La ciencia volvió a ponerle nombre a una víctima del terrorismo de Estado. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Boderau, un joven trabajador de IKA-Renault secuestrado en mayo de 1976. Con este nuevo caso, ya son 30 las personas desaparecidas halladas e identificadas en los terrenos vinculados al ex centro clandestino de detención La Perla, mientras otras cinco víctimas permanecen aún sin identificar.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Hay nombres que la dictadura intentó borrar y que, medio siglo después, vuelven a aparecer para disputar el silencio impuesto por el terrorismo de Estado. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó este viernes la identidad de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Boderau, una de las personas secuestradas durante la última dictadura cívico-militar cuyos restos fueron encontrados en los terrenos donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. La identificación no constituye solamente una noticia forense: es la restitución de una identidad que durante décadas permaneció atrapada en una de las formas más brutales de la violencia estatal, aquella que buscó convertir a los seres humanos en cuerpos sin nombre y a sus familias en sobrevivientes condenados a una espera interminable. Con Jerez, ya son 30 las personas desaparecidas halladas e identificadas a partir de las investigaciones y excavaciones desarrolladas en el lugar, mientras que otras cinco personas cuyos restos también fueron recuperados todavía esperan que la ciencia permita determinar quiénes fueron.
Un joven trabajador secuestrado en 1976
Alejandro Jerez Boderau había nacido el 30 de julio de 1953 en la Ciudad de Buenos Aires y tenía apenas 22 años cuando fue secuestrado. Trabajaba en la empresa automotriz IKA-Renault, una de las grandes industrias instaladas en Córdoba, y esperaba el nacimiento de su primera hija. El 5 de mayo de 1976 fue arrancado de la pensión donde vivía, en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, durante un operativo represivo que también alcanzó a su esposa, Susana Noemí Huarte Martínez, estudiante de Medicina y embarazada de dos meses, quien continúa desaparecida. La historia de Jerez vuelve así a mostrar una dimensión fundamental del terrorismo de Estado: detrás de cada expediente, cada número de legajo y cada resto óseo existe una vida concreta, una familia, proyectos interrumpidos y vínculos que fueron deliberadamente destruidos por un aparato represivo que convirtió la desaparición forzada en una política sistemática.
La identificación fue posible gracias al trabajo del Laboratorio de Genética Forense del EAAF, que realizó la comparación de los restos óseos encontrados en La Perla con muestras de referencia aportadas por familiares y perfiles genéticos provenientes del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Esa combinación entre investigación antropológica, arqueología, genética y documentación judicial permite reconstruir aquello que durante años el Estado terrorista intentó ocultar. No se trata, por lo tanto, de una identificación basada en una hipótesis o en un testimonio aislado, sino de una conclusión científica que devuelve certeza allí donde durante cincuenta años hubo incertidumbre.
El hallazgo también demuestra que la búsqueda de los desaparecidos no terminó con el retorno de la democracia. La desaparición forzada tuvo una segunda consecuencia buscada por los represores: impedir que las familias pudieran recuperar los cuerpos de sus seres queridos y conocer qué había ocurrido con ellos. La ausencia de una tumba, de una fecha cierta de muerte y de un lugar donde llevar una flor formó parte de esa maquinaria de castigo. Por eso cada identificación tiene un valor que excede largamente el expediente judicial: permite cerrar, aunque sea parcialmente, una herida familiar y social que permaneció abierta durante décadas.
La Perla, una maquinaria de desaparición
La Perla fue uno de los principales centros clandestinos de detención y exterminio de Córdoba y funcionó bajo la estructura represiva del III Cuerpo de Ejército. Por allí pasaron miles de personas secuestradas durante el terrorismo de Estado y una enorme cantidad de ellas continúa desaparecida. El mecanismo utilizado por los represores incluía la privación ilegal de la libertad, la tortura, la reducción de las personas detenidas a números y, finalmente, los llamados “traslados”, una palabra utilizada como eufemismo para ocultar asesinatos y desapariciones. Esa metodología no fue accidental ni producto de excesos individuales: formó parte de un sistema organizado desde el Estado para eliminar opositores políticos, militantes sociales, trabajadores, estudiantes y personas consideradas enemigas por la dictadura.
Que los restos de Jerez hayan aparecido precisamente en ese territorio adquiere entonces una dimensión histórica profunda. Durante años, los lugares donde funcionaron centros clandestinos fueron también espacios destinados a esconder las pruebas del crimen. Las excavaciones realizadas en la zona de Loma del Torito, dentro de la reserva natural militar La Calera, permitieron transformar ese territorio del ocultamiento en un territorio de memoria. Cada fragmento recuperado, cada muestra genética y cada identificación contribuyen a reconstruir una verdad que los responsables de la represión pretendieron sepultar literalmente bajo tierra.
Las tareas forman parte de una investigación llevada adelante por el Juzgado Federal N.º 3, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja, y cuentan con la participación de especialistas del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Córdoba y el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. También existe colaboración logística y de recursos por parte del Gobierno de Córdoba y de la Municipalidad de Córdoba.
La democracia también se construye recuperando nombres
En tiempos en los que vuelven a circular discursos que pretenden relativizar el terrorismo de Estado, presentar la dictadura como una disputa equivalente entre dos violencias o convertir a los desaparecidos en cifras abstractas, la identificación de Alejandro Jerez tiene una fuerza política y humana que no necesita consignas grandilocuentes. Tenía 22 años, trabajaba, esperaba una hija y tenía una vida por delante. Fue secuestrado por agentes del Estado y desapareció. Medio siglo después, la ciencia logró devolverle su nombre.
Ese dato importa porque la memoria no consiste únicamente en recordar acontecimientos del pasado: también supone establecer qué ocurrió, quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron responsables y qué mecanismos hicieron posible que un Estado pudiera disponer de la vida de sus ciudadanos. La identificación de los restos es, en ese sentido, una forma concreta de reparación y una herramienta indispensable para la Justicia. Allí donde la dictadura quiso dejar incertidumbre, aparece la evidencia; donde quiso imponer silencio, aparece un nombre; donde intentó convertir una vida en un desaparecido sin historia, vuelve a aparecer Alejandro Jerez Boderau.
Todavía quedan cinco personas cuyos restos fueron recuperados en La Perla pero permanecen sin identificar. Por eso el trabajo continúa. Y continuará mientras exista una muestra genética que comparar, una familia que aportar información, un fragmento que estudiar o una excavación que permita encontrar aquello que durante décadas fue ocultado. La historia argentina demuestra que la verdad puede tardar, pero también demuestra que los pactos de silencio no son eternos.
La aparición de Alejandro Jerez no devuelve el tiempo perdido ni puede reparar completamente el dolor de quienes esperaron durante décadas. Pero permite algo esencial: que su vida vuelva a ser nombrada y que su muerte deje de estar rodeada por la incertidumbre que los represores quisieron imponer. La dictadura quiso desaparecer personas; la democracia, la ciencia y la memoria siguen recuperando sus nombres. Y cada nombre recuperado es también una afirmación sobre el presente: que ningún Estado puede disponer impunemente de la vida de sus ciudadanos y que los crímenes de lesa humanidad no desaparecen porque pasen los años, porque siempre queda una familia buscando, una prueba por analizar y una verdad que todavía puede salir a la luz.
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