Un artículo casi oculto dentro de la ley de Modernización Laboral propone una fuerte baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades. El costo fiscal sería de 0,3 puntos del PBI y el beneficio quedaría concentrado en apenas 144 grandes empresas, mientras provincias y recursos públicos enfrentan un nuevo recorte silencioso.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La discusión de la llamada Modernización Laboral avanza en el Congreso con el foco puesto en los cambios en las relaciones de trabajo. Sin embargo, lejos del centro del debate público, el artículo 191 del proyecto introduce una modificación impositiva de alto impacto que nada tiene que ver con convenios colectivos ni empleo registrado: una reducción sustancial del Impuesto a las Ganancias para las grandes sociedades.
El dato fue puesto sobre la mesa por el diputado nacional Guillermo Michel, quien elaboró un informe técnico que deja al descubierto el verdadero alcance de la medida. Según ese análisis, la baja de alícuotas generará un costo fiscal equivalente a 0,3 puntos del Producto Bruto Interno y beneficiará de manera directa a un grupo extremadamente reducido del empresariado local.
Un cambio tributario hecho a medida
La modificación establece una reducción en los tramos más altos del impuesto. Para las ganancias netas imponibles que van de 101,7 a 1.016,8 millones de pesos, la alícuota baja del 30% al 27%. Para las utilidades que superan los 1.016,8 millones, el recorte es todavía mayor: del 35% al 31,5%.
No se trata de un alivio generalizado para el entramado productivo. De acuerdo con los datos oficiales del organismo recaudador ARCA (ex AFIP), en 2024 presentaron declaración jurada con impuesto determinado 163.587 sociedades. De ese universo, apenas 144 empresas —el 0,1%— concentran el 56,4% de toda la recaudación del Impuesto a las Ganancias de sociedades.
El contraste es brutal: casi el 90% de las firmas aporta menos del 8% del tributo, mientras que un puñado de compañías explica más de la mitad de los recursos. En ese contexto, la baja de alícuotas no hace más que profundizar una estructura tributaria ya altamente concentrada.
El agujero fiscal y el impacto en las provincias
Según datos confirmados por Agencia Noticias Argentinas, el presupuesto 2026 proyecta una recaudación total por Ganancias de 48,4 billones de pesos, equivalentes a 4,48 puntos del PBI. El 71% de ese monto corresponde a sociedades, unos 34,3 billones.
Con la reforma incluida en la ley laboral, esa cifra caería a 31,7 billones. En términos concretos, el Estado nacional resignaría alrededor de 3,1 billones de pesos, exactamente los mismos 0,3 puntos del PBI que el Gobierno promete cuidar con celo discursivo cuando se trata de gasto social.
La pérdida no se limita a la Nación. Por el régimen de Coparticipación Federal, las provincias dejarían de percibir 1,7 billones de pesos durante 2026, lo que implica un promedio mensual de 144.000 millones menos para financiar salud, educación, salarios y obra pública.
Buenos Aires sería la más golpeada, con una merma anual superior a los 366.000 millones de pesos. Le siguen Santa Fe y Córdoba, con pérdidas cercanas a los 150.000 millones cada una. Incluso distritos más pequeños, como Tierra del Fuego, verían caer recursos por más de 22.000 millones de pesos al año.
Preguntas incómodas para el oficialismo
Michel resume el problema en tres preguntas que todavía no tienen respuesta clara: cómo se compensará la caída de 0,3 puntos del PBI en la recaudación, de dónde saldrá el recorte de gasto para sostener el superávit prometido y qué mecanismo se usará para cubrir el agujero de 1,7 billones que sufrirán las provincias.
El legislador subraya, además, que no se trata de un beneficio aislado. Es el mismo universo de grandes contribuyentes que ya fue favorecido por el RIGI y por la baja extraordinaria al 0% de los derechos de exportación, una decisión tomada en septiembre pasado que también tuvo un costo fiscal de 0,3 puntos del PBI.
Una reforma laboral con letra chica fiscal
El punto más controvertido es el vehículo elegido. La reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades no llega como una ley tributaria específica ni como parte del debate presupuestario, sino camuflada dentro de una reforma laboral. Para Michel, esa decisión no es casual y busca evitar una discusión de fondo sobre su impacto redistributivo.
Incorporar un cambio impositivo de esta magnitud en una norma pensada para regular el trabajo implica, en los hechos, discutir en segundo plano una transferencia multimillonaria de recursos públicos hacia un grupo ínfimo de empresas. Mientras se ajustan partidas, se discute el financiamiento universitario y se recortan fondos provinciales, la modernización laboral parece esconder una modernización bastante selectiva del sistema impositivo.
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Noticias La Insuperable 
«Salir a construir una alternativa» expreso el Ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco ante un plenario que reunió militantes de todo el país del Frente Popular Patria y Futuro en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. En plena segunda (muy dulce) luna de miel del gobierno actual, es desde ahora el ir hablar casa por casa, hacer asambleas barriales y tener las sedes partidarias abiertas todo el día. Una política de divulgación de las propuestas como realizó en su momento el actual Gobernador de la Pcia. de Buenos Aires quien hoy, sigue siendo la referencia central para lograr restablecer una política de justicia social bien entendida.
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