La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo tras la denuncia de una testigo clave que aseguró haber sufrido presiones y hostigamiento mientras declaraba en la causa que investiga el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La investigación judicial que rodea al ya denominado “Adornigate” sumó un nuevo capítulo de alto impacto: la Justicia dispuso medidas de restricción contra el empresario y periodista Marcelo Grandio, acusado de intentar influir sobre una testigo clave del expediente.
La resolución fue adoptada en los tribunales de Comodoro Py a partir de un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, luego de que la testigo denunciara haber recibido llamados, mensajes y hasta una carta documento con tono intimidatorio.
Restricción total de contacto y acercamiento
El juez Lijo ordenó de manera explícita que Grandio se abstenga de cualquier tipo de contacto con la testigo, ya sea directo o indirecto. La medida incluye la prohibición de acercarse a su domicilio, lugar de trabajo y espacios habituales.
Según consta en la causa, las comunicaciones denunciadas ocurrieron incluso mientras la mujer prestaba declaración judicial, lo que encendió alarmas dentro del Ministerio Público Fiscal por un posible intento de condicionar su testimonio.
El objetivo de la resolución no es sancionar anticipadamente, sino proteger la integridad psicológica de la testigo y garantizar la transparencia del proceso judicial.
Una testigo clave que complica la causa
La denunciante, identificada como Vanesa Elizabeth Tossi, trabaja en la empresa vinculada a la contratación del vuelo privado utilizado por Adorni. Su declaración es considerada central porque aportó datos sensibles sobre la operatoria del viaje.
Entre los puntos más delicados, sostuvo que Grandio habría pagado el traslado y que incluso se habría solicitado evitar la facturación del servicio, lo que refuerza las sospechas sobre posibles irregularidades.
Además, el expediente ya contaba con otros testimonios que contradicen la versión pública del funcionario, quien había afirmado haber pagado el viaje por su cuenta.
Presiones, coacción y posible delito
El fiscal Pollicita no sólo pidió medidas de protección, sino que también impulsó una investigación paralela por posibles delitos de amenazas y coacción.
En su dictamen, advirtió que las conductas denunciadas no constituyen un simple conflicto personal, sino “indicadores concretos de presión” sobre una fuente de prueba clave, lo que podría afectar seriamente el desarrollo del proceso judicial.
El trasfondo: vuelos privados, contratos y sospechas
La causa principal busca determinar quién financió realmente el viaje de Adorni a Uruguay y si existió algún tipo de beneficio indebido vinculado a contratos con el Estado.
En ese marco, la figura de Grandio aparece bajo la lupa por su presunto rol en el pago del vuelo y sus vínculos con la TV Pública, lo que abre interrogantes sobre posibles conflictos de interés.
Un escándalo en expansión
Con estas medidas, el “Adornigate” deja de ser solo una polémica política para consolidarse como un expediente judicial con derivaciones penales concretas.
La decisión de Lijo marca un punto de inflexión: la Justicia no sólo investiga el origen del viaje, sino también posibles maniobras para interferir en la producción de pruebas, un aspecto que podría agravar significativamente la situación de los involucrados.
Mientras tanto, el expediente sigue sumando elementos y testimonios, en una causa que ya golpea de lleno al círculo cercano del poder y amenaza con escalar aún más en las próximas semanas.
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