El juez federal Ariel Lijo avanzó en la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y convocó a indagatoria a 35 imputados, entre ellos el exdirector Diego Spagnuolo, exfuncionarios y empresarios vinculados a millonarias contrataciones bajo sospecha.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un paso clave en las últimas horas. El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, junto a otros 34 imputados entre los que figuran exfuncionarios y empresarios del sector sanitario, en un expediente que apunta a un posible esquema sistemático de desvío de fondos públicos.
La investigación, impulsada por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, se centra en irregularidades en la compra de medicamentos e insumos médicos de alto costo, que habrían sido adjudicados mediante mecanismos direccionados y con sobreprecios. No se trata de episodios aislados: la hipótesis judicial describe una operatoria sostenida en el tiempo, con actores definidos y roles específicos dentro de la estructura.
Un circuito armado desde el Estado
Según surge del expediente, las maniobras habrían tenido lugar entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período en el que se habrían consolidado prácticas orientadas a beneficiar a determinados proveedores en detrimento del Estado. El eje del esquema habría sido la intermediación entre funcionarios y empresas, permitiendo inflar valores y asegurar ganancias extraordinarias.
En ese contexto, la Justicia analiza contrataciones que, por sus características, resultan difíciles de justificar desde el punto de vista administrativo. Los montos bajo sospecha son millonarios y podrían escalar a cifras que ubican al caso entre los más graves del área sanitaria en los últimos años, especialmente por el destino específico de los fondos: políticas públicas destinadas a personas con discapacidad.
El propio juzgado sostiene que la operatoria investigada habría tenido como finalidad “generar ganancias indebidas para sus integrantes”, lo que configura, de comprobarse, un esquema clásico de defraudación contra la administración pública.
Los nombres y el peso político del caso
La citación a indagatoria alcanza a figuras clave dentro del funcionamiento del organismo. Además de Spagnuolo, aparecen exfuncionarios con responsabilidad directa en la gestión de prestaciones y compras, así como empresarios vinculados al circuito de provisión de medicamentos.
La figura de Spagnuolo no pasa desapercibida en el expediente. Se trata de un dirigente con vínculos políticos directos con Milei, lo que inevitablemente proyecta la causa más allá del plano estrictamente judicial. Aunque el proceso recién ingresa en una etapa de mayor definición, el impacto político ya comenzó a sentirse.
Las indagatorias fueron programadas entre fines de abril y mayo, en un cronograma que marcará el ritmo de la causa en las próximas semanas. En esa instancia, los imputados tendrán la posibilidad de ejercer su defensa frente a las acusaciones que, hasta el momento, se sostienen sobre documentación administrativa, cruces de contratos y registros de operaciones.
En paralelo, el juez dispuso la inhibición general de bienes de los imputados, una medida preventiva que busca evitar el movimiento de activos y garantizar eventuales recuperaciones para el Estado en caso de confirmarse las maniobras investigadas.
Un daño que excede lo económico
El expediente no solo pone bajo la lupa un posible entramado de corrupción, sino también sus consecuencias concretas. Los fondos bajo sospecha estaban destinados a garantizar tratamientos, medicamentos y prestaciones esenciales para personas con discapacidad, lo que agrava el cuadro desde el punto de vista social.
Si la hipótesis judicial se confirma, no se trataría únicamente de un delito económico, sino de un esquema que habría impactado directamente en el acceso a derechos básicos de uno de los sectores más vulnerables.
La causa ANDIS avanza ahora hacia una etapa decisiva. Con las indagatorias en marcha y medidas patrimoniales ya dictadas, la Justicia comienza a delimitar responsabilidades en un expediente que combina volumen económico, gravedad institucional y alto impacto político. Las próximas semanas serán clave para determinar hasta dónde llega la trama y quiénes deberán responder por ella.
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