Con el impulso del gobierno de Milei, la reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada en Diputados y marca un giro profundo en la política ambiental argentina. Bajo el argumento de atraer inversiones, el Congreso avaló una flexibilización que, según científicos y organizaciones sociales, pone en riesgo las principales reservas de agua dulce del país.
Por Bruno A. Monteverde para NLI
La aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares no es un hecho menor ni técnico: es, en rigor, un punto de inflexión en la política ambiental argentina. Lo que durante más de una década fue considerado un piso mínimo de protección ecológica, ahora queda sometido a criterios variables, provinciales y —sobre todo— permeables a intereses económicos.
La ley original, sancionada en 2010, prohibía actividades como la minería en zonas glaciares y periglaciares, entendiendo estos territorios como reservas estratégicas de agua para el consumo humano, la producción y el equilibrio ambiental. Pero esa lógica fue alterada de raíz.
De la protección integral al “criterio hídrico”: la puerta de entrada
El cambio más significativo es la redefinición del objeto de protección. La nueva normativa establece que solo se preservarán los glaciares con “función hídrica relevante”, dejando fuera a vastas áreas que antes estaban protegidas por principio precautorio.
Este giro no es inocente: implica que zonas antes vedadas a la explotación ahora podrán ser evaluadas caso por caso, habilitando proyectos extractivos si se argumenta que no afectan significativamente el agua. En términos concretos, se pasa de una prohibición general a una evaluación negociable.
Además, la reforma otorga a las provincias la potestad de decidir qué áreas proteger y cuáles habilitar, rompiendo el esquema de presupuestos mínimos nacionales. Esto no solo fragmenta la política ambiental, sino que introduce una competencia desigual entre territorios por atraer inversiones.
Minería, lobby y una ley a medida
No es casual que esta reforma llegue en un contexto de fuerte impulso a la minería. El propio oficialismo reconoce que la modificación busca atraer inversiones de grandes empresas internacionales interesadas en litio, cobre y oro.
El problema es el costo: habilitar actividad minera en zonas glaciares o periglaciares implica intervenir directamente sobre fuentes de agua dulce, en un escenario global de crisis hídrica.
Organizaciones ambientales advierten que más de 7 millones de personas dependen de estos ecosistemas para su abastecimiento. Sin embargo, la lógica que se impuso en el Congreso parece haber sido otra: priorizar la renta de corto plazo sobre la sustentabilidad.
La reforma también fue señalada como regresiva e incluso inconstitucional por especialistas, ya que podría vulnerar el artículo 41 de la Constitución, que establece la obligación de fijar presupuestos mínimos ambientales comunes para todo el país.
Un retroceso en plena crisis climática
El contexto global agrava aún más el diagnóstico. En un mundo atravesado por el cambio climático y la escasez de agua, los glaciares cumplen un rol central como reguladores hídricos.
Reducir su protección no es solo una decisión económica: es una definición política sobre el modelo de país. Mientras otros Estados refuerzan sus marcos ambientales, Argentina avanza en sentido inverso.
De hecho, la reforma permite evaluar individualmente cada glaciar según su “función hídrica efectiva”, lo que abre la puerta a que muchos de ellos queden desprotegidos si no cumplen con criterios restrictivos.
El Congreso y la consolidación de un modelo extractivo
La votación en Diputados, que terminó con mayoría a favor del oficialismo, no solo refleja un alineamiento político sino también un cambio de paradigma. Se consolida un modelo donde los recursos naturales dejan de ser bienes estratégicos a preservar para convertirse en activos a explotar.
El argumento del desarrollo y las divisas vuelve a aparecer como justificante histórico, pero con una diferencia clave: esta vez el costo ambiental es explícito y reconocido.
En ese marco, la reforma de la Ley de Glaciares no puede leerse como un ajuste técnico. Es, más bien, una señal clara de hacia dónde se orienta la política económica y ambiental del gobierno: menos regulación, más extractivismo y una creciente subordinación de los bienes comunes a las lógicas del mercado.
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