El Jefe de Gabinete cada vez mas cercado
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
El cerco judicial sobre Manuel Adorni se sigue estrechando. La aparición de nuevas billeteras virtuales con movimientos millonarios, sumadas a la documentación presentada por un contratista que aseguró haber cobrado obras “en efectivo y en dólares”, volvió a colocar al jefe de Gabinete en el centro de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que ya amenaza con transformarse en uno de los mayores escándalos políticos del gobierno de Milei.
La información conocida en las últimas horas expuso que la Justicia detectó otras dos wallets vinculadas a Adorni, que se agregarían a las ya investigadas previamente. Según reveló C5N, las plataformas involucradas serían Lemon, Bitso, Over y Binance, y los movimientos registrados desde 2022 superarían los u$s100.000 en operaciones cripto.
El dato no es menor: parte de esos activos digitales no habrían sido incluidos en las declaraciones juradas del funcionario. La causa, que ya venía escalando por inconsistencias patrimoniales y gastos incompatibles con ingresos declarados, ahora incorpora un componente financiero mucho más delicado: la posible utilización de circuitos cripto para mover fondos fuera del radar tradicional del sistema bancario.
El contratista que complicó aún más al Gobierno
Mientras el oficialismo intentaba minimizar el impacto político del caso, apareció un actor clave que terminó empeorando el cuadro judicial. El contratista Matías Tabar se presentó ante tribunales y aportó facturas, remitos y capturas de chats relacionados con refacciones realizadas en una propiedad de Adorni ubicada en el country Indio Cuá.
Según su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita, las obras habrían alcanzado un costo total cercano a u$s245.000, abonados en billetes físicos. Tabar explicó que actuaba como intermediario entre Adorni y quienes ejecutaban las remodelaciones, y confirmó que gran parte de las operaciones se manejaban en efectivo.
El propio contratista terminó admitiendo públicamente algo que el Gobierno intentó negar durante semanas: que en las obras había pagos no registrados formalmente. “Hay cosas que están facturadas y otras que son con remito porque están en negro”, sostuvo en declaraciones radiales que impactaron de lleno en la causa.
La frase cayó como una bomba en la Casa Rosada porque destruyó la estrategia oficial de presentar las remodelaciones como simples trabajos habituales de construcción. Lo que aparece ahora es otra cosa: movimientos en efectivo por cientos de miles de dólares, operaciones cripto y documentación que la fiscalía ya incorporó al expediente.
Milei salió a blindarlo mientras crece el desgaste político
En paralelo al avance judicial, Milei recibió a Adorni en Olivos en una reunión que buscó enviar una señal política de respaldo. El encuentro ocurrió en medio del escándalo y fue interpretado como un intento de blindar al funcionario ante versiones crecientes sobre una posible salida del gabinete.
Sin embargo, el problema para el oficialismo ya excede la situación personal de Adorni. La causa empieza a golpear uno de los principales discursos de campaña libertarios: la supuesta superioridad moral frente a “la casta”. El Gobierno construyó buena parte de su legitimidad pública alrededor de la denuncia permanente contra la corrupción política, pero ahora enfrenta acusaciones que incluyen fondos no declarados, pagos en negro y patrimonio bajo sospecha.
La situación también expone otra contradicción profunda del modelo libertario: mientras se promueve una desregulación extrema de los controles financieros y se impulsa el ecosistema cripto como símbolo de “libertad económica”, la Justicia investiga si esos mismos mecanismos pudieron haber servido para ocultar movimientos patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados.
Una investigación que recién empieza
En Comodoro Py creen que todavía queda mucho por reconstruir. La fiscalía intenta determinar el origen de los fondos, el circuito de pagos y la trazabilidad de las operaciones digitales detectadas. Las nuevas billeteras virtuales abrieron una línea de investigación que podría ampliarse hacia terceros vinculados al entorno político y empresarial del funcionario.
Por ahora, el expediente ya logró algo políticamente devastador para el Gobierno: transformar a uno de los funcionarios más visibles del mileísmo en símbolo de opacidad financiera, justo cuando la administración libertaria atraviesa un deterioro económico y social cada vez más evidente.
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