En septiembre de 1976, mientras la dictadura desplegaba secuestros, centros clandestinos y desapariciones, un grupo de familiares decidió hacer algo que el terror pretendía impedir: organizarse para buscar a los suyos, denunciar lo que estaba ocurriendo y nombrar a los desaparecidos como militantes políticos. Así nació Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el primer organismo de derechos humanos creado durante la dictadura. Medio siglo después, su archivo conserva denuncias, habeas corpus, testimonios, fotografías, listados y documentos de una búsqueda que nunca se detuvo.
Por Alcides Blanco para NLI
Hay aniversarios que se cuentan con fotografías, discursos y celebraciones. Y hay otros que se cuentan con nombres. Cincuenta años después de su fundación, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas sigue siendo, ante todo, una historia de nombres que alguien se negó a dejar desaparecer. En septiembre de 1976, apenas seis meses después del golpe de Estado que había instalado a la última dictadura cívico-militar, familiares de personas secuestradas y detenidas comenzaron a organizarse en Buenos Aires. No esperaron a que terminara el régimen. No esperaron a que existiera una democracia que pudiera escucharlos. Empezaron a buscar cuando buscar era, también, desafiar al poder que había hecho desaparecer a sus hijos, hermanos, compañeros, esposos y padres.
La organización se constituyó formalmente en septiembre de 1976, inicialmente en el local de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Su propio nombre encerraba una definición política que la diferenciaba: no hablaba simplemente de familiares de personas ausentes, sino de “Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas”. Quienes la integraban entendían que detrás de las desapariciones había una persecución política y que sus familiares no habían sido tragados por una misteriosa ausencia, sino arrancados de sus casas, sus trabajos, sus universidades, sus barrios y sus organizaciones. También reclamaban por quienes permanecían presos a disposición del Poder Ejecutivo.
Buscar cuando nadie quería que aparecieran
La historia de Familiares es inseparable del momento en que nació. En aquellos primeros meses de la dictadura, el terrorismo de Estado intentaba convertir cada secuestro en un hecho aislado, sin responsables visibles y sin una trama que pudiera ser reconstruida. La desaparición buscaba producir también una desaparición documental: sin cuerpo, sin expediente, sin información oficial y sin respuesta, el Estado pretendía que el crimen quedara suspendido en una zona de incertidumbre.
Los familiares hicieron exactamente lo contrario.
Comenzaron a reunir denuncias, fotografías, cartas, testimonios, habeas corpus y toda información que permitiera establecer qué había sucedido con cada persona. La organización también extendió su presencia fuera de Buenos Aires y, poco después de su creación, aparecieron comisiones en distintas provincias y ciudades, entre ellas Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Mar del Plata, Corrientes, Chaco y Rosario. Los encuentros nacionales fueron construyendo una red que permitía cruzar información y transformar dolores individuales en una denuncia colectiva.
Ese trabajo tuvo una dimensión política decisiva. Familiares reivindicó la militancia política de los desaparecidos, una definición que no era menor en un país en el que la dictadura pretendía presentar la represión como una supuesta guerra contra un enemigo abstracto. El organismo sostuvo que las personas perseguidas tenían historias, compromisos, ideas, trabajos, familias y militancias. No eran “subversivos” anónimos: tenían nombres y apellidos. Y quienes los buscaban también los tenían.
Durante la dictadura, Familiares participó activamente en la campaña por la liberación y defensa jurídica de presos políticos, presentó denuncias en el país y en el exterior y buscó abrir canales de comunicación con organizaciones internacionales. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la Argentina en 1979, la documentación acumulada por los organismos de derechos humanos se convirtió en una de las herramientas fundamentales para mostrar fuera del país aquello que la dictadura pretendía ocultar.
Pero el aparato represivo también vigilaba a quienes denunciaban.
En septiembre de 1979, la sede de Familiares fue allanada por orden judicial y parte de su archivo de denuncias y documentación fue secuestrada. La organización había pasado a ser, para los servicios de inteligencia, un actor político que debía ser observado. Documentos de la SIDE posteriormente desclasificados muestran que el organismo era seguido de cerca por su despliegue nacional y por su capacidad de articulación. La vigilancia no se limitaba a conocer sus actividades: incluía información sobre su estructura, reuniones y contactos.
Un archivo contra el olvido
Hay algo particularmente poderoso en la historia de Familiares: su archivo nació al mismo tiempo que la organización. No fue construido décadas después por historiadores. Se fue formando mientras los hechos ocurrían, cuando todavía era necesario dejar constancia de cada denuncia porque el silencio oficial podía hacer que una persona desapareciera dos veces.
