El gobernador bonaerense presentó una denuncia penal contra la Secretaría de Inteligencia tras la revelación de un documento que detalla maniobras de seguimiento ilegal a dirigentes políticos, gremios y manifestaciones contra Milei.

Axel Kicillof formalizó este miércoles una denuncia penal por espionaje ilegal ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, contra la SIDE que comanda Sergio Neiffert, un oscuro personaje que responde al riñón más cerrado de Milei.
La denuncia se basa en un documento titulado “Hechos previstos 09JUL25”, revelado por el periodista Hugo Alconada Mon, que detalla maniobras de inteligencia clandestina y absolutamente ilegales.
Espionaje a la oposición
Según el material difundido, la SIDE habría seguido los movimientos no solo del propio Kicillof, sino también del presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y del diputado radical Facundo Manes. Es decir: espionaje político en su forma más burda, al viejo estilo macrista, pero ahora potenciado por el dogmatismo libertario.
Pero eso no es todo: también se habrían monitoreado protestas gremiales y manifestaciones sociales contra el gobierno de Milei, lo que constituye una grave violación a las libertades democráticas y al derecho a la protesta.
Denuncia concreta
El escrito judicial, al que accedió la agencia Noticias Argentinas, solicita que se investiguen “delitos de acción pública cometidos por personas cuya identidad deberá establecerse”, y apunta directamente a la estructura operativa que comanda Sergio Neiffert, el delegado de Milei en los servicios.
La denuncia de Kicillof no llegó sola. También presentaron escritos la CTA de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky, y la CTA Autónoma que encabeza Hugo “Cachorro” Godoy. Un frente amplio contra el uso de los servicios de inteligencia para perseguir disidencias políticas y sindicales.
¿Otra vez la “Gestapo”?
El artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional es claro: prohíbe terminantemente el espionaje a ciudadanos por su militancia política, social o sindical. Si se comprueba la veracidad del documento revelado por Alconada Mon, estaríamos ante una violación flagrante de la norma y un delito de Estado.
Así, la SIDE pasó a ser un burdo aparato de control político, al servicio de una gestión que no tolera críticas ni oposición.
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