El juez federal Sebastián Casanello ordenó este miércoles una serie de allanamientos en la sede de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) y en la Superintendencia de Servicios de Salud. En el centro de la causa aparece la droguería Suizo Argentina, la misma que fue señalada en el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que ahora arrastra sospechas que llegan hasta Karina Milei y los Menem.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
La lupa sobre OSPRERA y Suizo Argentina
El procedimiento ordenado por Casanello tuvo como objetivo secuestro de documentación clave sobre los vínculos entre OSPRERA y Suizo Argentina S.A., una de las principales proveedoras de la obra social.
La empresa, controlada por la familia Kovalivker, volvió al ojo de la tormenta tras los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que describen un entramado de corrupción con coimas millonarias que —según las denuncias— alcanzaría a Karina Milei y a la familia Menem.
Una intervención bajo sospecha
La investigación se desarrolla en el marco de la intervención judicial de la obra social de los trabajadores rurales, un proceso rodeado de secretismo y acusaciones cruzadas.
El secretario general de UATRE, José Voytenco, denunció a un sector opositor de haber intentado tomar ilegalmente el control del gremio, maniobra que terminó en el actual escenario judicial.
La caja de los $7.700 millones
Según trascendió, en apenas cinco meses de intervención, OSPRERA emitió órdenes de pago por más de $7.700 millones a Suizo Argentina.
Una auditoría del interventor Marcelo Perroni reveló, además, que la obra social arrastraba una deuda de $3.000 millones con la droguería al momento de la intervención.
La magnitud de esas cifras desnuda la centralidad de Suizo Argentina en el negocio de los medicamentos para obras sociales, un rubro históricamente vinculado a retornos, sobreprecios y corrupción estatal.
Marijuan y la política en la mira
El mes pasado, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Julio Cordero, secretario de Trabajo de la Nación, y de Pablo Ansaloni, diputado de La Libertad Avanza.
Ambos habrían participado de lo que el fiscal definió como un “plan criminal para hacerse de la conducción de la UATRE”, aprovechando sus cargos e influencias políticas para garantizar la intervención de la obra social.
Milei, Karina y el blindaje del poder
La causa por la que hoy Casanello ordenó allanamientos no es un episodio aislado. Por el contrario, se suma a una larga lista de escándalos de corrupción en el círculo íntimo de Milei.
Los audios de Spagnuolo comprometen de lleno a Karina Milei, la omnipresente secretaria general de la Presidencia, y salpican a los Menem, hoy aliados estratégicos en el Congreso.
Mientras tanto, la Casa Rosada guarda silencio y apuesta al blindaje mediático para bajar el costo político de una trama que ya está en manos de la Justicia.
Una obra social en disputa, un país en crisis
El avance de esta investigación revela no solo los manejos turbios en torno a OSPRERA, sino también el uso de las obras sociales como cajas políticas para alimentar acuerdos de poder.
En el corazón de la causa, aparecen nombres pesados de La Libertad Avanza, millones de pesos en contratos irregulares y sospechas de coimas que trepan hasta lo más alto del gobierno.
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