La Justicia avanzó contra un efectivo de la Policía de la Ciudad por la muerte de Juan Gabriel González, baleado durante un operativo en la Villa 20. El caso vuelve a poner bajo la lupa la violencia institucional y el accionar represivo en los barrios populares.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
A tres semanas del crimen de Juan Gabriel González, la Justicia dio un paso clave: el oficial primero Darián Gastón Miño, integrante de la Policía de la Ciudad, fue procesado con prisión preventiva por su responsabilidad en la muerte del vecino de 45 años ocurrida durante un operativo en el barrio porteño de Villa Lugano.
El hecho tuvo lugar en el asentamiento Villa 20, cuando efectivos policiales acudieron ante la denuncia de una presunta pelea. Lejos de descomprimir la situación, la intervención policial derivó en un brutal enfrentamiento con vecinos del barrio. En ese contexto, González —pintor de oficio— descendió de su vehículo para defender a su hijo y terminó recibiendo un disparo mortal.
El juez nacional en lo Criminal y Correccional Hugo Decaría imputó al efectivo por el delito de homicidio agravado por abuso de su función de seguridad, una calificación que deja en evidencia la gravedad institucional del hecho y el uso letal e injustificado de la fuerza por parte del uniformado.
Según lo reconstruido en la causa judicial, González fue herido de gravedad por un disparo efectuado a corta distancia. Tras ser trasladado de urgencia a un hospital, falleció horas después como consecuencia de las lesiones. La investigación avanzó a partir de peritajes, declaraciones testimoniales y registros fílmicos, que permitieron reconstruir con precisión la secuencia del operativo y el accionar policial.
La resolución judicial también dispuso un embargo por $110.004.700 sobre los bienes de Miño y ordenó la desvinculación de la causa de familiares y allegados de la víctima, quienes habían sido detenidos en un primer momento en un procedimiento que ahora aparece como arbitrario y desproporcionado. En paralelo, otros cinco policías que participaron del operativo continúan bajo investigación.
El informe forense fue contundente: González murió a raíz del impacto de una munición múltiple metálica que le provocó lesiones de extrema gravedad en el tórax y el abdomen. El disparo, realizado a corta distancia, generó una hemorragia masiva imposible de contener, sellando un desenlace trágico que hoy tiene a un efectivo policial detenido.
El caso reaviva las denuncias de organizaciones de derechos humanos contra la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad en los barrios populares. Una vez más, la lógica represiva deja víctimas civiles y expone un modelo de seguridad que dispara primero y rinde cuentas después, cuando el daño ya es irreversible.
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