Una nueva pericia reveló que el teléfono de Fernando Sabag Montiel registró actividad en un shopping porteño mientras su dueño ya estaba detenido por el intento de asesinato de Cristina Kirchner. El dato expone una cadena de errores, negligencias y descontrol que vuelve a poner en evidencia la alarmante incapacidad de la Justicia argentina para investigar uno de los hechos más graves desde la recuperación democrática.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Un dato imposible que desnuda el desastre judicial
La causa por el atentado contra Cristina Kirchner sumó en las últimas horas un dato tan contundente como inquietante: el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel estuvo activo en el Abasto Shopping cuando él ya se encontraba detenido por haber intentado gatillarle en la cabeza a la entonces vicepresidenta.
El hallazgo surge de un informe técnico elaborado por Gendarmería Nacional, que analizó los registros del dispositivo secuestrado. Según esa pericia, el celular intentó conectarse a una red Wi-Fi comercial en un horario en el que Sabag Montiel ya estaba bajo custodia policial. Un hecho que, en condiciones normales, no debería haber ocurrido jamás.
La cadena de custodia, rota desde el primer minuto
Lo que este episodio vuelve a poner sobre la mesa es algo que desde el inicio la causa arrastra como una mancha imposible de borrar: la ruptura absoluta de la cadena de custodia de una prueba central.
Tras el atentado, el teléfono permaneció durante horas sin resguardo técnico adecuado. Fue manipulado, trasladado y retenido sin protocolos claros, mientras el propio Sabag Montiel seguía teniendo contacto con el aparato en distintos momentos. El secuestro formal se realizó recién varias horas después del ataque, lejos de la escena y sin un control riguroso del estado del dispositivo.
En cualquier investigación seria, ese nivel de improvisación sería motivo suficiente para anular pruebas. En una causa que investiga un intento de magnicidio, directamente resulta inadmisible.
Mensajes, accesos y silencios incómodos
La pericia también detectó accesos, movimientos de datos y posibles eliminaciones de contenido en el teléfono durante el período en el que ya debía estar completamente aislado. No está claro quién tuvo el aparato, quién lo manipuló ni bajo qué órdenes, y hasta hoy ninguna explicación oficial logró despejar esas dudas.
Las versiones se contradicen, los registros no cierran y la Justicia parece avanzar siempre un paso atrás de los hechos. Lejos de esclarecer, cada nueva revelación suma más sombras sobre un expediente plagado de zonas grises.
Un Estado que no pudo cuidar ni una prueba clave
Que el teléfono del agresor de Cristina Kirchner haya tenido actividad mientras su dueño estaba detenido no es un detalle técnico menor: es la muestra de un Estado que no pudo proteger ni siquiera una prueba elemental en una causa de máxima gravedad institucional.
No se trata solo de errores policiales aislados. Lo que queda expuesto es un funcionamiento judicial desarticulado, lento y sin capacidad de control, incapaz de garantizar una investigación seria cuando los intereses en juego son enormes.
La pregunta que sigue sin respuesta
A más de dos años del atentado, la causa sigue acumulando irregularidades, pericias tardías y explicaciones endebles. Y la pregunta central sigue intacta: ¿cómo puede la Justicia reconstruir la verdad si permitió que las pruebas se contaminaran desde el primer día?
El “celular fantasma” de Sabag Montiel no es una anécdota técnica. Es el símbolo de una investigación fallida y de una Justicia personificada en la figura de jueza federal María Eugenia Capuchetti que, una vez más, no estuvo a la altura de la historia.
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