La secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, salió al cruce del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y lo definió sin rodeos como una reforma patronal que busca consolidar la precarización existente. Con críticas concretas y una pregunta de fondo —quién genera la riqueza—, la dirigente sindical puso en jaque el relato oficial.
Por Roque Pérez para NLI
La discusión sobre la reforma laboral volvió a encenderse y, esta vez, desde el movimiento sindical no hubo eufemismos. Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, cuestionó con dureza la iniciativa del Gobierno y dejó una definición que resume el conflicto: no se trata de una reforma laboral, sino de una reforma patronal.
En una entrevista radial, la dirigente sostuvo que el proyecto no apunta a resolver la informalidad sino a cristalizarla. Según explicó, la precariedad laboral no es un fenómeno nuevo ni atribuible a un solo gobierno, pero convertirla en norma legal implica un retroceso histórico en derechos conquistados. En ese sentido, advirtió que blanquear la precarización no es sinónimo de inclusión laboral.
Cabezas remarcó que la solución al trabajo no registrado debería ir en sentido contrario: garantizar derechos plenos a quienes hoy no los tienen. Desde esa mirada, sostuvo que la reforma no amplía derechos sino que los recorta, bajo el argumento de generar empleo en un contexto de alta informalidad.
Banco de horas y convenios: el corazón del conflicto
Uno de los puntos más cuestionados por la dirigente es el llamado banco de horas, una figura que permitiría al empleador disponer discrecionalmente de la jornada del trabajador. Para Cabezas, esta modalidad elimina cualquier control sobre la vida personal: el empleador define cuándo y cuántas horas se trabaja, mientras el trabajador pierde autonomía sobre su tiempo. Y el tiempo, subrayó, es lo único que no se recupera.
Otro aspecto central de la crítica es el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos. La reforma establece que los convenios vencidos deberán renegociarse en un plazo determinado y otorga a la autoridad de aplicación la facultad de intervenir cláusulas. Para la conducción sindical, esto implica un cambio estructural: si el Estado decide no convalidar un acuerdo, puede dejar sin efecto derechos ya adquiridos.
En palabras de la dirigente, el mensaje implícito es claro: ya no negocian trabajadores y empleadores, sino que el Gobierno pasa a definir cómo y en qué condiciones se trabaja. Un giro que, lejos de equilibrar la relación laboral, profundiza la asimetría de poder.
¿Quién genera la riqueza?
Más allá de los artículos específicos, Cabezas planteó un debate de fondo que atraviesa toda la discusión. La pregunta es simple pero incómoda: ¿quién genera la riqueza? Si es la clase trabajadora, entonces tiene derecho a discutir su distribución y sus condiciones. Si, en cambio, se asume que el empleador “da trabajo” como una dádiva, el trabajador queda reducido a aceptar lo que se le imponga.
Esa lógica, sostuvo, es la que subyace en la reforma: una concepción del empleo como favor y no como derecho. Un esquema que recuerda modelos de relaciones laborales superados en buena parte del mundo.
El silencio sobre el trabajo en plataformas
Otro elemento que la dirigente calificó como llamativo es la ausencia total de los trabajadores de plataformas en la reforma. Empresas como Rappi o Pedidos Ya concentran miles de trabajadores en condiciones de extrema precariedad, pero no aparecen contempladas en el proyecto.
Para Cabezas, esta omisión no es casual y responde a una falsa mirada del emprendedurismo, que disfraza relaciones laborales dependientes bajo la etiqueta de trabajo independiente. Mientras tanto, en otros países ya se discuten convenios colectivos específicos para el sector, reconociendo derechos básicos.
La dirigente concluyó que la reforma no solo mira hacia atrás, sino que evita deliberadamente los debates del presente. En lugar de ampliar derechos y adaptarlos a las nuevas formas de trabajo, opta por flexibilizar lo existente y dejar intactas las zonas más explotadas del mercado laboral.
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