Las cuentas de Adorni: 78 páginas para explicar lo inexplicable

Manuel Adorni presentó ante la Justicia 78 páginas para explicar su patrimonio, los ahorros no declarados, sus inversiones en bitcoin, propiedades y las sucesivas rectificaciones de sus declaraciones juradas.

Por Luis Bulnes Valdez para NLI

Manuel Adorni necesitó 78 páginas para explicar ante la Justicia cómo se construyó su patrimonio, pero el verdadero problema de la historia no está en la extensión del escrito sino en su punto de partida: el propio exjefe de Gabinete reconoció públicamente que había tenido alrededor de US$500.000 que no estaban declarados, ahorros que, según su propia explicación, mantenía junto a su esposa fuera del registro oficial. Ahora, meses después de aquella admisión y luego de una cadena de rectificaciones patrimoniales, la defensa presentó ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita un voluminoso descargo destinado a responder veinte preguntas sobre el origen y la evolución de sus bienes. El relato incluye bitcoins comprados antes de ingresar a la función pública, dólares conservados en efectivo, propiedades, préstamos, refacciones, tarjetas utilizadas por terceros y una matemática patrimonial que fue cambiando considerablemente desde que Adorni presentó sus primeras declaraciones juradas.

La cuestión central, entonces, ya no es solamente cuánto dinero tiene Adorni. La pregunta es por qué durante su paso por la función pública hubo bienes y ahorros que no aparecían en las declaraciones originales y por qué fue necesario rectificar sucesivamente esas presentaciones cuando la investigación judicial comenzó a reconstruir su patrimonio. En junio, el propio Adorni había explicado que él y su esposa habían mantenido esos ahorros “en negro” y que no los habían declarado porque, según dijo, esa era una manera de “escaparse de la vieja política”. La frase, que pretendía funcionar como explicación política, terminó convirtiéndose en una pieza especialmente incómoda cuando la discusión pasó del discurso televisivo al expediente judicial.

Primero eran $107 millones; después aparecieron otros números

La evolución de las declaraciones juradas constituye uno de los elementos más llamativos del expediente. La presentación correspondiente a 2025 había informado inicialmente un patrimonio de $107.894.833, pero después de las rectificaciones la cifra utilizada como patrimonio al inicio del período pasó a superar los $662 millones, mientras que el patrimonio declarado al cierre de 2025 alcanzó los $944.575.052. Según la reconstrucción publicada a partir de las presentaciones ante la Oficina Anticorrupción, fueron 22 las modificaciones y rectificaciones realizadas sobre las declaraciones correspondientes a los años de su paso por la función pública.

Y acá aparece el detalle que vuelve particularmente incómoda la situación: las rectificaciones no son una cuestión menor de prolijidad administrativa cuando alteran de semejante manera la fotografía patrimonial de un funcionario. Una cosa es corregir un error de tipeo o actualizar una valuación; otra es que una declaración que mostraba poco más de $107 millones termine siendo reemplazada por otra en la que aparecen cientos de millones adicionales y activos que no figuraban en la presentación original. La propia investigación judicial se concentró precisamente en determinar cómo se produjo esa evolución y de qué manera se financiaron determinados bienes y gastos.

Adorni sostiene ahora que todo puede ser explicado. Su abogado afirmó que la evolución patrimonial entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 tiene “sustento razonable y verificable” en la documentación, información contable y elementos técnicos acompañados al expediente. Es una afirmación de la defensa, no una conclusión de la Justicia. Y allí reside justamente el desafío: una cosa es presentar una explicación y otra que los investigadores consideren que esa explicación queda acreditada con los documentos y movimientos que obran en la causa.

Bitcoin, dólares en efectivo y la explicación que llegó después

Uno de los capítulos centrales del escrito está dedicado a los bitcoins. Adorni sostiene que junto con su esposa realizó inversiones en criptomonedas entre 2014 y 2018, antes de ingresar al Gobierno, y que la posterior venta de esos activos permitió obtener dólares que forman parte de la explicación de su patrimonio actual. La defensa intenta así reconstruir una fuente patrimonial previa a la función pública para explicar parte de los fondos que luego aparecen en sus declaraciones.

Pero esa explicación abre, a su vez, nuevas preguntas. Si el origen de una parte sustancial de los fondos está en inversiones realizadas entre 2014 y 2018, la investigación necesita reconstruir cómo se adquirieron esas criptomonedas, con qué dinero, qué operaciones se realizaron, dónde estaban registrados esos activos y cómo se produjo la conversión posterior en dólares. La Justicia ya había puesto el foco precisamente en la trazabilidad de esas operaciones y en la documentación que permita acreditar el origen de los fondos.

El asunto tiene una particularidad extraordinaria: el efectivo termina funcionando como una suerte de protagonista permanente. Dólares ahorrados fuera del sistema, dólares provenientes de la supuesta venta de criptomonedas, dólares destinados a inmuebles, dólares para refacciones y reintegros en efectivo por compras realizadas con tarjetas de terceros. En la Argentina puede existir dinero en efectivo fuera de los bancos, naturalmente. Lo que debe demostrar un funcionario sometido a una investigación patrimonial es otra cosa: que cada peso o dólar que aparece en su explicación tiene un origen lícito, identificable y compatible con la documentación presentada.

