Caso $LIBRA: un damnificado apeló su exclusión como querellante y pidió a la Cámara Federal que revoque la decisión de Martínez De Giorgi.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La causa judicial que investiga el lanzamiento y derrumbe de la criptomoneda $LIBRA suma un nuevo capítulo mientras la Cámara Federal se prepara para definir si los damnificados podrán recuperar su condición de querellantes. Martín Romeo, uno de los inversores que reclama haber sido perjudicado, presentó un escrito en el que cuestionó duramente la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi de apartarlo del expediente y sostuvo que esa resolución desconoce pruebas incorporadas a la investigación.
La investigación por el denominado caso $LIBRA vuelve a quedar en el centro de la escena judicial. Martín Romeo, representado por el abogado Nicolás Oszust, presentó ante la Cámara Federal un memorial en el que solicitó que se revoque la decisión de primera instancia que puso en duda su legitimación para intervenir como querellante. La presentación se produce antes de una audiencia prevista para el 10 de agosto, en la que el tribunal deberá analizar si los damnificados vuelven a ocupar un lugar activo dentro del expediente.
El planteo resulta relevante porque no se trata solamente de una discusión formal sobre quién puede participar de una causa penal. La condición de querellante permite a los damnificados impulsar medidas de prueba, formular planteos y participar activamente de la investigación, por lo que su exclusión reduce considerablemente la capacidad de las presuntas víctimas para intervenir frente a las decisiones del juzgado. La discusión, además, se produce en una causa que involucra la promoción pública de la criptomoneda por parte del presidente Javier Milei y que desde febrero de 2025 acumula denuncias, peritajes y distintas investigaciones sobre el funcionamiento del proyecto.
La dura respuesta al juez Martínez De Giorgi
Romeo cuestionó el argumento utilizado para apartarlo y sostuvo que la resolución judicial confunde el riesgo propio de una inversión en criptomonedas con una eventual maniobra delictiva. En su presentación, rechazó que el desplome de $LIBRA pueda explicarse simplemente por la volatilidad característica de las denominadas memecoins y planteó que la investigación debería concentrarse en determinar si existió una operación previamente diseñada para perjudicar a determinados inversores.
La querella sostiene como hipótesis que detrás del lanzamiento habría existido una estructura destinada a construir una apariencia de legitimidad y confianza, en la que la figura presidencial habría tenido un papel determinante para atraer compradores. El escrito califica al derrumbe como un supuesto rug pull y afirma que habría existido una planificación previa para generar el incremento del precio y posteriormente retirar liquidez. Se trata, naturalmente, de afirmaciones de la parte querellante que deberán ser corroboradas o descartadas por la investigación judicial.
Uno de los elementos mencionados por Romeo es particularmente sensible: según su presentación, 22 segundos antes de la publicación del mensaje presidencial que promocionó $LIBRA se habrían producido compras masivas mediante determinadas billeteras, algo que la querella vincula con un eventual acceso anticipado a información. La existencia y alcance de esas operaciones forman parte de los elementos que deberán ser analizados técnicamente en el expediente y no constituyen, por sí mismas, una prueba definitiva de responsabilidad penal.
La discusión también alcanza a la propia tecnología blockchain. Romeo cuestionó que se le haya exigido documentación adicional sobre el origen de sus fondos para acreditar su condición de víctima y sostuvo que el expediente ya cuenta con actas notariales que documentan la titularidad de sus billeteras y las operaciones realizadas. Desde su perspectiva, desconocer esa documentación implicaría transformar una cuestión de acreditación procesal en una barrera para que los damnificados puedan participar de la investigación.
La Cámara Federal tendrá la palabra
Uno de los puntos centrales del planteo es que, según la querella, la propia Cámara Federal ya había reconocido anteriormente la legitimación de los damnificados. Por eso, Romeo sostiene que para modificar aquella situación deberían existir elementos nuevos capaces de demostrar que quienes se presentaron como víctimas no sufrieron efectivamente un perjuicio.
El escrito afirma que no aparecieron pruebas nuevas que permitan descartar esa condición y menciona informes de la UFECI y de la Policía Federal Argentina, que —según la presentación— habrían aportado elementos vinculados con la trazabilidad de las operaciones y el supuesto vaciamiento de fondos. Nuevamente, la cuestión deberá ser evaluada por el tribunal a partir de la totalidad de la evidencia incorporada al expediente.
La resolución que adopte la Cámara será importante también por una cuestión institucional: determinará hasta dónde pueden participar las presuntas víctimas en una investigación de enorme trascendencia pública. No es lo mismo que un expediente avance únicamente a partir de la fiscalía y del juzgado que contar con damnificados formalmente constituidos como querellantes, capaces de proponer medidas y cuestionar decisiones que consideren perjudiciales para la investigación.
La causa, además, atraviesa un escenario judicial complejo. La cuestión debe ser resuelta por la Sala I de la Cámara Federal porteña, que tiene entre sus integrantes a Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, aunque la composición del tribunal se encuentra atravesada por los procesos de renovación y designación definitiva de algunos de sus miembros.
Romeo dejó además planteada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia si la Cámara confirma su exclusión. En su presentación invocó la afectación del derecho de acceso a la Justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, y formuló reserva del caso federal.
El expediente $LIBRA continúa así lejos de encontrar una definición. Mientras se discute quiénes pueden intervenir como víctimas, la investigación intenta determinar qué ocurrió realmente alrededor del lanzamiento de una criptomoneda que alcanzó una enorme exposición después de ser promocionada públicamente por el Presidente y que posteriormente sufrió un desplome que dejó a numerosos inversores con fuertes pérdidas.
La decisión de la Cámara Federal del 10 de agosto será, por eso, mucho más que una discusión sobre una formalidad procesal. Podrá determinar si quienes aseguran haber perdido dinero recuperan una herramienta fundamental para intervenir en la causa o si deberán observar el desarrollo de una investigación en la que, hasta ahora, siguen reclamando ser escuchados desde afuera.
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