Un informe interno del Ministerio de Salud destapó un nuevo escándalo alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): el Estado habría pagado precios exorbitantes por andadores, sillas de ruedas, prótesis e insumos médicos destinados a personas con discapacidad. Según la documentación ya incorporada a la Justicia, se detectaron diferencias de hasta 4239% respecto de valores de mercado, en una trama que investiga posibles maniobras de direccionamiento, cartelización y fraude contra el Estado.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La causa judicial, que está en manos del fiscal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, avanza sobre contrataciones realizadas durante 2025 dentro de ANDIS. El expediente apunta a un posible esquema montado para beneficiar a un reducido grupo de empresas proveedoras mediante licitaciones y compulsas de precios supuestamente manipuladas.
El caso más impactante que aparece en el informe oficial es la compra de un andador cuyo valor facturado al Estado superó en 4239% el precio de referencia de mercado para un producto equivalente. En el rubro de sillas de ruedas, las diferencias habrían llegado al 2000%, mientras que otras prestaciones médicas también exhibieron montos considerados “técnicamente indefendibles” por los propios auditores del Ministerio de Salud.
Un sistema bajo sospecha
La documentación analizada por el Gobierno sostiene que existía una “red de conexiones societarias y familiares” entre varios de los proveedores que recibían adjudicaciones millonarias. Según el informe, eso habría distorsionado la libre competencia y permitido inflar precios utilizando fondos públicos destinados a uno de los sectores más vulnerables del país.
Los investigadores también pusieron la lupa sobre el funcionamiento del sistema SIIPFIS, utilizado para administrar prestaciones y compras dentro del área de discapacidad. La hipótesis judicial es que el mecanismo habría sido manipulado para invitar siempre a empresas vinculadas entre sí, simulando competencia donde en realidad existía coordinación previa.
Entre los casos mencionados aparece la compra de válvulas cardíacas transcatéter. Según el relevamiento oficial, ANDIS pagó alrededor de 425 millones de pesos por un insumo que meses antes el PAMI había adquirido por unos 124 millones, una diferencia cercana al 242%.
Empresarios y exfuncionarios citados
La investigación ya comenzó a avanzar sobre empresarios y exfuncionarios vinculados al organismo. Entre los nombres citados figura Osmar Caballi, exdirector general de ANDIS y socio de Farma Salud, una de las empresas que más dinero habría recibido mediante estas contrataciones. También fueron mencionadas firmas como Ortopedia Sagués, MED-EL Latinoamérica, Ortopedia Bernat y otras proveedoras del sector médico y ortopédico.
El expediente judicial también mantiene bajo análisis la actuación de Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente del organismo durante parte del período investigado. Su defensa sostiene que no existe prueba directa que lo vincule con las maniobras denunciadas.
Mientras avanzan las indagatorias, el caso vuelve a poner en discusión el manejo de recursos públicos en áreas sensibles del Estado. Porque detrás de las cifras multimillonarias y los porcentajes escandalosos aparecen prestaciones esenciales para miles de personas con discapacidad, convertidas —según sospecha la Justicia— en un negocio extraordinario para un grupo reducido de proveedores.
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