Dos decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial vuelven a mostrar con claridad cuál es el rumbo económico que impulsa Milei. Mientras la industria nacional atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas décadas, el Gobierno decidió avanzar simultáneamente en dos medidas que favorecen la importación de maquinaria usada y agilizan los beneficios para las grandes inversiones mineras. La combinación no parece casual: menos incentivos para producir en el país y más facilidades para las actividades extractivas orientadas a la exportación.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El primero de los decretos modifica el régimen de importación de líneas de producción usadas y amplía las posibilidades para que las empresas incorporen maquinaria extranjera con hasta veinte años de antigüedad, e incluso treinta años en algunos casos. La medida se inscribe en la misma línea que las reformas impulsadas desde 2025 para flexibilizar el ingreso de bienes de capital usados y reducir controles estatales sobre estas operaciones. Según la argumentación oficial, el objetivo es abaratar costos e incentivar inversiones. Sin embargo, desde diversos sectores industriales advierten que el efecto puede ser exactamente el contrario para la producción nacional.
La preocupación no es nueva. Fabricantes de maquinaria agrícola, empresas metalmecánicas y cámaras industriales vienen denunciando que la apertura irrestricta de equipos usados coloca en desventaja a la industria local frente a productos importados que ingresan con costos significativamente menores. Incluso durante 2025 avanzaron proyectos legislativos que cuestionaban esta política por considerar que afectaba el empleo y la capacidad productiva nacional.
Un país que exporta minerales y compra tecnología
El segundo decreto reglamenta nuevamente el Régimen de Inversiones Mineras creado por la Ley 24.196, una de las normas más generosas para las compañías extractivas. La nueva reglamentación apunta a simplificar procedimientos administrativos, acelerar certificaciones y facilitar el acceso a beneficios fiscales para los proyectos mineros.
La minería es presentada por el Gobierno como uno de los motores de crecimiento para los próximos años. Litio, cobre, oro y plata aparecen en todos los discursos oficiales vinculados al ingreso de divisas. Sin embargo, el problema señalado por numerosos economistas es que la mayor parte de estos proyectos se desarrollan con escaso procesamiento local, bajo encadenamiento industrial y una fuerte dependencia tecnológica externa.
En otras palabras, Argentina exporta recursos naturales en bruto o con bajo valor agregado mientras importa maquinaria, tecnología e insumos de alta complejidad. Esa dinámica reproduce un patrón histórico de especialización primaria que distintos gobiernos intentaron revertir mediante políticas de industrialización.
El modelo detrás de los decretos
Analizados en conjunto, ambos decretos muestran una orientación coherente. Por un lado se facilita la llegada de equipamiento usado fabricado en el exterior. Por otro, se reducen obstáculos administrativos para sectores extractivos que generan divisas pero demandan relativamente poco empleo industrial directo.
La consecuencia potencial es una economía cada vez más concentrada en actividades primarias y extractivas, con menor desarrollo de cadenas industriales nacionales. Se trata de un esquema que recuerda a los ciclos de especialización exportadora que marcaron buena parte de la historia económica argentina y que tradicionalmente colocaron al país en el rol de proveedor de materias primas para los mercados internacionales.
Los defensores de estas medidas sostienen que la prioridad es atraer inversiones y aumentar las exportaciones. Los críticos responden que el verdadero desafío no es simplemente exportar más, sino producir más valor agregado dentro del país, generar empleo industrial calificado y desarrollar tecnología propia. Sin esos componentes, advierten, el crecimiento puede transformarse en una nueva versión de la vieja dependencia de los recursos naturales.
Los decretos publicados hoy parecen confirmar cuál de esos dos caminos eligió recorrer el Gobierno. Mientras la minería recibe nuevas facilidades y la importación de equipos usados gana terreno, la discusión sobre una estrategia de desarrollo industrial vuelve a quedar relegada. Y cuando la industria retrocede, la primarización deja de ser una advertencia académica para convertirse en una realidad económica concreta.
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