Tras negarse a declarar en Comodoro Py, Ornella Calvete presentó un descargo escrito ante el juez Sebastián Casanello. Aseguró que el dinero hallado en su departamento era “todo en blanco”, que nunca supo el monto y que pertenecía a su padre, Miguel Ángel Calvete, investigado por la causa ANDIS.
Por Roque Pérez para NLI
La ex funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación Ornella Calvete sostuvo que los 700.000 dólares secuestrados en un allanamiento en su vivienda no le pertenecen y que fueron dejados allí por su padre, Miguel Ángel Calvete, señalado como lobista entre droguerías y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una investigación por supuestos sobreprecios y direccionamiento en la compra de medicamentos.
El pasado 19 de diciembre, Calvete hija se retiró de Comodoro Py 2002 sin declarar ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. “Tengo un montón de cosas”, respondió entonces a la prensa, en la calle. A casi dos semanas, presentó un descargo escrito en el que pidió su sobreseimiento, rechazó todos los cargos y dio su versión sobre el origen del dinero encontrado en su departamento.
“Todo en blanco”
Según el escrito, el dinero fue dejado por su padre dentro de un sobre, en un cajón bajo llave, en el departamento que él le había prestado para vivir. Al estallar el escándalo por la causa ANDIS, la ex funcionaria aseguró que lo consultó por el origen de esos fondos. La respuesta, según su versión, fue clara: “Todo en blanco”.
Calvete explicó que su padre justificó haber dejado el dinero allí por su situación procesal en otra causa penal, en la que se encuentra condenado por explotación de la prostitución ajena y terminó detenido. En ese contexto, sostuvo, ella solo expresó preocupación por el origen de los fondos, no por su administración ni custodia.
En su descargo, la ex funcionaria remarcó que desconocía el monto exacto del dinero y que nunca lo tocó ni dispuso de él. Como prueba, señaló que casi un mes después, el 9 de octubre, día del allanamiento, el dinero fue hallado intacto por el personal policial.
El allanamiento y la causa ANDIS
Calvete también subrayó que, pocos días después del operativo judicial, una accionista de la firma INDECOMM SRL reclamó el dinero, manifestando que era de origen lícito y que contaba con documentación contable que lo acreditaba. Miguel Ángel Calvete es socio gerente de esa empresa.
La ex funcionaria sostuvo que si hubiera sabido que convivía con una suma de dinero tan elevada y de presunto origen ilícito, no habría permanecido “durmiendo tranquilamente” en ese domicilio durante casi un mes. En el escrito incluso aludió a presuntos problemas de salud mental de su padre para contextualizar la situación.
Tras el hallazgo de los dólares, Calvete renunció a su cargo en el Ministerio de Economía, en un intento por despegarse del escándalo político y judicial que salpica a la ANDIS y a ex funcionarios del área.
Pedido de sobreseimiento
En su presentación, Calvete negó cualquier vínculo con los negocios de su padre. Afirmó que jamás participó ni intervino en actividades comerciales relacionadas con el sistema de salud, que no integra ni integró sociedades vinculadas a la provisión de medicamentos o insumos médicos y que nunca administró dinero proveniente de esas operaciones.
En la causa ya declararon 15 imputados, cuya situación procesal permanece pendiente de resolución. En paralelo, la defensa del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, volvió a insistir ante la Cámara Federal porteña con un pedido de nulidad del expediente.
Spagnuolo sostiene que la causa se inició a partir de audios ilegales, presuntamente manipulados y editados con inteligencia artificial, en los que se habla de supuestos sobornos. La fiscalía, en cambio, asegura que la investigación avanzó con prueba independiente a esas grabaciones. El Tribunal de Apelaciones, que ya ordenó investigar el origen de los audios, deberá resolver ahora sobre ese planteo.
Mientras tanto, el expediente ANDIS sigue sumando capítulos, con dólares, lobby farmacéutico y funcionarios bajo sospecha, en una trama que vuelve a exponer los vínculos oscuros entre negocios privados y áreas sensibles del Estado.
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