En una causa que destapa una presunta red de corrupción judicial con conexiones con el narcotráfico, Gendarmería Nacional allanó el despacho del juez federal de Rosario Gastón Salmain y varias propiedades vinculadas al escribano Santiago Busaniche, apuntado como supuesto operador judicial. El caso involucra al exjuez Marcelo Bailaque y a empresarios del mundo financiero y político santafesino.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / redes
Una trama de poder y extorsión
La Justicia federal avanza sobre una red que, según los investigadores, entrelaza a jueces, escribanos, abogados y financistas con maniobras de extorsión y lavado de dinero ligadas al narcotráfico. En ese marco, Gendarmería Nacional allanó el despacho del juez federal de Rosario Gastón Salmain y varias propiedades del escribano Santiago Busaniche, señalado como un supuesto operador judicial de alto rango.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz y se llevaron a cabo en las ciudades de Rosario y Santa Fe, con el objetivo de secuestrar documentación y dispositivos electrónicos. Entre los elementos incautados figura el teléfono celular de Busaniche, que sería clave para reconstruir las comunicaciones entre los implicados.
El exjuez Bailaque, en el centro de la tormenta
El expediente tiene como principal acusado al exjuez federal Marcelo Bailaque, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en Rosario. Las acusaciones contra él son graves: prevaricato, extorsión, incumplimiento de deberes, dádivas y lavado de activos.
La investigación, impulsada por los fiscales rosarinos con apoyo de las procuradurías especializadas PROCELAC (contra el lavado de activos) y PROCUNAR (contra el narcotráfico), cobró fuerza con la implementación del nuevo sistema acusatorio, que otorga el control de la investigación al Ministerio Público Fiscal.
Los arrepentidos que hicieron caer el silencio
El avance de la causa se dio a partir de las declaraciones de dos arrepentidos: el financista Fernando Whpei y el exdirector de ARCA Santa Fe, Carlos Vaudagna. Este último confesó haber participado junto a Bailaque y Whpei en la extorsión al agente de bolsa Claudio Iglesias, a quien le iniciaron una causa falsa por lavado de dinero narco en 2019, a partir de una denuncia anónima fabricada.
Según la declaración de Iglesias, los involucrados le exigieron 200 mil dólares para desvincularlo del expediente, de los cuales terminó pagando 160 mil. La causa se cerró dos años después, sin ningún sustento judicial.
Chats, favores y vínculos personales
En el teléfono de Vaudagna se hallaron conversaciones con Busaniche y con el juez Salmain, lo que abrió una nueva línea de investigación sobre la relación entre ambos funcionarios. Los fiscales sospechan que existía un intercambio de favores personales y profesionales, que incluso podría haber incidido en el concurso para la designación de Salmain como juez federal en 2023.
Ese proceso ya es objeto de análisis por parte del Consejo de la Magistratura, ante posibles irregularidades en su tramitación.
El rol del escribano y la red judicial santafesina
El escribano Santiago Busaniche aparece como un punto de enlace entre los distintos protagonistas. Su papel como supuesto “operador” judicial lo ubica en el corazón de una estructura de poder que habría intervenido en causas sensibles, direccionando fallos y negociando resoluciones a cambio de dinero o favores políticos.
En la misma línea, también está imputado el abogado Guillermo Zenklusen, acusado de haber actuado como intermediario en las operaciones extorsivas.
Una red que empieza a desenredarse
Con los allanamientos recientes, los fiscales buscan determinar el alcance completo de esta red, que combina corrupción judicial, negocios financieros y vínculos con el narcotráfico. Las pruebas secuestradas —en especial los dispositivos electrónicos— podrían confirmar una estructura más amplia que compromete a otros nombres del ámbito judicial santafesino.
La investigación sigue en curso y, según fuentes cercanas al expediente, los próximos pasos podrían incluir nuevos llamados a indagatoria y medidas sobre otros jueces federales.
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