La investigación que destapó NLI suma ahora una denuncia penal que pone bajo la lupa un entramado millonario de contratos públicos, vínculos empresariales y posibles conflictos de interés en el corazón del Gobierno.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La primicia publicada por NLI el pasado 12 de marzo —donde se revelaron los vínculos entre los vuelos de Manuel Adorni, la consultora de su esposa y negocios que la conectan con el círculo de Karina Milei en Tecnópolis— acaba de dar un salto cualitativo. Lo que hasta ahora era una investigación periodística con documentación y relaciones expuestas, se convirtió en un expediente judicial que podría escalar en tribunales federales.
La diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas vinculadas a la concesión de Tecnópolis, un proceso de dimensiones colosales que supera los $183.300 millones y que está bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que depende directamente de la Jefatura de Gabinete que encabeza el propio Adorni.
El foco judicial: conflicto de interés y negocios cruzados
El núcleo de la denuncia retoma —y profundiza— lo que ya había adelantado este portal: la existencia de un posible conflicto de interés entre la función pública de Adorni y los negocios privados de su entorno más cercano. En particular, el escrito pone la lupa sobre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa del funcionario.
Según la presentación judicial, la firma mantiene relaciones con empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las compañías preseleccionadas para quedarse con la concesión del predio de Tecnópolis junto a DirecTV Argentina. La magnitud del negocio no es menor: se trata de uno de los contratos más importantes en materia de gestión de espacios públicos del Estado nacional.
Lo que para el Gobierno aparece como un proceso administrativo más, para la denunciante podría constituir un entramado de relaciones comerciales incompatibles con la función pública. Es decir, un esquema donde decisiones estatales podrían estar condicionadas por intereses privados con conexiones directas en el entorno del poder.
De la investigación periodística al posible delito penal
El documento presentado no se limita a señalar irregularidades administrativas. Va mucho más allá: plantea la posible comisión de delitos graves como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
En ese sentido, la denuncia no sólo apunta a esclarecer los vínculos entre las empresas involucradas, sino también a determinar si existió un beneficio económico indebido derivado de esas relaciones. La clave estará en reconstruir el circuito de decisiones dentro de la AABE y su conexión con los actores privados señalados.
Este punto es central, porque coincide con uno de los ejes que ya había marcado NLI: la necesidad de seguir el rastro del dinero, las adjudicaciones y los vínculos societarios detrás de la concesión de Tecnópolis.
Tecnópolis: el botín de más de 183 mil millones
La concesión del predio de Tecnópolis aparece como el corazón de la trama. No se trata sólo de un espacio simbólico, sino de un negocio multimillonario con capacidad de generar ingresos, contratos y posicionamiento estratégico para empresas cercanas al poder.
En este contexto, la dependencia directa de la AABE respecto de la Jefatura de Gabinete introduce un elemento político clave: el área que define el destino del predio responde al mismo funcionario cuyo entorno familiar aparece vinculado a empresas interesadas en la concesión.
Ese cruce —que en cualquier estándar de transparencia debería encender alarmas inmediatas— es el que ahora la Justicia deberá analizar en detalle.
Lo que viene: investigación y posibles imputaciones
La diputada Pagano solicitó formalmente la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades tanto de funcionarios como de empresarios. Esto implica que podrían ordenarse peritajes, cruces de información societaria, análisis de contratos y eventualmente citaciones a declarar.
Si la causa avanza, el expediente podría convertirse en uno de los casos más sensibles para el Gobierno, no sólo por la magnitud económica del negocio sino por la cercanía de los involucrados con el núcleo de poder.
Lo que comenzó como una primicia de NLI hoy se transforma en un frente judicial abierto. Y como suele ocurrir en estos casos, la pregunta ya no es si hay vínculos, sino hasta dónde llegan.
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