La reciente decisión de la empresa Aires del Sur, dedicada a la fabricación de aires acondicionados en Río Grande, de suspender 140 trabajadores y pedir la quiebra expone con crudeza las consecuencias de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Este hecho —que desembocó en la ocupación de la planta por parte de los trabajadores y el voto mayoritario por una toma por tiempo indeterminado— no es una anomalía aislada sino un síntoma estructural del modelo económico que el oficialismo impulsa.
Por Tomás Palazzo para NLI
La quiebra y los despidos masivos en Aires del Sur se producen tras la paralización de la producción luego del receso vacacional y la falta de pago de dos quincenas, lo que detonó la reacción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La medida de suspender y despedir 140 personas “de un día para el otro” fue calificado por la representación gremial como una acción “irresponsable”, y refleja la precariedad creciente a la que son sometidos los trabajadores en un contexto de apertura comercial indiscriminada y recesión productiva.
En respuesta, los trabajadores metalúrgicos fueguinos decidieron ocupar la planta para defender sus puestos de trabajo y votaron mayoritariamente por la toma de la fábrica “por tiempo indeterminado”. El sindicato incluso comunicó que ejercerá control de la planta, una medida extrema que desnuda la falta de políticas públicas orientadas a sostener la industria nacional y preservar el empleo.
Este caso emblemático evidencia cómo la combinación de apertura de importaciones, desregulación y flexibilización laboral, promovida por el gobierno, está socavando la ya debilitada base industrial argentina. La provincia de Tierra del Fuego, uno de los principales polos electrónicos del país, se ha convertido en un laboratorio de ajuste y erosión de condiciones de trabajo, donde las empresas encuentran incentivos para recortar personal y cerrar puertas sin controles efectivos.
Las consecuencias para las familias afectadas son directas y profundas: pérdida de ingresos, inseguridad social y la destrucción de tejido productivo local. La respuesta de los trabajadores —organizarse, rechazar la pasividad y tomar las fábricas bajo control gremial frente a la ausencia del Estado— es un reflejo de la desesperación y la autodefensa obrera ante políticas que propician la exportación de empleos y la importación de productos, dejando a la industria nacional atrapada en una dinámica de decadencia.
En definitiva, el caso “Aires del Sur” no solo ilustra la magnitud del problema laboral y productivo que enfrenta la Argentina bajo la gestión de Milei, sino que también plantea una pregunta política central: ¿hasta cuándo la desindustrialización y la pérdida de derechos laborales seguirán siendo el costo aceptado de una política económica que favorece a los capitales concentrados y castiga a la clase trabajadora? La ocupación de fábricas como respuesta es una señal de alarma que exige una reorientación profunda de las prioridades económicas nacionales.
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