La Justicia Federal de Santa Fe dictó 150 días de prisión preventiva a F.P., un joven de 25 años acusado de trata de personas con fines de servidumbre. En su establecimiento de frutillas, ubicado en Arroyo Leyes, se hallaron 45 trabajadores —incluidos dos menores— viviendo en condiciones infrahumanas y sin acceso a agua potable ni sanitarios.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Un caso que estremece: frutillas manchadas de esclavitud
La Unidad Fiscal de Santa Fe formalizó la investigación penal contra F.P., responsable de un predio rural en la localidad de Arroyo Leyes, donde 45 trabajadores —en su mayoría migrantes chaqueños— fueron explotados laboralmente en condiciones de hacinamiento. El joven de 25 años fue imputado por trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, delito agravado por la cantidad de víctimas, el abuso de la vulnerabilidad y la participación de menores de edad.
Según constató la fiscalía, los trabajadores vivían en galpones de chapa con piso de tierra, dormían en camas hechas con cajones, no tenían acceso a agua potable ni a sanitarios, y trabajaban desde las 3 de la madrugada con linternas.
El campo de frutillas funcionaba a la altura del kilómetro 17,5 de la ruta provincial N°1, a apenas 23 kilómetros de la capital santafesina.
La investigación y las pruebas
La imputación, señalan desde fiscales.gob, fue encabezada por el fiscal federal Walter Rodríguez, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, y la fiscal coadyuvante Milagros Traverso, ante el juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz.
Durante la audiencia del 4 de octubre, Traverso describió que las víctimas habían sido captadas, trasladadas y acogidas por el imputado bajo promesas falsas de empleo, siendo luego sometidas a extensas jornadas y alojadas en un “contexto de clandestinidad”.
Rodríguez subrayó que “la conducta del imputado afectó múltiples derechos: las condiciones de trabajo, la salud y la integridad física”, y que el número de víctimas demuestra “una afectación colectiva del bien jurídico protegido por la norma”.
El fallo judicial
El juez Rodríguez Da Cruz dispuso inicialmente una prisión preventiva de 72 horas, luego extendida a 150 días tras un nuevo debate el 7 de octubre. También otorgó 90 días hábiles a la fiscalía para ampliar la investigación y autorizó la extracción de datos de siete celulares, una computadora y un DVR secuestrados durante el allanamiento.
Entre las medidas ordenadas, se dispuso además el secuestro preventivo de una camioneta Volkswagen Amarok y la intervención del Ministerio Público de la Acusación santafesino, ante el hallazgo de 12 armas de fuego, 250 municiones y 21 gramos de marihuana en poder del acusado.
Cómo se descubrió la explotación
El caso se inició el 17 de septiembre, cuando un trabajador chaqueño denunció haber sido explotado junto a otros compañeros. Relató que dormían sobre cajones, tomaban agua de pozo, no tenían baño y que los días de cobro les descontaban la comida fiada por un almacén vinculado al imputado.
Según su testimonio, trabajaban sin horarios fijos, desde las 3 de la madrugada hasta la noche, y sufrían malos tratos y empujones por parte de los capataces. La denuncia derivó en la intervención de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Santa Fe, y luego en la participación de PROTEX, el Programa Nacional de Rescate de Personas, RENATRE, la UATRE y la Secretaría de Derechos Humanos provincial.
El 1° de octubre, tras tareas de inteligencia, se allanó el predio y se hallaron 42 personas —dos de ellas menores de 16 y 17 años— trabajando y viviendo en condiciones infrahumanas. Las agencias intervinientes brindaron asistencia inmediata y constataron la responsabilidad directa de F.P. en el esquema de explotación.
Un sistema montado sobre la miseria
De acuerdo con la fiscal Traverso, ninguna de las víctimas tenía experiencia laboral previa ni estudios, y todas provenían de contextos de extrema pobreza. “Trabajaban desde las dos o tres de la mañana, lo cual se notó al momento del allanamiento: estaban exhaustos, con signos de agotamiento extremo”, señaló.
La UATRE ratificó la situación de “cuasi esclavitud”, detallando que los trabajadores usaban bidones de agroquímicos para cargar agua, tenían baños improvisados, y que las instalaciones eléctricas eran precarias y peligrosas.
La fiscal sintetizó que existían elementos suficientes para probar una organización destinada a la explotación, que incluía el pago de pasajes para captar mano de obra vulnerable y la comercialización de la producción en el Mercado Central de Santa Fe.
Una herida abierta en el corazón del campo santafesino
El caso de Arroyo Leyes expone una vez más la cara más oscura del trabajo rural argentino: la que se sostiene sobre la precarización, la pobreza y el abuso. En pleno siglo XXI, trabajadores reducidos a servidumbre en campos productivos revelan no sólo la impunidad de ciertos empresarios, sino también la urgencia de reforzar los controles laborales, la inspección rural y la asistencia a las víctimas de trata.
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