Los días del empresario Federico “Fred” Machado en su bucólica chacra de Río Negro parecen estar contados. Lo que Machado diga ante la justicia extranjera podría tener consecuencias que hoy inquietan a más de un político argentino.
El expediente que nunca duerme
Desde hace más de cuatro años, el expediente judicial de Federico Andrés “Fred” Machado se transformó en un laberinto de recursos, fallos y maniobras dilatorias. Acusado de narcotráfico, lavado de activos y fraude financiero internacional, el empresario fue detenido en abril de 2021 y permanece desde entonces en arresto domiciliario en su finca “La Gringa”, ubicada sobre la Ruta Provincial N.º 1, kilómetro 20, camino a El Cóndor, en Viedma.
Allí, rodeado de muros de hormigón, piscina y parque, con una tobillera electrónica pero sin custodia policial, Machado comparte el encierro con su madre, María Ester Ciccarelli, y su hermana Malena Igoldi, ambas designadas como guardadoras legales. Un entorno bucólico que contrasta con las acusaciones que enfrenta en los tribunales de Estados Unidos.
La decisión que pasa por la Casa Rosada
En la Argentina, la última firma para concretar una extradición depende del Poder Ejecutivo, es decir, de Javier Milei. Una vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorice la entrega del acusado, el trámite se traslada directamente a la Casa Rosada.
Milei, economista de profesión, se apoya en un círculo de confianza para decisiones de esta magnitud: Mariano Cúneo Libarona, Paul Starc y Alejandro Fargosi integran el núcleo que puede asesorarlo en materia judicial. Otros colaboradores, como Santiago Castro Videla y María Ibarzábal Murphy, intervienen en tareas administrativas.
En teoría, Francisco Onetto, abogado y ex candidato a vicegobernador junto a Carolina Píparo, no debería participar de estas conversaciones. Pero en la práctica, fue él quien movió las piezas que hoy mantienen a Machado todavía en territorio argentino.
El recurso que hizo retroceder el expediente
Los buenos oficios de Onetto, representante legal del propio Milei, lograron ganar tiempo. Aplicó un mecanismo conocido para forzar que el expediente retrocediera a cero, lo que obligó a la Cancillería argentina a volver a consultar a los Estados Unidos si Machado seguía siendo requerido.
La respuesta —como era de esperar— fue afirmativa: Washington ratificó el pedido y los cargos siguen en pie.
Entre esos cargos figuran conspiración para distribuir e importar cocaína, lavado de activos internacionales, fraude electrónico y violaciones a normas aeronáuticas. En Estados Unidos, el caso se tramita bajo el título United States vs. Mercer-Erwin et al., en el Distrito Este de Texas, donde los fiscales acusan a Machado de ser uno de los cerebros de una red internacional que traficaba cocaína desde América Latina hacia Norteamérica mediante operaciones de aviación privada.
El fallo de Villanueva
El 12 de abril de 2022, el juez Gustavo Villanueva, del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén, declaró procedente la extradición de Federico Machado.
En su fallo de 48 páginas, verificó la doble incriminación de los delitos —tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude electrónico— y descartó que se tratara de delitos políticos o militares. También sostuvo que el tratado bilateral con Estados Unidos contempla plenamente los cargos imputados.
Villanueva garantizó que Machado solo podrá ser juzgado en Estados Unidos por los delitos especificados en la acusación formal de 2021 y mantuvo el arresto domiciliario por razones médicas vinculadas a un cuadro de estrés postraumático.
La incomodidad rionegrina
Mientras la causa se enreda entre tribunales y despachos oficiales, Río Negro vive su propio temblor político. Diputados provinciales piden explicaciones al gobernador Alberto Weretilneck por contratos que habrían favorecido a Claudio Ciccarelli, primo de Machado.
El organismo que debe responder tiene incidencia directa de la esposa del gobernador, y la situación involucra también a Lorena Villaverde, una candidata con otros problemas judiciales a cuestas.
Un embrollo de familias que incomoda tanto al oficialismo rionegrino como a los vecinos de Viedma, que conviven con un acusado por narcotráfico alojado en su distrito.
El frente internacional
En Estados Unidos, el caso avanza sin pausa. Machado está acusado de dirigir desde Florida las empresas South Aviation y Pampa Aircraft Financing, utilizadas para registrar aviones empleados por cárteles latinoamericanos en el traslado de cocaína hacia Norteamérica.
El expediente menciona aeronaves incautadas en México, Guatemala, Belice y Honduras con cargamentos que superaron las dos toneladas de cocaína. Además, detalla un fraude financiero superior a los 250 millones de dólares, montado sobre la compraventa ficticia de aviones ejecutivos.
Sus socias principales, Debra Lynn Mercer-Erwin y su hija Kayleigh Moffett, ya fueron condenadas en Texas: 16 años para la primera y una pena menor para la segunda, por colaborar con la fiscalía. Otro implicado, Carlos Rocha Villaurrutia, recibió 12 años de prisión.
Machado, en cambio, aún espera. Y cada día que pasa sin ser extraditado agranda las sospechas.
El fallo que no se borra
Pese al intento de Onetto de suspender la extradición citando el caso de Kayleigh Moffett, la respuesta oficial de Washington fue clara: el pedido de extradición sigue vigente y los cargos no fueron retirados.
El empresario deberá responder ante la justicia estadounidense, donde enfrenta la posibilidad de cadena perpetua.
En los tribunales argentinos, el caso se transformó en una suerte de prueba de fuego institucional. En los pasillos judiciales y en los cafés del centro porteño, la pregunta se repite:
¿Qué pasará cuando el expediente llegue finalmente al escritorio de Javier Milei?
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