Un informe de casi 40 páginas incorporado a la causa judicial advierte que miles de toneladas de alimentos comprados por el Estado no pueden ser rastreadas hasta sus destinatarios finales. Licitaciones opacas, remitos sin firma y decisiones “políticas” sin reglas escritas, bajo la lupa judicial.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, presentó un informe demoledor en la causa que tramita ante el juez federal Sebastián Casanello, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa. El documento detalla serias irregularidades en la gestión, el almacenamiento y la distribución de alimentos destinados a comedores populares bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
El dictamen surge del cumplimiento de una medida cautelar que exigía informar el stock, su origen administrativo y presentar un plan de distribución inmediato. La conclusión es lapidaria: no es posible reconstruir la trazabilidad completa de miles de toneladas de alimentos adquiridos y almacenados por el Estado, ni determinar con precisión quiénes fueron sus destinatarios finales.
La licitación vía OEI, bajo sospecha
Uno de los ejes del informe apunta a la licitación realizada a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), mediante la cual se destinaron más de 6.700 millones de pesos para comprar aceite de girasol y lentejas secas. La mercadería debía entregarse en galpones de Villa Martelli (Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán).
Según la PIA, el proceso estuvo plagado de retrasos, entregas incompletas y faltantes documentales por parte de varios proveedores. En algunos casos, no pudo comprobarse si la mercadería que figuraba como “entregada” había ingresado efectivamente a los depósitos. El informe es categórico al afirmar que no puede asegurarse el cumplimiento efectivo de las obligaciones de la licitación y remarca la ausencia de facturas y constancias de pago que acrediten la cancelación de las compras.
Remitos sin firma y trazabilidad “probabilística”
La falencia más grave, para la Procuraduría, aparece en la etapa de distribución. En línea con lo planteado por Juan Grabois, querellante en la causa, el informe sostiene que la mayoría de los remitos de salida carecen de firma de los destinatarios. El resultado: se sabe que los alimentos salieron de los depósitos, pero no quiénes los recibieron.
A esto se suma que los remitos no detallan marcas, números de lote ni pesos específicos, lo que impide vincular los productos entregados con los alimentos efectivamente comprados. Para la PIA, este vacío “obtura la trazabilidad y deja el proceso en un terreno meramente probabilístico”, una expresión que resume el grado de desorden detectado.
Decisiones sin reglas y una admisión que compromete
El informe concluye con una crítica frontal a la ausencia de normas y procedimientos formales para la distribución de alimentos. En presentaciones ante el juez y la fiscal, la ministra Sandra Pettovello reconoció que no existen manuales ni reglas escritas que definan el mecanismo de reparto y que las decisiones dependían de la “definición política de la autoridad”. Ese criterio, ahora, quedó bajo la lupa judicial.
El contexto agrava la situación. En marzo pasado, Grabois amplió la denuncia y difundió imágenes en redes sociales con útiles arruinándose y alimentos pudriéndose en depósitos oficiales, señalando que se trataba del mismo galpón donde —según sus palabras— se había dejado perder comida al inicio de la gestión.
El informe de la PIA no sólo confirma la falta de controles, sino que instala una pregunta de fondo: ¿cómo se explica que, en un país con emergencia alimentaria, el Estado no pueda decir con certeza a quién entregó la comida que compró? La respuesta, por ahora, no está en los papeles.
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