La investigación sobre los gastos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dio un nuevo giro: además de las críticas por pagar el equivalente a 2000 jubilaciones mínimas en alquileres para su cartera en la Ciudad de Buenos Aires, una denuncia penal por asociación ilícita fue presentada en su contra y la de otros funcionarios ante la Justicia Federal, ampliando las acusaciones sobre presuntas contrataciones irregulares con fondos públicos.
Por Roque Pérez para NLI
Contradicción explícita en medio de recortes
El acuerdo, rubricado por Sturzenegger el 30 de noviembre de 2025, establece el alquiler de cuatro pisos completos (3° a 6°) más 24 cocheras en un edificio ubicado en **Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788, en plena Diagonal Norte, por un año de contrato y un canon mensual de $60 millones.
La decisión de gastar $720 millones del erario público (casi 2000 jubilaciones mínimas) en alquileres de oficinas tiene un contexto que agrava la polémica: el gobierno nacional —a través de sus propios comunicados oficiales— viene impulsando el programa “Alquiler Cero” con el objetivo de eliminar nuevos gastos en locaciones estatales y relocalizar dependencias en inmuebles ya disponibles del Estado.
Mientras el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, destacó públicamente los avances del plan que “redujo alquileres y cocheras en varias sedes”, otro ministerio del mismo gabinete avanza con un contrato millonario en la City porteña.
Contratación directa y posibles costos extras
La adjudicación se realizó bajo la modalidad de contratación directa por adjudicación simple, y sólo se presentó una oferta de la empresa OTOBA S.A., que fue recomendada para la adjudicación por considerarse “admisible y económicamente conveniente”.
Aunque el canon base es de $60 millones mensuales, el contrato prevé que expensas ordinarias, electricidad, gas y otros consumos estarán a cargo del Estado, lo que sugiere que el costo total final podría superar los $720 millones consignados en el documento.
Doble vara oficial y malestar público
La decisión de Sturzenegger se da en medio de otras polémicas por adjudicaciones bajo su gestión y cuestionamientos dentro del propio oficialismo. La coincidencia en el tiempo de esta contratación con la defensa del plan “Alquiler Cero” por parte de otros sectores del Gobierno profundiza el malestar político y alimenta críticas por una doble vara en la gestión del gasto público.
Para la oposición y múltiples analistas, este contrato millonario no sólo contradice los discursos oficiales de austeridad, sino que expone una incoherencia entre lo que se promueve y lo que realmente se practica desde el Estado.
La indefinición sobre cómo encaja esta operación con los objetivos de eficiencia y contención del gasto público —dos ejes que oficialmente se pregonan— promete convertirse en un nuevo foco de debate y tensión política en los próximos días.
Denuncia penal por asociación ilícita
Este miércoles, la senadora de Juliana Di Tullio presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal en la que no solo cuestiona los gastos inmobiliarios de Sturzenegger, sino que también involucra a funcionarios e integrantes del gabinete acusados de “defraudación contra la administración pública y encubrimiento”.
El escrito señala que el ministro gastó más de 720 millones de pesos en el alquiler de cuatro pisos de oficinas y 24 cocheras en el microcentro porteño para su ministerio, un hecho que ya había generado críticas políticas y mediáticas en los últimos días.
Además de Sturzenegger, la denuncia incluye a su esposa, María Josefina Rouillet, directora de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, como coautora de presunta defraudación por un contrato de más de 114 millones de pesos adjudicado sin licitación pública para brindar cursos de inglés a diplomáticos.
Según la presentación judicial, también están involucrados el canciller Pablo Quirno y otros directivos por presunto encubrimiento y omisión de denuncia.
Esta nueva denuncia se suma a las ya existentes críticas sobre el manejo de fondos públicos por parte de la cartera a cargo de Sturzenegger, que en plena gestión de “alquiler cero” autorizó gastos millonarios en contratos inmobiliarios y servicios vinculados a su entorno político y familiar.
Nota actualizada 19/02/2025
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Megacanje (2001-2016): En 2013 fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública por el canje de deuda de 2001 cuando era secretario de Política Económica. En 2016, el juez federal Sebastián Ramos lo sobreseyó y la Cámara Federal confirmó la medida. Dólar Futuro (2016): Imputado junto a otros funcionarios por presunta defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad en la causa por la venta de dólares a futuro al inicio de la gestión de Mauricio Macri. FMIgate (2021): Incluido en la denuncia de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Alberto Fernández por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Contrato AACI (2026): En febrero de 2026, fue denunciado penalmente por presuntas irregularidades en un contrato de consultoría con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, vinculada a su esposa, y por la omisión de publicaciones exigidas en la Oficina Anticorrupción.
Uno puede pensar, tan sólo por lo expuesto -suman más la intervenciones de este hoy nuevamente funcionario-, que bien podría lucir una tobillera electrónica. A pesar de las causas, la mayor parte de las investigaciones de alto perfil concluyeron en sobreseimientos. Será, justicia?…
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