La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad entró en una etapa clave en Comodoro Py. El extitular Diego Spagnuolo fue el primero en presentarse ante la Justicia, pero se negó a declarar. La investigación apunta a un entramado millonario con fondos públicos.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La causa que investiga uno de los escándalos más sensibles del manejo de fondos públicos en el área de discapacidad dio este martes un paso decisivo. En los tribunales de Comodoro Py comenzaron las declaraciones indagatorias de los imputados en el expediente conocido como causa ANDIS, una investigación que apunta a un presunto esquema de corrupción dentro del organismo estatal encargado de políticas para personas con discapacidad.
El primero en desfilar ante el juez federal Ariel Lijo fue Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero lejos de aportar claridad, eligió el silencio: se presentó, escuchó la imputación y se negó a declarar, sin siquiera dejar un escrito.
Una causa que escala y compromete a decenas de imputados
La escena no es menor. Spagnuolo no es un actor secundario: ya está procesado en una causa que investiga irregularidades, sobreprecios y posibles desvíos de fondos públicos dentro de la ANDIS.
Su indagatoria marcó el inicio de una ronda que incluye a 35 imputados, entre exfuncionarios, empresarios del sector salud y presuntos intermediarios. Todos deberán pasar por Comodoro Py en las próximas semanas, en lo que la Justicia considera una instancia clave para determinar responsabilidades.
Entre ellos aparece también Daniel Garbellini, otro exfuncionario relevante del área, que —en línea con Spagnuolo— también optó por no declarar, reforzando una estrategia defensiva común entre los principales acusados.
El entramado: contratos, audios y millones bajo sospecha
El expediente tiene un origen explosivo: una serie de audios que comenzaron a circular en 2025 y que habrían expuesto pedidos de dinero a empresas proveedoras del Estado a cambio de facilitar contratos públicos.
A partir de esas grabaciones, la Justicia avanzó sobre un posible esquema sistemático de corrupción que habría operado dentro de la agencia. La hipótesis judicial sostiene que existió una articulación entre funcionarios y empresas para direccionar contrataciones de medicamentos e insumos de alto costo.
Las cifras que se investigan son impactantes. Según líneas de la causa, el circuito bajo sospecha podría haber manejado más de 75.000 millones de pesos, en un mecanismo que habría beneficiado a un grupo reducido de empresas en detrimento del Estado.
Silencio, estrategia y tensión política
El silencio de Spagnuolo no es un dato aislado: forma parte de una estrategia defensiva que busca cuestionar la validez de las pruebas, en especial los audios que dieron origen al caso. Algunos imputados sostienen que ese material podría haber sido manipulado, lo que abre un frente técnico clave dentro del expediente.
Sin embargo, la negativa a declarar también deja una señal política fuerte. La causa ANDIS ya no es un expediente más: se convirtió en uno de los primeros grandes casos de presunta corrupción que golpean de lleno al entorno del gobierno de Milei, en un área particularmente sensible por el impacto social de sus políticas.
La decisión de no hablar, en ese contexto, no solo es jurídica. También es un movimiento que busca ganar tiempo en una causa que recién entra en su etapa más delicada.
Lo que viene: un desfile clave en tribunales
La ronda de indagatorias continuará durante las próximas semanas y será determinante. La Justicia busca establecer quiénes participaron del esquema, cómo funcionaba el circuito de contrataciones y qué responsabilidades le caben a cada uno de los imputados.
En paralelo, no se descartan nuevas medidas: ampliaciones de imputación, pedidos de peritajes sobre los audios y eventualmente nuevas detenciones o procesamientos.
Por ahora, la postal es clara: un expediente millonario, decenas de imputados y un primer protagonista que eligió callar. En Comodoro Py, el silencio también habla.
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