La Corte Suprema de Justicia habilitó que avance el juicio oral contra los empresarios Alfredo y Germán Coto por tenencia indebida de armas y explosivos, tras el hallazgo de un verdadero arsenal de guerra en una sucursal del supermercado Coto en Caballito. El fallo revoca los sobreseimientos y deja en pie una causa que expone el costado más oscuro del poder económico en la Argentina.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Un fallo que desarma los sobreseimientos
El máximo tribunal de la Nación —con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— rechazó los recursos presentados por la defensa de los empresarios, que buscaban cerrar la investigación. La Corte entendió que los planteos no apuntaban contra una sentencia definitiva y, por tanto, ratificó la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que había anulado los sobreseimientos y ordenado continuar el proceso.
La resolución devuelve así la causa al juzgado de instrucción para su elevación a juicio oral y público, en el que se determinará la eventual responsabilidad penal de los Coto y de otros funcionarios involucrados.
Un arsenal bajo un pelotero infantil
El origen del expediente se remonta al 30 de agosto de 2016, cuando inspectores de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) —entonces RENAR— realizaron una inspección en la sucursal de Coto de Paysandú al 1800, en el barrio de Caballito.
Durante el operativo, y tras una denuncia anónima, los agentes encontraron más de 200 armas de fuego, 2.500 municiones, granadas lacrimógenas, chalecos antibalas, cascos, escudos y un silenciador, ocultos bajo el sector de juegos infantiles.
Entre las 26 armas relevadas en la primera etapa, ocho no contaban con credenciales de tenencia y otras ocho tenían pedido de secuestro. El hallazgo derivó en la apertura de una causa penal que, casi una década después, vuelve a tomar impulso.
De los sobreseimientos al juicio oral
La investigación fue impulsada por la fiscal Paloma Ochoa, que acusó a los Coto y a varios funcionarios por incumplimiento de deberes de funcionario público y suministro de armas. Sin embargo, el juez Sebastián Ramos dictó primero la falta de mérito y luego el sobreseimiento de los empresarios, argumentando que era “inimaginable” que el presidente y vicepresidente de una empresa del tamaño de Coto se ocuparan directamente del control de armas o permisos de tenencia.
Esa interpretación fue confirmada en su momento por la Cámara Federal, pero la Cámara de Casación revocó los fallos por considerarlos “prematuros y sin fundamentos suficientes”, ordenando continuar la investigación. La Corte Suprema, al rechazar el recurso extraordinario de los empresarios, dejó firme esa decisión, abriendo el camino al juicio oral.
Pruebas que pesan
Los jueces coincidieron en que existen elementos probatorios suficientes para sostener la acusación. En el expediente figuran testimonios, actas, documentación interna de la empresa y registros de armas a nombre de los propios imputados.
En su calidad de usuarios colectivos ante la ANMaC, los Coto tenían responsabilidad directa sobre el control y custodia del material bélico. Entre las armas secuestradas figuran un fusil calibre .22 y una pistola Uzi 9 mm, esta última registrada a nombre de Germán Coto.
Durante su declaración, Germán reconoció haber adquirido el subfusil pero dijo que “nunca fue retirado ni utilizado”. Sin embargo, la presencia de armas sin habilitación y municiones en grandes cantidades reforzó la hipótesis de tenencia irregular y almacenamiento indebido de material explosivo.
El debate que vuelve a encenderse
El fallo de la Corte reabre una causa emblemática sobre la responsabilidad empresarial en la seguridad privada, el uso de armamento en manos de corporaciones y la eficacia del Estado en el control del material bélico.
De confirmarse las acusaciones, Alfredo y Germán Coto podrían enfrentar penas de entre tres y ocho años de prisión, según lo establecido por el Código Penal.
El expediente, dormido durante años en los laberintos judiciales, vuelve ahora al primer plano y promete exponer el vínculo entre poder económico, connivencia institucional y control del armamento en la Argentina.
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