Con el Decreto 1350/2026, firmado por Javier Milei y Diego Santilli y publicado hoy en pleno feriado bonaerense por la visita del Papa, el Gobierno declaró de interés público el proyecto de un grupo privado para quedarse con el Centro de Fronteras de Paso de los Libres. De ocho propuestas quedó una sola, y la licitación se va a armar sobre su proyecto. El Estado pone la frontera; el negocio, para otros.
Por Tomás Palazzo para NLI
Mientras el país miraba al Papa, el Boletín Oficial de este miércoles trajo otro capítulo de la sed privatizadora de Milei. El Decreto 1350/2026, fechado el 6 de noviembre y firmado por Javier Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli, declara de interés público la iniciativa privada para la concesión del uso, explotación, operación, administración y funcionamiento del Centro de Fronteras de Paso de los Libres: el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) y el Área de Control Integrado (ACI).
No es un paso cualquiera. Es la puerta terrestre con Brasil sobre el río Uruguay, frente a Uruguayana, en Corrientes, por donde pasan más de mil camiones por día, según el propio Gobierno. Está en manos del Estado desde 1982. El plan: 20 años de concesión, prorrogables por 5 más.
Ocho se anotaron, quedó uno
La historia arrancó en 2024, cuando el entonces vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, lanzó con bombos y platillos «la primera iniciativa privada de concesiones» en un centro de frontera. La convocatoria cerró el 3 de febrero de 2025. Según el decreto, se presentaron ocho propuestas y siete fueron desestimadas por no cumplir los requisitos.
Quedó una sola: la del «Grupo Promotor» que, dice el texto, está «actualmente integrado» por Empresa General Urquiza S.R.L., Servicios Logísticos Integrados S.R.L. y Da Fré Obras Civiles S.A.
Y hay más letra chica. El proyecto traía dos alternativas, pero la garantía que puso el grupo solo cubría la primera, así que el Estado evaluó una sola opción de una sola propuesta. Competencia, lo que se dice competencia, poca.
Interés público con la tarea sin hacer
Lo más llamativo lo admite el propio decreto. Las conclusiones económicas «no implican la validación definitiva de las proyecciones de demanda, ingresos, costos, indicadores financieros, fuentes de financiamiento» del grupo. Y la capacidad jurídica, técnica, económica y financiera de las empresas se va a verificar más adelante, en la licitación.
Traducido: el Gobierno declaró de «interés público» un negocio cuyos números todavía no validó, presentado por empresas cuya espalda todavía no chequeó. Para jubilados y discapacitados, auditoría hasta del último peso. Para los privados, primero la bendición y después los papeles.
La cancha la marca el promotor
El artículo 3 es la clave: los pliegos de la futura licitación pública «deberán corresponderse» con el proyecto del grupo promotor. O sea, la competencia se va a jugar en una cancha dibujada por uno de los equipos.
Y con ventaja reglamentaria. El régimen de iniciativa privada que Milei armó en 2024 con el Decreto 713, al calor de la Ley Bases, dice que si la oferta del promotor queda a menos de un 10% de la mejor, se la considera equivalente y gana el promotor. Si la diferencia está entre el 10% y el 15%, los dos tienen una segunda oportunidad para mejorar. Licitación hay. Pero el que propuso arranca con varios cuerpos de ventaja.
Quién paga la fiesta
El decreto repite que no habrá «desembolsos de fondos públicos». Suena lindo hasta que uno se pregunta de dónde sale la plata. La convocatoria oficial ya lo decía: los ingresos del concesionario vendrán de tarifas reguladas de estacionamiento y de los servicios que les cobre a transportistas y particulares. Los que pagan son los camioneros, los exportadores y los que cruzan.
El proyecto suma área comercial, estación de servicio, taller, gomería, lavadero, alojamiento para choferes y hasta un parque solar de 1 MW para vender a la red la energía que sobre. También prevé relocalizar la terminal de ómnibus dentro del predio.
Los controles migratorios, aduaneros y de seguridad siguen en manos del Estado. Es decir: el Estado se queda con lo que cuesta y el privado con lo que deja. La vieja receta de los noventa, con otro envase.
Los socios
General Urquiza es la empresa de micros de larga distancia de la familia Derudder, la misma de Flecha Bus, que en 2018 se presentó en concurso preventivo de acreedores. Una empresa de colectivos en el grupo que va a administrar un predio donde se piensa mudar una terminal de ómnibus. ¿Nadie ve ahí un posible conflicto de intereses?
Da Fré Obras Civiles es una constructora mendocina fundada en 2010 por el ingeniero Fernando Da Fré, dedicada a la obra pública. En 2025 armó una unión transitoria con otra empresa de micros, Andesmar, en la licitación porteña para el mantenimiento y la explotación comercial del Obelisco.
Servicios Logísticos Integrados es el nombre legal de Fast Track, una empresa de logística porteña fundada en 2002 por los hermanos Néstor y Tomás Santa Ana. Arrancó haciendo cobranzas a domicilio, en 2004 se registró como operador postal y hoy hace depósitos, distribución y última milla. Entre sus clientes exhibe a Mercado Libre, que en los Meli Awards 2025 la premió como el mejor operador logístico del país.
Una empresa de micros, una constructora y un operador de paquetería. Ninguna de las tres tiene antecedentes conocidos manejando un paso de frontera. El decreto lo resuelve con elegancia: dice que tienen «perfiles técnicos y operativos complementarios».
Un modelo para todas las fronteras
Paso de los Libres es la prueba piloto. Cuando lanzó la convocatoria, el Gobierno anunció que la idea era extender el modelo a otros pasos fronterizos. Se suma a la lista que en NLI venimos contando: las rutas, entregadas por 20 años, la hidrovía, una privatización bajo sospecha, y el agua de AySA. Ahora, la frontera.
Hace apenas un mes, cuando Paso de los Libres quedó bajo el agua, Milei miró para otro lado. Ahora que hay un negocio de 25 años, la Casa Rosada sí se acordó de la ciudad. Para las familias inundadas no apareció ningún decreto. Para la frontera, sí.
¿Quién controla al que cobra en la puerta del país, si el que cobra es el mismo que escribió las reglas?
El Estado pone la frontera, los controles y los gendarmes. Los privados ponen la caja registradora. A eso, en el Gobierno, le dicen «interés público».
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