El juez federal de Garantías Gustavo Javier Zapata resolvió otorgar la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev por motivos de salud, ante la falta de un diagnóstico definitivo y el fuerte deterioro físico que presenta desde su detención. Sin embargo, la Fiscalía Federal impugnó el fallo en la misma audiencia, por lo que la decisión no se aplicará de inmediato y deberá ser revisada por la Cámara.
Por Lola Santacreta para NLI
La resolución se adoptó en una audiencia realizada por videollamada, convocada específicamente para analizar el estado clínico de Rudnev, ciudadano ruso detenido en la causa conocida como la “secta rusa de Bariloche”. Según aclaró el propio Zapata, el cambio de modalidad de detención no implica una modificación en el análisis de los riesgos procesales, sino que se funda exclusivamente en razones de salud.
El juez anunció que hará lugar a la prisión domiciliaria en los términos del artículo 32 de la ley 24.660, al considerar que la detención en un establecimiento carcelario podría impedir un tratamiento médico adecuado. No obstante, precisó que la medida solo se hará efectiva cuando el fallo quede firme, debido a la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal.
El debate médico y la falta de diagnóstico
Uno de los ejes centrales de la audiencia fue la discusión médica sobre el estado de salud del imputado. El cirujano del Hospital de Clínicas Luis Saroto sostuvo que una pérdida de 50 kilos de peso debe ser considerada un cuadro “crítico” y requiere estudios urgentes, incluso con internación. En la misma línea, el especialista en hipertensión Mariano Duarte advirtió que una baja tan pronunciada suele estar asociada a una patología subyacente y que existen indicios de un posible compromiso respiratorio.
Desde la Fiscalía, el médico Claudio Capuano diferenció entre “riesgo vital inminente” y “riesgo aumentado”. Señaló que la documentación no acredita una situación de muerte inminente, pero sí un riesgo clínico aumentado y significativo, que exige estudios médicos completos.
Al resolver, Zapata remarcó que no existe un diagnóstico preciso y que, según los profesionales intervinientes, el caso requiere una batería de exámenes para determinar la patología y el tratamiento adecuado. En ese marco, sostuvo que el estándar del artículo 32 se activa cuando la cárcel impide tratar correctamente una dolencia, y que la decisión busca evitar que un riesgo aumentado derive en un riesgo vital inminente.
Los argumentos de la defensa y las condiciones impuestas
La defensa había solicitado modificar la prisión preventiva por dos vías: la morigeración prevista en el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal y la prisión domiciliaria por razones de salud contemplada en la ley de ejecución penal. Los abogados argumentaron que el encierro intramuros resulta hoy desproporcionado, dado el deterioro físico del imputado y la falta de estudios médicos completos tras casi seis meses de detención.
Para neutralizar los riesgos procesales, propusieron monitoreo electrónico, retención de pasaporte, domicilio verificado, designación de un tutor y prohibición absoluta de contacto con la presunta víctima y su hijo. El juez aceptó la domiciliaria con dispositivo electrónico de vigilancia y el mantenimiento de todas las restricciones ya vigentes.
La Fiscalía Federal rechazó el criterio del juez y anunció la apelación en el mismo acto, al sostener que no está acreditado que el régimen carcelario impida el tratamiento médico. Por ese motivo, solicitó que el cambio de modalidad quede suspendido hasta que se expida el tribunal superior, pedido que Zapata convalidó por el efecto del recurso.
Lo que viene en la causa
La resolución fue confirmada públicamente por el abogado defensor Carlos Broitman, quien afirmó que la decisión judicial se basó en fallas de atención médica durante casi seis meses de detención. Según el letrado, Rudnev perdió 50 kilos, presenta múltiples patologías y parte de las deficiencias se explican por la barrera idiomática dentro del penal. Incluso denunció que se utilizó un traductor automático para suministrarle medicamentos que el imputado no reconocía y que existen constancias escritas en las que pidió atención médica.
Broitman también adelantó que el expediente tendrá un nuevo punto clave el 3 de abril, cuando la Fiscalía deberá formular la acusación formal contra Rudnev y varias mujeres rusas imputadas. Mientras tanto, la Cámara deberá definir si corresponde sostener la prisión domiciliaria por salud, con control electrónico, o revertir el criterio del juez.
La disputa judicial continuará en paralelo con el avance de la investigación, en una causa que sigue generando controversia tanto por su contenido como por el modo en que se desarrolló la detención del principal acusado.
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