La causa, que ya venía acumulando inconsistencias en operaciones inmobiliarias y financiamiento, empieza a reconstruir con mayor precisión el circuito del dinero que rodea al funcionario.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
El expediente judicial que investiga el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo que refuerza las sospechas sobre la evolución de sus bienes: ahora, la fiscalía puso la lupa en las refacciones realizadas en su casa dentro de un country de Exaltación de la Cruz, con pedidos de documentación exhaustivos y nuevas citaciones a declarar.
La investigación que impulsa el fiscal federal Gerardo Pollicita no sólo se mantiene activa sino que amplía su alcance. En las últimas horas, dispuso citar a declarar al contratista que llevó adelante las obras en la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, propiedad que figura a nombre de Bettina Angeletti, pareja de Adorni.
El objetivo no es menor: determinar quién pagó, cómo se pagó y si esas erogaciones son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario. La citación apunta directamente a Matías Tabar, representante de la firma encargada de las refacciones, quien deberá presentarse en Comodoro Py con toda la documentación vinculada a la obra.
El rastro del dinero: facturas, contratos y formas de pago
El requerimiento judicial es amplio y revelador. Pollicita exigió que se entreguen presupuestos, contratos, órdenes de servicio, comprobantes de pago y toda la facturación asociada a las remodelaciones. Pero además avanzó sobre un punto clave: las formas de pago utilizadas.
En ese sentido, la fiscalía busca identificar si las operaciones se realizaron en efectivo, mediante transferencias, cheques, tarjetas o incluso mecanismos menos transparentes como permutas, además de reconstruir los movimientos en cuentas bancarias y billeteras virtuales.
No se trata de un detalle técnico. En causas de enriquecimiento ilícito, la trazabilidad del dinero es el corazón de la prueba, y cualquier inconsistencia entre ingresos declarados y gastos efectivamente realizados puede configurar delito.
La investigación también incluye el análisis de comunicaciones entre Adorni y su entorno, así como registros materiales de la obra: planos, renders e incluso fotografías, lo que evidencia un intento de reconstrucción integral del proceso de refacción.
Una trama más amplia: propiedades, hipotecas y omisiones
El foco sobre la casa en Exaltación de la Cruz no aparece aislado. Forma parte de una causa más amplia en la que se analizan distintas operaciones inmobiliarias del funcionario, entre ellas la compra de un departamento en Caballito mediante una hipoteca no bancaria otorgada por dos jubiladas que, según trascendió, dijeron no conocerlo.
A esto se suma otro dato sensible: la vivienda del country no habría sido declarada en su momento en la Oficina Anticorrupción, lo que abre la puerta a posibles figuras como omisión maliciosa en declaraciones juradas o falsedad ideológica.
En paralelo, la Justicia ya había solicitado historiales de dominio, movimientos migratorios y datos sobre viajes al exterior, en un intento por determinar si el nivel de vida de Adorni resulta compatible con sus ingresos formales.
Refacciones bajo sospecha: el eslabón que faltaba
El avance sobre las refacciones introduce un elemento particularmente sensible. A diferencia de la compra de un inmueble —que deja huellas registrales claras—, las obras privadas pueden ser un canal más opaco para canalizar fondos no declarados.
Por eso, la hipótesis que comienza a tomar forma es que las mejoras en la propiedad podrían haber implicado gastos significativos difíciles de justificar, especialmente si no existen registros formales consistentes o si los pagos se realizaron por fuera del sistema bancario.
En términos judiciales, este tipo de maniobras suele ser clave: no sólo permite medir el patrimonio real, sino también detectar eventuales intentos de ocultamiento.
Un cerco judicial que se estrecha
Lejos de diluirse, la causa contra Adorni muestra un movimiento constante. Las citaciones a contratistas, escribanos, prestamistas y otros actores vinculados a sus operaciones económicas configuran un mapa cada vez más complejo.
El expediente ya no se limita a una operación puntual sino que empieza a delinear un patrón, donde propiedades, refacciones, hipotecas atípicas y financiamiento difuso convergen en una misma pregunta: de dónde salió el dinero.
En ese contexto, la investigación sobre las refacciones no es un dato accesorio. Puede ser, en realidad, la pieza que termine de ordenar —o de exponer— el rompecabezas patrimonial del funcionario.
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