La defensa de Cristina Kirchner presentó ante la ONU una nueva prueba sobre el destino de los fondos del fideicomiso vial y cuestionó nuevamente la condena en la causa Vialidad.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La defensa de Cristina Kirchner presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una nueva prueba que, según sus abogados, vuelve a poner en discusión uno de los fundamentos centrales utilizados para condenarla en la causa Vialidad. El dato surge de una base de información expuesta durante una declaración testimonial en la causa Cuadernos y, de acuerdo con el análisis presentado por los letrados, muestra que los fondos del fideicomiso destinado a obras viales entre 2009 y 2015 fueron distribuidos entre numerosas empresas y que las vinculadas al Grupo Austral de Lázaro Báez habrían recibido menos del 1% de los desembolsos analizados.
La presentación fue explicada este martes por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes sostienen que la información constituye un elemento que no estuvo disponible para la defensa durante el juicio y que debería ser considerado al evaluar las objeciones formuladas ante el organismo internacional. La cuestión adquiere especial relevancia porque la condena contra Cristina Kirchner quedó firme después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara los planteos de la defensa y la Corte Suprema no diera trámite al recurso extraordinario. Es decir, la vía judicial ordinaria argentina quedó cerrada, y la estrategia pasó ahora por someter el caso al sistema internacional de derechos humanos.
Una prueba que apareció en otra causa
El origen de la nueva evidencia es particularmente llamativo. Según explicó la defensa, el 6 de agosto, en el marco de la causa Cuadernos, declaró un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad convocado por la Fiscalía para explicar una base de datos incorporada al expediente. Se trataba de una planilla de casi 80 columnas que contenía información sobre distintos aspectos de la obra pública y, entre ellos, el destino de los fondos del fideicomiso que había sido objeto de discusión en Vialidad.
A partir de esa información, los abogados realizaron un análisis económico-financiero para reconstruir cómo habían sido utilizados los recursos durante el período comprendido entre 2009 y 2015. La defensa afirma que allí apareció un dato que considera incompatible con la interpretación que, según su lectura, sustentó la condena: sobre el universo de fondos destinados a obra pública mediante ese mecanismo, las empresas relacionadas con Báez habrían recibido apenas el 0,85%. Otros medios que reconstruyeron la conferencia también consignaron esa proporción y señalaron que el análisis abarcó miles de millones de dólares en desembolsos.
La importancia jurídica que los abogados atribuyen al dato no consiste simplemente en demostrar cuánto dinero recibió una empresa determinada, sino en discutir la interpretación según la cual el decreto firmado por Cristina Kirchner habría constituido un instrumento destinado específicamente a favorecer al empresario santacruceño. La defensa sostiene que el decreto era una norma de carácter general destinada a financiar obras viales, y que una pericia contable ofrecida durante el proceso habría permitido demostrar cómo se distribuyeron efectivamente los recursos. Según los abogados, esa medida de prueba fue rechazada y el planteo llegó hasta las instancias superiores.
Aquí aparece uno de los puntos más sensibles del planteo. La defensa no está sosteniendo únicamente que ahora encontró un dato nuevo, sino que afirma que ese dato permite revisar una cuestión que ya había sido discutida durante el juicio: si los fondos del fideicomiso fueron realmente utilizados como un mecanismo diseñado para beneficiar a Báez o si, por el contrario, formaron parte de un esquema general de financiamiento de la obra pública vial. La respuesta a esa pregunta pertenece al terreno de la valoración judicial de la prueba, y la nueva documentación será utilizada por los abogados para intentar demostrar ante el organismo internacional que aquella valoración estuvo condicionada por la falta de elementos que ahora pudieron reconstruirse.
El planteo ante Naciones Unidas
La nueva evidencia se incorporó a la comunicación individual que la defensa había presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU a fines de julio. Allí los abogados cuestionaron distintos aspectos del proceso que terminó con la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El planteo sostiene que durante el procedimiento se vulneraron garantías reconocidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Entre las objeciones planteadas aparecen el derecho a un juicio justo, la garantía de ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, la presunción de inocencia, el derecho a contar con tiempo y medios adecuados para preparar la defensa y el derecho a obtener una revisión efectiva de una condena por un tribunal superior. También cuestionan la prohibición de ser juzgada dos veces por los mismos hechos y sostienen que 49 de las 51 obras públicas examinadas en Vialidad ya habían sido investigadas previamente en otros expedientes que terminaron archivados o con sobreseimientos.
Otro de los puntos centrales es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa sostiene que esa sanción afecta los derechos políticos reconocidos internacionalmente y plantea que el proceso judicial tuvo como consecuencia impedir una eventual candidatura futura de la expresidenta. En la presentación ante el Comité, los abogados solicitaron que se analicen esas cuestiones desde la perspectiva de las obligaciones asumidas por el Estado argentino al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Pero hay una precisión fundamental: el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no constituye una instancia de apelación de la Justicia argentina en el sentido tradicional. La presentación internacional no borra automáticamente una sentencia ni transforma por sí misma el fallo argentino. El procedimiento internacional supone un análisis de admisibilidad y, si el caso supera esa etapa, la intervención del Estado y posteriormente la consideración del fondo de las denuncias. Por eso, la estrategia de la defensa debe leerse como un intento de someter el proceso y sus garantías al escrutinio internacional, no como una nueva apelación ordinaria dentro del sistema judicial argentino.
El dato que vuelve a abrir una discusión cerrada
El aspecto más significativo de la presentación realizada este martes es que la defensa intenta convertir una información aparecida posteriormente en otra investigación en un elemento capaz de cuestionar una conclusión alcanzada en un expediente que ya tiene sentencia firme. Ese es, precisamente, el núcleo jurídico del problema: determinar qué valor puede tener una prueba conocida con posterioridad, si demuestra realmente una circunstancia nueva y relevante y, fundamentalmente, si tiene entidad suficiente para modificar las conclusiones a las que llegaron los tribunales argentinos.
Los abogados de Cristina Kirchner fueron contundentes al interpretar el nuevo material. Beraldi sostuvo que la sentencia es “absolutamente injusta” y afirmó que se condenó a una persona inocente. También argumentó que durante el juicio se había desarticulado la acusación original por asociación ilícita y que, a su criterio, la condena terminó concentrándose en el manejo de los fondos del fideicomiso.
Esas afirmaciones pertenecen a la posición de la defensa y no constituyen una nueva resolución judicial sobre la causa. La condena de Cristina Kirchner continúa firme en el ámbito judicial argentino. Lo que cambia con la presentación ante Naciones Unidas es el escenario en el que la defensa intenta discutirla: ya no mediante los recursos ordinarios que recorrieron los tribunales nacionales, sino a partir de una denuncia de presuntas violaciones de derechos reconocidos por un tratado internacional y de una prueba que, según sus abogados, aporta una perspectiva diferente sobre el destino de los fondos.
La discusión, por lo tanto, vuelve a girar alrededor de una pregunta que atraviesa toda la causa Vialidad: qué relación concreta existió entre las decisiones adoptadas desde el Estado, el sistema de financiamiento de la obra pública y las empresas de Lázaro Báez. La defensa sostiene ahora que la nueva información sobre la distribución de los fondos permite observar ese vínculo de otra manera. El expediente judicial ya tiene una respuesta firme; lo que los abogados intentan conseguir es que el sistema internacional de derechos humanos examine si, además de la cuestión penal, el proceso respetó efectivamente las garantías que el Estado argentino se comprometió internacionalmente a proteger.
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