En una jornada de negociación política y resistencia institucional, la Cámara de Diputados de la Nación postergó el cronograma previsto para el tratamiento del proyecto que modifica la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. La decisión fue impulsada a raíz del pedido de audiencias públicas presentado por sectores de la oposición, que lograron condicionar el avance legislativo y extender el plazo de discusión al menos hasta mediados de abril.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Oposición impone audiencias públicas y retrasa cronograma
El debate sobre la reforma de la ley, que ya cuenta con media sanción del Senado, había sido concebido por el oficialismo para avanzar con rapidez en la Cámara baja, con intención de emitir dictamen el 11 de marzo y llevar la normativa al recinto la semana siguiente. Sin embargo, la presión de bloques opositores llevó a que, en un plenario de comisiones —conjuntamente las de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales— se acordara incorporar audiencias públicas al debate legislativo.
Los encuentros se fijaron para el 25 y 26 de marzo, con una dinámica que combina sesiones presenciales y virtuales, abiertas a la participación ciudadana con registro taquigráfico y transmisión en vivo. Esta modificación del cronograma obliga a reacomodar el tratamiento y posibilita que el proyecto no llegue al recinto antes de abril.
Apelaciones por participación federal y control ciudadano
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue una de las voces más destacadas que exigió la realización de audiencias públicas con “criterio federal”, que incluyan la participación de provincias que podrían verse afectadas por la modificación de la normativa, así como la de sectores sociales, ambientales y comunidades indígenas.
Aunque el oficialismo, encabezado por los presidentes de comisión —José Peluc (Recursos Naturales) y Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales)— aceptó la convocatoria, no garantizó que las audiencias se realicen físicamente en cada región, optando por combinar modalidades presencial y remota.
Un traspié para la agenda oficialista
El cambio en el calendario representa el primer revés político relevante para el oficialismo en el actual tratamiento de la Ley de Glaciares, una normativa que ha despertado amplios debates por su impacto ambiental y las potenciales implicancias productivas y regionales. El retraso abre un espacio mayor para que organizaciones ambientales y sectores críticos al proyecto hagan oír sus argumentos ante legisladores, y plantea un desafío a la estrategia inicial de la Casa Rosada para acelerar su sanción.
Mientras tanto, los bloques opositores que impulsaron la medida buscarán consolidar mayor participación y transparencia en el proceso, apuntando a que el debate refleje las preocupaciones ambientales, territoriales y constitucionales que rodean esta iniciativa antes de su eventual aprobación definitiva.
Descubre más desde Noticias La Insuperable
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Noticias La Insuperable 