A dos años de su implementación, el llamado Protocolo Antipiquetes acumula miles de personas heridas, detenciones arbitrarias y denuncias internacionales. Un informe de Amnistía Internacional advierte que la represión dejó de ser un exceso para convertirse en una herramienta sistemática del Estado.
Por Roque Pérez para NLI
Desde su puesta en marcha mediante la Resolución 943/2023, el Protocolo Antipiquetes redefinió el derecho a la protesta como un problema de “orden público”. En los hechos, cualquier corte de circulación pasó a ser considerado un delito, habilitando desalojos violentos y detenciones sin orden judicial previa, una práctica que vulnera principios básicos del Estado de derecho.
El reciente informe de Amnistía Internacional es contundente: entre 2024 y 2025 al menos 2.557 personas fueron víctimas de represión estatal, con un uso reiterado y desproporcionado de balas de goma, gases lacrimógenos y golpes físicos. No se trata de episodios aislados, sino de una política sostenida que se profundizó con el correr de los meses.
Una escalada represiva sin disimulo
La directora adjunta de AI Argentina, Paola García Rey, fue clara al evaluar el escenario actual. Señaló que la escalada represiva es innegable y que implica un grave retroceso en la libertad de expresión, al tiempo que alertó sobre la naturalización de la violencia estatal como mecanismo de intimidación social.
Las cifras respaldan esa advertencia. Las detenciones arbitrarias aumentaron un 77% entre 2024 y 2025, alcanzando solo en el último año 1.341 personas heridas y 165 detenidas. Cuatro casos de pérdida ocular permanente por disparos de balas de goma grafican el nivel de brutalidad con el que actúan las fuerzas de seguridad.
Lejos de garantizar “orden”, el protocolo consolidó un clima de miedo que busca desactivar la participación social. Protestar pasó a tener un costo físico y judicial cada vez más alto, incluso para quienes ejercen derechos constitucionales elementales.
La prensa también en la mira
El informe de Amnistía Internacional dedica un apartado especial a los ataques contra trabajadores de prensa. Un total de 184 periodistas resultaron heridos mientras cubrían manifestaciones, varios de ellos detenidos de forma arbitraria, pese a estar debidamente identificados.
La organización sostiene que estas agresiones no son accidentales, sino que buscan generar un efecto silenciador, inhibiendo tanto el derecho a la protesta como el derecho a informar. Cuando se reprime a la prensa, el mensaje es claro: lo que ocurre en la calle no debe ser contado.
Uno de los casos más graves fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien el 12 de marzo de 2025 sufrió una fractura expuesta de cráneo tras recibir el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno. La posterior identificación y procesamiento del gendarme responsable expuso, según AI, una reacción judicial tardía frente a una práctica reiterada.
Camino a la Corte Suprema
Ante este panorama, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos impulsan una acción de amparo ante la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes. El planteo apunta a que el Estado argentino está incumpliendo compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.
El debate ya no es jurídico sino político: si la protesta social es un derecho o un delito. Dos años después, el saldo del protocolo es elocuente y deja una certeza inquietante: cuando la represión se institucionaliza, la democracia empieza a vaciarse desde adentro.
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