Un fallo del Juzgado Federal de Campana restableció la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, suspendida por el Gobierno mediante decreto. La sentencia obliga al Ejecutivo a implementar la norma sin demoras y expone un nuevo intento de Milei de desconocer la voluntad del Congreso.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Un revés judicial que restituye derechos y desarma el relato fiscalista
La Justicia Federal volvió a marcarle el límite a Milei. El Juzgado Federal de Campana hizo lugar a un amparo colectivo presentado por familias, organizaciones y profesionales del sector de discapacidad, y declaró inválido el artículo 2° del Decreto 681/2025, con el que el Ejecutivo había frenado la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada en julio.
El fallo sostiene que nada impide al Estado cumplir con la ley y financiarla como ya hizo en otros casos, desmontando así el argumento central de la Casa Rosada, que había intentado justificar la suspensión con supuestos riesgos fiscales. Para el juzgado, esos fundamentos no superan el test constitucional ni pueden ubicarse por encima de un derecho humano básico.
Además, la sentencia ordena aplicar la ley de manera inmediata, notificar a todas las partes involucradas y publicar el fallo en el Registro de Procesos Colectivos.
Emergencia en Discapacidad: una norma votada con mayoría especial y luego anulada por decreto
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada con una mayoría especial en el Congreso y tiene vigencia hasta 2027. Entre sus obligaciones centrales se encuentran la actualización de aranceles, la continuidad de los tratamientos y el refuerzo de la protección de derechos esenciales.
La decisión de Milei de suspenderla por decreto no sólo vulneró derechos, sino que profundizó la crisis estructural de un sistema que ya venía exigido al límite. La medida dejó a miles de familias sin herramientas de contención ni previsibilidad, y detonó una ola de reclamos nacionales.
Crisis y abandono: las organizaciones que llevaron el caso a la Justicia
La presentación judicial fue acompañada por organizaciones como CAIDIS, FAICA, AIEPESA y ATAECaDis, que desde hace meses advierten sobre el derrumbe del sistema y el impacto directo que tiene la parálisis del Estado sobre la vida de las personas con discapacidad.
El juez coincidió con ese diagnóstico. En su resolución afirmó que la suspensión decretada por el Gobierno violaba la supremacía constitucional y principios esenciales de tratados internacionales de derechos humanos que integran el plexo constitucional argentino. La Justicia dejó en claro que ningún argumento contable puede justificar el desmantelamiento de derechos adquiridos.
Presupuesto 2026: otro choque entre el Gobierno y el Congreso
El conflicto se amplía en el plano político. El Proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo al Congreso vuelve a ignorar las partidas necesarias para implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, incluso después de la aprobación legislativa y del reclamo público de las organizaciones.
Una nueva muestra de la estrategia del Gobierno: desconocer normas votadas por el Parlamento y priorizar el ajuste fiscal por encima de necesidades urgentes y derechos elementales.
Al final del día, el fallo del Juzgado Federal de Campana vuelve a ordenar lo que debería ser obvio: las leyes se cumplen. Incluso en un país donde Milei pretende gobernar a fuerza de decretos para esquivar la voluntad popular.
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