El hallazgo de un uniformado sin vida en su domicilio volvió a encender las alarmas dentro de las Fuerzas Armadas. El caso se suma a una seguidilla de muertes recientes que exponen una preocupación creciente por la salud mental del personal militar, en un contexto de silencio oficial y escasas precisiones.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Un soldado del Ejército Argentino fue hallado sin vida en su vivienda de la localidad bonaerense de Quilmes durante la medianoche del viernes 16 de enero. El hecho, que es investigado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se convirtió en el cuarto episodio similar registrado en apenas un mes dentro de las fuerzas, una cifra que genera inquietud incluso en ámbitos oficiales.
El uniformado prestaba servicio en el Centro Recreativo del Ejército “Héroes de Malvinas”, ubicado en Remedios de Escalada. Según se informó, fueron los propios familiares quienes notificaron lo ocurrido a las autoridades, lo que dio inicio a las actuaciones policiales correspondientes.
Desde el Ejército Argentino difundieron un breve comunicado institucional en el que señalaron que la fuerza “expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”. No se brindaron detalles sobre las circunstancias de la muerte ni sobre las hipótesis que se investigan, una constante que se repite en los episodios recientes.
Una seguidilla que genera alarma
El caso de Quilmes no es un hecho aislado. La serie de muertes comenzó semanas atrás con un episodio ocurrido en la quinta presidencial de Olivos, donde un agente encargado de la custodia fue encontrado sin vida en un sector interno del predio. La investigación quedó a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la Policía Federal, y desde el Gobierno se aclaró que cualquier información sería comunicada únicamente por vía judicial.
Pocos días después, otro suceso sacudió a la provincia de Corrientes. El suboficial principal Juan Pereira, con casi treinta años de servicio, apareció muerto dentro del cuartel de la Guarnición Monte Caseros. En ese caso intervino Gendarmería y la causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte” en el Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, a la espera de los resultados forenses.
El tercer episodio se produjo en Mendoza. Allí murió Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Ejército que cumplía funciones en el Liceo Militar General Espejo. El joven recibió un disparo con un arma que pertenecería a su padre, agente del Servicio Penitenciario. Según trascendió, Lima se encontraba con licencia psiquiátrica y fuera de servicio al momento del hecho.
Salud mental y responsabilidades
La reiteración de estos casos puso en primer plano un tema que las autoridades suelen abordar de manera tardía y fragmentaria: la salud mental del personal militar. Tras la seguidilla de muertes, el Ministerio de Defensa anunció que se reforzarían las medidas de prevención y los dispositivos de atención psicológica dentro de las fuerzas, aunque hasta ahora no se conocieron detalles concretos ni evaluaciones públicas sobre su implementación.
Mientras tanto, el silencio oficial y la falta de información clara alimentan la preocupación entre familiares, camaradas y organismos vinculados a derechos humanos, que advierten sobre las condiciones laborales, el estrés estructural y la ausencia de políticas integrales de contención dentro del Ejército Argentino.
El nuevo caso ocurrido en Quilmes vuelve a dejar al descubierto una problemática profunda, que excede los comunicados formales y exige respuestas urgentes, transparentes y sostenidas en el tiempo.
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