El fiscal general boliviano Roger Mariaca fue detenido luego de que Estados Unidos le retirara la visa y lo acusara de favorecer al narcotráfico. Apenas dos días después, la Policía lo arrestó junto a otros funcionarios. El dato que vuelve explosiva la historia: Mariaca era quien encabezaba las investigaciones contra Fernando Cerimedo, el consultor argentino ligado a Milei, detenido en Bolivia y señalado en distintos expedientes por tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos con el tráfico de drogas.
Por Bruno A. Monteverde para NLI
Lo que está ocurriendo en Bolivia parece escrito para una novela de intrigas políticas, narcotráfico y poder internacional, pero está sucediendo en tiempo real: el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, fue detenido mientras encabezaba investigaciones que comprometían al argentino Fernando Cerimedo, uno de los operadores políticos y digitales más cercanos a Milei y una figura con vínculos con distintos espacios de la derecha latinoamericana. La detención se produjo después de que Estados Unidos le retirara la visa y lo acusara de solicitar y aceptar sobornos para facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico y ayudar a personas involucradas en delitos violentos a eludir la Justicia. Apenas dos días después de aquella medida estadounidense, las fuerzas de seguridad bolivianas avanzaron contra Mariaca y otros integrantes del Ministerio Público.
La coincidencia temporal es el elemento que convirtió al caso en un terremoto político. Mariaca había denunciado públicamente que la decisión de Washington constituía una forma de injerencia y presión política, y había advertido que algunas de las investigaciones que llevaba adelante tenían implicaciones que trascendían las fronteras de Bolivia. Entre ellas mencionó expresamente el expediente contra Cerimedo. Ahora, el mismo fiscal que investigaba al operador argentino terminó detenido por una causa de narcotráfico impulsada por el propio aparato estatal boliviano, con una investigación que, según el Gobierno de Rodrigo Paz, recibió información de agencias estadounidenses.
Un fiscal detenido y una investigación incómoda
El operativo se produjo durante la madrugada del jueves y alcanzó a varias dependencias del Ministerio Público. Según la reconstrucción publicada por El País, Mariaca fue detenido junto con otros nueve integrantes de la Fiscalía, mientras distintas sedes fueron intervenidas y quedaron bajo fuerte custodia policial. El Gobierno boliviano sostiene que Mariaca encabezaba una estructura dentro del Ministerio Público destinada a proteger a organizaciones criminales y vincula la investigación con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró además que el operativo contó con información proporcionada por la DEA estadounidense.
Pero la forma en que se desarrolló el procedimiento generó una segunda controversia. Desde la propia Fiscalía denunciaron que los agentes ingresaron sin presentar una orden formal de allanamiento y que varios funcionarios fueron detenidos dentro de las instalaciones del Ministerio Público. Claudia Pardo, responsable de comunicación de la institución, calificó el procedimiento como un “secuestro” y denunció públicamente que no se estaba respetando la institucionalidad del Estado. La situación es particularmente delicada porque no se trata de un funcionario cualquiera: Mariaca era el máximo responsable del Ministerio Público boliviano.
El Gobierno de Paz, en cambio, presentó el operativo como parte de una ofensiva contra una estructura criminal enquistada dentro del aparato judicial. Según las autoridades, Mariaca está siendo investigado por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. También fueron detenidos funcionarios y empleados de la Fiscalía, mientras las autoridades informaron sobre el hallazgo de una importante cantidad de dinero en un operativo vinculado al domicilio del exfiscal general. Esas acusaciones deberán ser investigadas judicialmente, pero la controversia política ya está instalada: el hombre que hasta hace pocos días investigaba a Cerimedo pasó a estar él mismo en el centro de una investigación penal.
Cerimedo, Milei y una trama que cruza fronteras
Para comprender la dimensión del episodio hay que volver sobre Fernando Cerimedo. El consultor argentino, conocido por su actividad política y digital y por su cercanía con Javier Milei, fue detenido preventivamente en Bolivia y enfrenta investigaciones por tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito, violencia familiar y presunto encubrimiento relacionado con el narcotráfico. Su nombre también aparece asociado a una red política de derecha que excede ampliamente las fronteras argentinas y alcanza a dirigentes y gobiernos de distintos países de la región.
En las últimas semanas, además, la causa Cerimedo comenzó a incorporar elementos todavía más explosivos. Página/12 informó sobre un audio presentado por el vicepresidente boliviano Edmand Lara en el que se escucha una conversación atribuida al consultor argentino en la que se habla de pagos de 15.000 dólares por avión para garantizar determinadas operaciones aéreas en el departamento de Beni. Según la reconstrucción publicada, la conversación menciona decenas de vuelos y una estructura que involucraría a personas vinculadas con organismos aeronáuticos bolivianos. Se trata de material incorporado a una investigación y no de una condena judicial, pero su aparición aumentó considerablemente la presión sobre Cerimedo.
Y allí aparece nuevamente Estados Unidos. Washington había retirado la visa a Mariaca y a otros funcionarios bolivianos justo cuando las investigaciones contra Cerimedo avanzaban y cuando aparecían nuevas acusaciones sobre sus presuntos vínculos con operaciones relacionadas con el narcotráfico. La explicación oficial estadounidense apunta contra Mariaca y lo acusa de corrupción y de favorecer a organizaciones criminales. Mariaca respondió que se trataba de una presión política y señaló expresamente que una de las investigaciones sensibles era la que involucraba a Cerimedo. Dos días después, fue detenido.
La secuencia no demuestra por sí misma que Estados Unidos haya ordenado la detención del fiscal, y no existe hasta ahora una prueba pública que permita afirmar semejante operación como un hecho. Pero sí existe un dato imposible de ignorar: la medida estadounidense contra Mariaca, sus denuncias de injerencia, su condición de investigador de Cerimedo y su posterior arresto forman parte de una misma cadena temporal y política. Además, el propio Gobierno boliviano reconoció que el operativo recibió información de agencias estadounidenses. Esa combinación explica por qué el caso desató acusaciones cruzadas de injerencia y presión internacional.
Mientras tanto, Cerimedo permanece detenido en Bolivia y las investigaciones en su contra continúan. La caída del fiscal que llevaba adelante parte de esas pesquisas introduce ahora una incógnita enorme sobre el futuro de los expedientes. Y, sobre todo, vuelve a colocar bajo la lupa la red política que llevó al consultor argentino desde el entorno de Milei hacia el centro de una trama boliviana donde aparecen narcotráfico, funcionarios, vuelos sospechosos, acusaciones de corrupción, intereses estadounidenses y operadores de la nueva derecha continental.
Lo que comenzó como una causa contra un poderoso operador político argentino acaba de convertirse en un problema de dimensión internacional. Porque ahora ya no se trata solamente de qué hizo Cerimedo: también hay que preguntarse qué fuerzas políticas y geopolíticas están moviéndose alrededor de la investigación, quiénes resultan beneficiados por su avance o su interrupción y por qué el fiscal que investigaba al hombre vinculado a Milei terminó detenido después de recibir una sanción directa de Washington. La respuesta, por ahora, sigue abierta. Pero la trama acaba de subir varios pisos.
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