Tras un nuevo faltazo de los funcionarios citados y el rechazo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a disponer su comparecencia por la fuerza pública, la Comisión Investigadora de la criptomoneda $Libra resolvió apelar la decisión judicial. Los legisladores denunciaron que el fallo “vacía de eficacia práctica” el poder de control político del Congreso y acusaron al Gobierno de Javier Milei de encubrir a sus funcionarios para frenar la investigación.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
El Congreso, otra vez frente a la obstrucción oficialista
La Comisión Investigadora de la criptomoneda $Libra, que indaga la trama de la criptoestafa que involucra al propio Milei, volvió a chocar con la resistencia del oficialismo. Luego de que los funcionarios citados por el cuerpo legislativo se ausentaran nuevamente, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido de comparecencia por la fuerza pública, decisión que motivó la reacción inmediata de los diputados.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), sostuvo que la resolución judicial “vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”. Según explicó, el cuerpo votó apelar el fallo y reiteró que “no vamos a aceptar detener la investigación frente a la obstrucción del Gobierno y de otros poderes”.
El fallo que limita al Congreso
En una resolución de 24 páginas, Martínez de Giorgi declaró “improcedente” el pedido cursado por la comisión para que la Justicia dispusiera el traslado compulsivo de Alejandro Melik (titular de la Oficina Anticorrupción), María Florencia Zicavo (responsable del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y encargada de investigar el caso Libra), Paulo Starc (titular de la Unidad de Investigaciones Financieras) y Roberto Emiliano Silva (presidente de la Comisión Nacional de Valores).
Todos ellos fueron citados en varias oportunidades sin acudir a declarar. El magistrado consideró que sería “constitucionalmente inadmisible” que una comisión parlamentaria “extienda sus atribuciones mediante normas internas, sin respaldo legal”. A su vez, citó el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien argumentó que “el Poder Judicial no puede ser utilizado como herramienta de coerción para ejecutar las decisiones de una comisión investigadora legislativa”.
“El Gobierno encubre y la Justicia acompaña”
Desde el bloque de Unión por la Patria, Sabrina Selva cuestionó al fiscal Taiano por “obstaculizar” la tarea parlamentaria. Señaló que “hay muchos funcionarios que se están apoyando en estos dictámenes para naturalizar no tener que cumplir con el deber de venir a dar explicaciones a esta comisión”. Agregó además que “tenemos un Poder Ejecutivo que encubre a estos funcionarios para que no lo hagan, por lo que sería alarmante que la Justicia estuviera en sintonía con este hecho de que la comisión no pueda avanzar seriamente con esta investigación”.
Ferraro coincidió y recordó que el accionar del Congreso se enmarca en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que faculta al Poder Legislativo a dictar las normas necesarias para ejercer sus atribuciones. “Tenemos argumentos precisos para apelar la sentencia”, afirmó.
Requerimiento de acceso a la documentación judicial
Los diputados resolvieron también requerir el acceso a los sistemas informáticos del Poder Judicial y de la Procuración, a fin de seguir las causas que lleva adelante Martínez de Giorgi “dado que no existe secreto de sumario establecido sobre ellas”. Entre los documentos solicitados figuran copias de actuaciones, informes periciales informáticos, informes del BCRA y de la CNV, así como los expedientes de la UTI y de la Oficina Anticorrupción vinculados al caso.
Citaciones ignoradas
Para la jornada de ayer estaban convocados a declarar el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el ex asesor presidencial Demian Reidel; los organizadores de Tech Forum Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, y el ex asesor de la CNV Sergio Daniel Morales. Ninguno de ellos se presentó ante la comisión, replicando la actitud de los demás funcionarios del Ejecutivo.
Ferraro recordó que, en investigaciones anteriores del Parlamento, “los funcionarios de distintos gobiernos se presentaron y acataron la manda constitucional”, en contraste con “la obstrucción y el secretismo del actual oficialismo”.
“No es un pedido caprichoso”
En un mensaje publicado en la red social X, Ferraro comunicó que el cuerpo legislativo decidió “apelar, con reserva del caso federal, la resolución emitida por el juez Martínez de Giorgi”, quien rechazó el auxilio de la fuerza pública. Aclaró que “no se trata de un pedido caprichoso, sino de una necesidad derivada de garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras funciones”, y reiteró que el fallo “pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”.
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