, escuelas, mezquitas, iglesias, y sitios culturales como parte de un intento de borrar identidad y cultura palestina.
- Responsabilidad estatal: La comisión sostiene que los líderes políticos y militares son agentes del Estado de Israel, por lo que sus actos son atribuibles al Estado. El Estado sería responsable de cometer genocidio, de no haberlo prevenido, y de no castigarlo.
Obligaciones legales y llamado a la acción
- Todos los Estados tienen, según la Convención sobre el Genocidio, un deber inmediato y universal de prevenir y castigar este crimen. No hacerlo puede acarrear consecuencias legales y morales importantes.
- Entre las medidas exigidas:
- Detener transferencias de armamento, combustibles, equipos militares si hay sospechas de que serán usados en acciones genocidas.
- Asegurar que personas, empresas bajo jurisdicción estatal no participen, apoyen o inciten genocidio.
- Investigar y procesar a los responsables, internos y externos.
- Facilitar investigaciones y procesos judiciales, imponer sanciones contra el Estado de Israel o individuos y corporaciones implicadas.
Contexto y precedentes
- Este informe de la Comisión Independiente se suma a otros pronunciados durante 2023-2025 por instituciones como la relatora de la ONU para Palestina, el Instituto Lemkin, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, B’Tselem, y la International Association of Genocide Scholars, todos los cuales han denunciado indicios de genocidio.
- La Corte Internacional de Justicia emitió órdenes provisionales en 2024, afirmando que era plausible que Israel estuviera cometiendo genocidio en Gaza, pero esas advertencias no fueron suficientes para detener lo que hoy se declara “en desarrollo”.
Respuesta de Israel
- El gobierno israelí rechaza categóricamente el informe. Lo califica de distorsionado, falso, acusando a sus autores de antisemitismo y de ser representantes de Hamás.
- Además, acusa que el informe se basa en “falsedades” ya refutadas, solicita la abolición de la Comisión, y reafirma que no ha cooperado con ella.
Conclusión
La declaración de la ONU marca un punto de inflexión en la percepción jurídica y moral del conflicto en Gaza. Declara que el genocidio no es una hipótesis futura sino una realidad presente, una acción que exige respuesta concreta de los Estados, no solo declaraciones. El mundo está ante una disyuntiva ética, política y legal: corresponder a las obligaciones internacionales o arriesgarse a complicidad.
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