Y acá es donde la propia admisión de Adorni adquiere un peso político enorme. No estamos ante una investigación que haya descubierto que un funcionario tenía una caja de ahorro de la que él niega conocer la existencia. Adorni reconoció que tenía ahorros que no había declarado. La discusión judicial pasa entonces por establecer el origen de esos fondos y las consecuencias jurídicas de su omisión, no por discutir si esos dólares existían.

La casa de Indio Cuá y los US$70.000 que también necesitan explicación

La propiedad ubicada en el country Indio Cuá agrega otro capítulo a la historia. Según la información difundida sobre el expediente, el inmueble fue adquirido por US$120.000, con una parte abonada en efectivo y otra mediante un préstamo privado garantizado con una hipoteca. El inmueble no había aparecido originalmente en las declaraciones y luego fue incorporado mediante las correspondientes rectificaciones.

Pero el problema no termina con la compra. Las refacciones realizadas en la vivienda generaron otra diferencia significativa: el constructor Matías Tabar declaró que los trabajos habían alcanzado aproximadamente US$245.000, mientras que la explicación de Adorni ubica el costo en torno de US$175.000 y cuestiona los cálculos aportados por el contratista. La diferencia ronda los US$70.000, una suma suficientemente importante como para que la Justicia quiera saber exactamente qué se hizo, cuánto costó, quién pagó, cómo se pagó y con qué fondos.

La defensa intenta ordenar esa historia mediante documentación y explicaciones contables. El problema es que cada número nuevo necesita conversar con los números anteriores. Si una declaración decía una cosa, luego fue rectificada para decir otra y posteriormente aparece una explicación adicional para justificar la diferencia, la investigación debe reconstruir la secuencia completa. No alcanza con que cada cifra tenga una explicación aislada: todas tienen que cerrar entre sí.

La misma lógica aparece en los gastos efectuados mediante tarjetas de personas del entorno. El fiscal había requerido específicamente explicaciones sobre la intervención de terceros en la adquisición de bienes y realización de pagos, con posteriores reintegros en efectivo, además del nivel de consumos registrados. Es decir, no se trata de una curiosidad sobre cómo paga sus compras un funcionario: forma parte del análisis destinado a determinar si los ingresos declarados alcanzaban para sostener el nivel de gastos observado.

El funcionario que prometía transparencia ahora necesita 78 páginas

La ironía política de toda esta historia es difícil de pasar por alto. Adorni fue uno de los principales voceros de un Gobierno que convirtió la denuncia de los privilegios, el gasto estatal y la falta de transparencia de la política tradicional en una bandera permanente. Ahora es él quien debe responder ante la Justicia por una evolución patrimonial que requirió sucesivas correcciones y una explicación de 78 páginas.

Esto no significa que tener dólares, invertir en bitcoin, comprar una propiedad o gastar dinero en una refacción sea ilegal. Tampoco significa que una rectificación patrimonial sea por sí misma un delito. Lo que está bajo investigación es si las declaraciones presentadas originalmente reflejaban correctamente el patrimonio existente y si las explicaciones posteriores permiten acreditar de manera suficiente el origen y la evolución de los fondos.

Pero la admisión de los ahorros no declarados coloca el asunto en un terreno particularmente delicado. Porque Adorni no dijo que la prensa había inventado esos dólares ni que la Justicia estaba confundiendo una cifra. Reconoció que existían y que no habían sido declarados. Después llegaron las rectificaciones, las nuevas cifras, las explicaciones sobre las criptomonedas y la reconstrucción de la historia patrimonial.

Ahora será la Justicia la que tendrá que determinar qué está efectivamente probado. El descargo presentado por la defensa no equivale a una resolución judicial favorable ni desfavorable: es la respuesta de Adorni a las preguntas formuladas por el fiscal. Y precisamente porque el expediente continúa abierto, corresponde que cada una de esas explicaciones sea contrastada con la documentación bancaria, fiscal, inmobiliaria, comercial y financiera disponible.

Lo que queda como dato político, sin embargo, es bastante más sencillo que las 78 páginas: el patrimonio que inicialmente había sido declarado de una manera terminó siendo presentado de otra, después de que el propio Adorni reconociera que había mantenido ahorros sin declarar. Y ahora la Justicia tiene que reconstruir cómo se pasó de una versión a la otra y si la nueva historia está respaldada por pruebas.

En el universo libertario, donde la palabra “eficiencia” suele aparecer pegada a cualquier discurso oficial y donde la vieja política es invocada como sinónimo de todo aquello que debería desaparecer, Adorni acaba de ofrecer una curiosa demostración de burocracia patrimonial: 78 páginas para explicar por qué lo que estaba declarado no era exactamente lo que había, por qué después aparecieron nuevos bienes y fondos y por qué fue necesario corregir las cuentas una y otra vez.

Quizás por eso el título de esta historia no necesite demasiadas vueltas. Las cuentas de Adorni: 78 páginas para explicar lo inexplicable. Y ahora, además de leerlas, la Justicia tendrá que hacer algo bastante menos literario y mucho más sencillo: agarrar cada número, cada dólar, cada bitcoin, cada propiedad y cada rectificación y comprobar si efectivamente cierra.