Un nuevo estudio de la UNC muestra que, en plena ofensiva de ajuste de Milei, Córdoba acumuló 902 conflictos laborales desde enero de 2023 hasta julio de 2025. El 59% correspondió al sector público y el 91% de los reclamos no obtuvo ningún tipo de respuesta patronal.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La conflictividad social volvió al centro de la escena —no por casualidad, sino por política económica explícita— y Córdoba es una postal perfecta del clima laboral que dejó la motosierra. Un trabajo del Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible de la UNC, presentado el 4 de diciembre de 2025, contabiliza 902 conflictos laborales entre enero de 2023 y julio de 2025: 297 en 2023, 419 en 2024 y 186 en los primeros siete meses de 2025.
Los investigadores explican que el análisis del conflicto —sobre todo del conflicto de clases— permite ver cómo se distribuyen los recursos y cómo se reconfigura la fuerza social de cada actor. En un país donde la política salarial se reemplazó por topadoras, el dato adquiere un peso singular.
El Estado, principal generador de conflictos
El informe, radicado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC y coordinado por Susana Roitman, identifica que el 59% de los conflictos (532 casos) surgió del sector público. Le siguen los sectores mixtos (17%) —transporte, prensa, bancos, aeronáutica— y luego el sector privado, con apenas 10,8% de las protestas.
La investigación lo deja claro: el Estado provincial y municipal aparece, una vez más, como iniciador directo de los conflictos frente a sus propios trabajadores. Y dentro del sector público, la mitad de los reclamos provinieron del sector educativo, tanto en municipios como en la provincia y en las universidades nacionales.
Las paritarias estatales continúan siendo el corazón de la conflictividad, representando el 60% de las acciones. Repiten siempre el mismo patrón: estallan a comienzos del año, caen sobre mayo-junio y vuelven con fuerza entre septiembre y octubre.
El reporte detalla además la particular dinámica de los sectores salud y educación, altamente feminizados. En salud pesa la representación del SEP, muy cuestionada por sus bases, lo que abre espacio a nuevas formas de organización. En educación, la UEPC es el gremio dominante pero acumula disputas internas cada vez más visibles.
Despidos, suspensiones y pagos adeudados en alza
Algo se quebró en el mercado laboral cordobés: las demandas por despidos, suspensiones, rebajas salariales y pagos adeudados ya representan el 27% de todos los conflictos registrados.
La tendencia es contundente:
- 23% en 2023
- 30% en 2024
- 24% en 2025 (hasta julio)
El estudio resalta especialmente los conflictos de “lugar de trabajo” en el sector privado, atravesados por despidos y disputas donde se juega el apoyo sindical, la fuerza de la patronal y las políticas laborales del Ejecutivo provincial.
Lo más alarmante: el 91% de las acciones no obtuvo respuesta del Estado ni de las patronales, dejando apenas un 9% de negociaciones. Es decir, la desatención como política.
Cómo se protesta cuando la motosierra avanza
El relevamiento muestra que la participación directa de trabajadores y trabajadoras es el rasgo más fuerte de la conflictividad reciente. Las acciones directas, que requieren presencia física, representan el 58% de los casos. Dentro de ellas, los paros constituyen el 27%.
Las acciones indirectas, orientadas a visibilizar el conflicto —actos públicos, difusión y denuncias— concentran el 42% restante.
También aparece un dato significativo sobre la composición de las protestas:
- 57% con participación plena de todos los trabajadores
- 28% impulsadas solo por cúpulas sindicales
- 7% protagonizadas por autoconvocados
La tendencia marca que la base movilizada convive con nuevas formas de organización por fuera de los gremios tradicionales.
Políticas de empleo: 44.500 beneficiarios y ningún indicador de impacto
Otro capítulo del estudio analiza las 18 políticas de promoción de empleo del Gobierno de Córdoba entre 2022 y 2024, que alcanzaron a 44.500 personas, como el PPP, PPM, PIP, PIL, PEC y PFEI.
Pero los investigadores señalan que no existe información que permita comprobar si generaron empleo real.
Aparecen tres diagnósticos repetidos por el Gobierno provincial:
- la necesidad de mejorar la empleabilidad,
- la adaptación tecnológica,
- y la promoción de sectores estratégicos.
Sin embargo, el enfoque coloca el problema en el trabajador —falta de capacitación— y omite diagnósticos sobre el sector empresarial, como niveles de inversión, capacidad instalada o competitividad.
También remarcan que estas iniciativas suelen traducirse en mano de obra barata para las empresas, con costos laborales subsidiados y beneficios fiscales sin mecanismos de evaluación. La excepción es el PPP, único programa con trazabilidad verificable.
Por si fuera poco, la inflación pulverizó los incentivos: el monto del PPP cayó, a precios constantes, de $35.000 en mayo de 2023 a $24.351 en septiembre.
Desde el Observatorio lo resumen así: la disputa entre capital y trabajo es inherente al capitalismo, pero observarla permite evaluar cómo se mueven las fuerzas sociales dentro de una sociedad. Y en Córdoba, después de dos años y medio de Milei, la correlación está lejos de ser neutral: los conflictos se multiplican y las respuestas escasean.
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