El oficialismo consiguió la media sanción de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero lo hizo después de resignar dos de los capítulos más cuestionados del proyecto. La multitudinaria movilización frente al Congreso, el rechazo de organizaciones sociales, ambientales y productivas, y la dificultad para reunir los votos terminaron forzando una marcha atrás que desmiente el discurso de fortaleza que intenta sostener la Casa Rosada.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La imagen que buscaba construir el gobierno de Milei terminó mostrando exactamente lo contrario. Lo que debía ser una demostración de fortaleza parlamentaria se convirtió en una negociación contrarreloj para evitar una derrota política. La denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo media sanción en el Senado, pero el precio que tuvo que pagar el oficialismo fue alto: retirar las modificaciones sobre la venta de tierras rurales a extranjeros y resignar también los cambios previstos para la Ley Nacional de Manejo del Fuego, dos de los aspectos que habían generado mayor resistencia social y política.
La decisión no fue producto de una convicción ni de una revisión ideológica. Fue consecuencia de un escenario político que comenzó a complicarse durante los días previos a la sesión. Mientras en el Congreso se multiplicaban las dudas de legisladores dialoguistas, en las calles crecía una convocatoria que reunió a organizaciones ambientales, campesinas, pueblos originarios, sindicatos y espacios políticos bajo una misma consigna: impedir que el Estado renunciara a herramientas consideradas estratégicas para la defensa del territorio nacional y los recursos naturales.
La administración libertaria había apostado a presentar el proyecto como una defensa absoluta del derecho de propiedad frente a las usurpaciones y las expropiaciones. Sin embargo, el contenido original iba mucho más allá de ese objetivo. El texto incluía una profunda modificación del régimen de tierras rurales, flexibilizando las restricciones para la compra por parte de extranjeros, además de alterar disposiciones centrales de la Ley Nacional de Manejo del Fuego. Esa combinación terminó transformando una iniciativa que pretendía aparecer como una simple reforma procesal en un debate mucho más amplio sobre soberanía, ambiente y patrimonio nacional.
La calle volvió a condicionar al Gobierno
Desde el inicio de su gestión, el oficialismo sostuvo que las movilizaciones sociales ya no tenían capacidad para modificar decisiones políticas. Sin embargo, la secuencia que terminó desembocando en la sesión del Senado mostró una realidad distinta. La convocatoria frente al Congreso fue una de las manifestaciones más importantes de los últimos meses y logró instalar el tema en la agenda pública, obligando incluso a senadores aliados a expresar reparos sobre el proyecto.
La presión no provino únicamente de la oposición parlamentaria. También aparecieron cuestionamientos desde sectores rurales, especialistas en derecho agrario, organizaciones ambientalistas y gobernadores preocupados por el impacto que podía tener una mayor extranjerización de tierras estratégicas. El Gobierno comenzó a advertir que insistir con esos capítulos podía significar perder toda la ley.
En ese contexto, la Casa Rosada optó por una salida pragmática: retirar los puntos más conflictivos para preservar el corazón del proyecto. El oficialismo terminó aceptando exactamente aquello que durante días había rechazado públicamente: que sin modificaciones no existían los votos necesarios para avanzar.
Un retroceso que refleja el nuevo escenario político
El episodio también expone una realidad que comienza a repetirse durante el segundo tramo de la gestión libertaria. A diferencia de los primeros meses de gobierno, cuando el oficialismo lograba imponer buena parte de su agenda mediante presión política y negociación parlamentaria, ahora enfrenta un Congreso más reacio y una sociedad donde empiezan a acumularse señales de desgaste.
La pérdida de respaldo en distintos sectores sociales, sumada al impacto económico del ajuste y a la creciente conflictividad, redujo el margen de maniobra del Ejecutivo. El retiro de los capítulos sobre tierras rurales y manejo del fuego constituye uno de los ejemplos más claros de esa nueva correlación de fuerzas: el Gobierno debió ceder para evitar una derrota que hubiera dejado sin efecto toda la iniciativa.
No se trató de una concesión menor. Precisamente esos artículos representaban parte de la filosofía desreguladora impulsada por Federico Sturzenegger y el equipo económico, orientada a eliminar restricciones para el mercado de tierras y reducir regulaciones consideradas obstáculos para la inversión privada. El hecho de que hayan sido descartados demuestra que incluso dentro del Congreso existen límites para algunas de las reformas más profundas pretendidas por el oficialismo.
La ley avanza, pero con una derrota política incorporada
Finalmente, el Senado aprobó una versión considerablemente más acotada de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Permanecieron los cambios vinculados a los desalojos, expropiaciones y otros aspectos procesales, mientras quedaron afuera dos de los capítulos que mayor polémica habían generado desde su presentación.
Paradójicamente, el oficialismo podrá exhibir una media sanción legislativa, pero difícilmente pueda presentar el resultado como un triunfo político pleno. La ley que llegó al recinto ya no era la misma que había diseñado originalmente el Poder Ejecutivo. La presión de las organizaciones sociales, la movilización frente al Congreso y la falta de respaldo suficiente entre los propios aliados obligaron a modificar el texto para garantizar su supervivencia parlamentaria.
En términos políticos, la señal resulta significativa. Cuando un gobierno debe retirar los aspectos centrales de una iniciativa para conseguir los votos mínimos, el resultado puede traducirse en una victoria legislativa, pero también en la confirmación de que la capacidad para imponer condiciones ya no es la misma que meses atrás. En ese sentido, la sesión del Senado dejó una enseñanza difícil de ignorar: la presión social continúa siendo un actor capaz de alterar el rumbo de las decisiones del poder político, incluso frente a un gobierno que había hecho de la confrontación una de sus principales herramientas de construcción.
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