El pedido de elevación a juicio contra Francisco Sáenz Valiente reavivó una causa que nunca dejó de generar sospechas. Mientras la Justicia avanza lentamente, vuelve a quedar en primer plano el entramado de poder económico, familiar y político que rodea al empresario acusado por la muerte de la joven brasileña Emmily Rodrigues.
Por Lola Santacreta para NLI
La causa por la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, ocurrida en marzo de 2023 tras caer desde un sexto piso en un edificio del barrio porteño de Retiro, tuvo en los últimos días una novedad central: la Fiscalía solicitó que Francisco Sáenz Valiente sea llevado a juicio oral. El empresario está acusado por suministro gratuito de estupefacientes, facilitación del lugar para su consumo y abandono de persona agravado por el resultado de muerte, una figura penal que contempla penas de hasta 15 años de prisión.
Según el requerimiento fiscal, Sáenz Valiente no solo habría facilitado el consumo de drogas en el departamento donde se encontraba la víctima, sino que omitió actuar cuando Emmily ya mostraba signos evidentes de deterioro físico y psíquico, dejándola en una situación de extrema vulnerabilidad. Para la acusación, esa inacción fue determinante en el desenlace fatal.
Un caso atravesado por privilegios
Desde el inicio, la causa estuvo marcada por idas y vueltas judiciales, cambios de calificación y decisiones que despertaron fuertes críticas. Procesamientos que se diluyeron, libertades concedidas y un expediente que avanzó con una lentitud llamativa para un caso con una muerte violenta y elementos probatorios contundentes.
Pero el nombre de Francisco Sáenz Valiente nunca fue uno más. Tal como NLI reveló en marzo de 2023, el empresario pertenece a una familia tradicional del poder económico argentino, con intereses en el negocio agropecuario, la minería y los hidrocarburos, y con vínculos históricos con sectores influyentes del país.
Familia, empresas y redes de poder
Sáenz Valiente es hijo de Alejandro Marcelo Sáenz Valiente Lanusse, integrante de una familia ligada desde hace décadas al negocio agroexportador a través de la firma Sáenz Valiente Hermanos S.A., una de las tantas empresas que forman parte del entramado del poder económico tradicional.
Además, Francisco Sáenz Valiente figura como socio en empresas vinculadas a la extracción de arenas silíceas, un insumo clave para el fracking en Vaca Muerta, y en otras sociedades relacionadas con el sector energético. Esos negocios lo conectan con figuras del sindicalismo petrolero, del mundo del juego y del empresariado con fuerte llegada a la política, conformando una red de intereses que excede ampliamente lo individual.
Si bien no ocupa cargos públicos ni tiene afiliación partidaria visible, su inserción en círculos de poder económico lo coloca en una posición privilegiada frente al sistema judicial, algo que quedó expuesto desde los primeros tramos de la investigación.
El pedido de juicio y la perspectiva de género
El reciente pedido de elevación a juicio incorpora además una mirada con perspectiva de género, señalando que Emmily Rodrigues se encontraba en una situación de desigualdad y vulnerabilidad frente a un hombre con poder económico, control del espacio y capacidad de decisión. La Fiscalía remarca que el análisis del caso no puede reducirse a una “caída accidental”, sino que debe contemplar el contexto de consumo inducido, desprotección y abandono.
Esta postura choca con la estrategia defensiva de Sáenz Valiente, que a lo largo del proceso buscó desligarse de toda responsabilidad, minimizando su rol y presentando la muerte como un hecho inevitable. Para el Ministerio Público, en cambio, hubo una conducta activa y omisiva que creó las condiciones del desenlace.
Poder, Justicia y una pregunta abierta
A casi tres años de la muerte de Emmily Rodrigues, el avance hacia el juicio oral vuelve a poner en escena una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando los acusados pertenecen a las élites económicas? La historia reciente del expediente alimenta la percepción de que la cercanía con el poder sigue funcionando como un escudo informal frente a la Justicia.
El juicio oral, si finalmente se concreta, será una instancia clave no solo para determinar responsabilidades penales, sino también para poner a prueba la capacidad del sistema judicial de actuar sin mirar apellidos, fortunas ni vínculos. Mientras tanto, el caso Sáenz Valiente continúa siendo un espejo incómodo de cómo operan los privilegios en la Argentina real.
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Noticias La Insuperable 
Este sujeto es un caso más del enroque establishment empresarial – poder judicial en la Argentina, hoy recargado como nunca ….y aquí se quedó sin vida una joven. Ojalá prospere la fiscalía en llevar a este tipo al juicio oral. No todos son corruptos en tiempos de odio y violencia.
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