Hoy el fondo documental de Familiares reúne unas 260 cajas y contiene denuncias de desaparecidos y detenidos políticos, documentación judicial, habeas corpus, correspondencia, comunicados de prensa, testimonios de sobrevivientes, listados, documentos vinculados con centros clandestinos de detención, materiales producidos por presos políticos e incluso revistas, dibujos y poemas realizados durante el encierro. También conserva documentación de los plenarios nacionales y de distintas iniciativas en las que participó el organismo.
El archivo tuvo, además, su propia historia de destrucciones y pérdidas. Parte de la documentación había sido secuestrada durante el allanamiento de 1979 y otra parte se perdió en 1983, cuando una filtración de agua afectó el lugar donde estaba depositada. Sin embargo, una porción sustancial sobrevivió. En diciembre de 2014 fue trasladada al predio de la ex ESMA, donde se preservó su orden original.
Ese conjunto documental permite mirar medio siglo de historia argentina desde una perspectiva distinta. Allí no aparecen solamente las grandes fechas de la política nacional. Aparecen personas. Una denuncia. Una dirección. Una fotografía. Un nombre escrito a mano. Un pedido de habeas corpus. Una carta. Una familia que vuelve a preguntar. La historia del terrorismo de Estado también está hecha de esos pequeños documentos que impidieron que la desaparición se convirtiera en inexistencia.
La lucha que pasó de generación en generación
La democracia tampoco significó el final de la tarea.
Familiares continuó participando en la búsqueda de verdad y justicia y tuvo intervención en iniciativas vinculadas con las reparaciones a víctimas del terrorismo de Estado. También impulsó y acompañó la defensa de los espacios de memoria. Entre otras actuaciones, participó en el amparo contra el decreto que habilitaba la demolición de la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los principales centros clandestinos de detención de la dictadura.
La organización también intervino en la construcción de políticas destinadas a reparar, aunque nunca completamente, las consecuencias de la desaparición forzada. Participó en el impulso de la Ley 24.043, vinculada con indemnizaciones para personas que habían sufrido detenciones ilegales durante la dictadura, y de la Ley 24.321, que estableció la figura de ausencia por desaparición forzada.
Medio siglo después, la búsqueda sigue teniendo una dimensión concreta. El Equipo Argentino de Antropología Forense continúa trabajando en la identificación de personas desaparecidas y en la reconstrucción de las circunstancias de sus muertes. En septiembre de 2026, el EAAF informó nuevos avances vinculados con restos hallados en la Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar La Calera y cerca del ex centro clandestino La Perla, que permitieron identificar a 30 personas secuestradas durante el terrorismo de Estado.
Es una demostración brutal de que cincuenta años no son necesariamente el final de una búsqueda. Para algunas familias, medio siglo puede significar toda una vida sin saber dónde está un hermano, una madre, un padre, un hijo o un compañero. Para otras, significa haber recuperado finalmente un nombre, un cuerpo o una historia que durante décadas estuvo incompleta.
También por eso el aniversario de Familiares no pertenece solamente al pasado. Su existencia habla de una Argentina en la que hubo familias que, cuando el Estado negaba, documentaron; cuando el Estado ocultaba, denunciaron; cuando el Estado perseguía, se organizaron; y cuando pretendía convertir a los desaparecidos en una cifra sin rostro, insistieron en devolverles sus nombres y sus historias.
El tiempo pasó. Murieron muchos de aquellos familiares que comenzaron la búsqueda. Otros envejecieron llevando durante décadas la misma pregunta. Sus hijos y nietos tomaron parte de esa tarea. Los archivos sobrevivieron a allanamientos, filtraciones y años de silencio. Y algunas identificaciones llegaron cuando ya nadie esperaba que fueran posibles.
Pero todavía hay quienes faltan.
Por eso, a cincuenta años de aquel septiembre de 1976, la historia de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas puede leerse como una larga batalla contra una idea siniestra: que una persona puede ser secuestrada, borrada y finalmente olvidada.
No pudieron hacerlo.
Porque mientras haya un nombre en un archivo, una fotografía conservada, una denuncia, una carta, un testimonio o una familia que siga preguntando dónde está, la desaparición nunca consigue ser completa.
Y en esa obstinación, repetida durante cinco décadas, hay una de las formas más profundas de la memoria argentina: seguir buscando a los que faltan para que nadie pueda convertir su ausencia en olvido.
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