Una investigación interna detectó 645 acreditaciones presuntamente irregulares a 23 personas entre 2022 y 2026. Cuatro beneficiarios ni siquiera tenían vínculo con la Armada y concentraron más de $434 millones. La mayor receptora fue la esposa de un oficial que estaba al frente del área involucrada. La causa ya está en la Justicia Federal y el perjuicio total podría ser todavía mayor.
Por Tomás Palazzo para NLI
Una investigación interna de la Armada Argentina terminó de destapar una trama de presuntos pagos irregulares que durante años habría utilizado el circuito de liquidación de haberes de la fuerza para direccionar dinero público hacia beneficiarios que no correspondían. La presentación realizada ante la Justicia Federal documentó, hasta el momento, 645 acreditaciones indebidas por $981.148.567,88 a 23 personas entre julio de 2022 y enero de 2026, aunque fuentes vinculadas a la investigación estiman que el perjuicio podría ser sustancialmente mayor y acercarse a los $1.500 o $1.600 millones. Esa cifra superior todavía no forma parte del monto histórico comprobado en la denuncia y deberá ser establecida por la investigación judicial.
El expediente comenzó a tomar forma en febrero de 2026, cuando una revisión de los haberes correspondientes a enero detectó que cinco integrantes del Departamento Revista habían recibido suplementos que no les correspondían. En principio podía tratarse de un error administrativo, pero la devolución de esos importes abrió una revisión más profunda de los períodos anteriores. El cruce entre las liquidaciones oficiales, los recibos de sueldo, los archivos enviados al Banco Nación y las confirmaciones de las transferencias permitió encontrar algo mucho más difícil de explicar como una simple equivocación: había pagos que no figuraban en las liquidaciones, montos que aparecían en los archivos bancarios pero no en los recibos y acreditaciones duplicadas o directamente destinadas a personas sin vínculo con la fuerza.
El mecanismo que quedó bajo investigación
Según la presentación judicial, la maniobra habría aprovechado un punto particularmente sensible del circuito administrativo. Las modificaciones se realizaban después de los controles ordinarios sobre la liquidación de haberes y antes del envío definitivo de los archivos al Banco Nación. En ese intervalo se podían alterar manualmente determinados registros para incrementar importes o incorporar beneficiarios y pagos que no surgían de una liquidación legítima. Después, algunos valores eran restituidos a su estado original, de manera que el recibo de sueldo publicado en el sistema no necesariamente reflejara el importe que efectivamente había salido de las cuentas públicas.
El dato resulta particularmente significativo porque los pagos irregulares no aparecían como un fenómeno aislado. La denuncia describe beneficiarios recurrentes y operaciones repetidas durante un período que se extendió desde julio de 2022 hasta enero de 2026. El proceso mensual involucraba los haberes de más de 24.000 personas, y la investigación sostiene que las acreditaciones adicionales podían incorporarse al archivo bancario aprovechando precisamente el tramo existente entre la liquidación y la transferencia. La reiteración de operaciones y las modificaciones posteriores a los controles llevaron a los investigadores a considerar que no se trataba simplemente de errores de procesamiento.
Para reconstruir el circuito, la Armada realizó cruces de información y preservó equipos y archivos utilizados para preparar y transmitir los lotes bancarios. La denuncia fue presentada por el capitán de Navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 2, a cargo de Sebastián Ramos. La investigación deberá determinar ahora quiénes intervinieron, cómo se distribuía el dinero y cuál fue finalmente el perjuicio para el Estado.
$434 millones fueron a cuatro personas ajenas a la Armada
Uno de los capítulos más llamativos aparece cuando se observa quiénes recibieron el dinero. De las 23 personas identificadas en la denuncia, cuatro no tenían vínculo laboral ni funcional con la Armada. Se trata de María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia.
Entre los cuatro concentraron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, es decir, aproximadamente el 44,25% del monto total documentado en la denuncia. Prieto recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86; Santana, 47 por $99.496.225,47; Díaz, 46 por $91.978.048,38; y Yahia, 45 por $90.466.948,33.
El nombre que más llama la atención es el de Prieto. Es la esposa del capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien por entonces se desempeñaba como jefe del Departamento Revista, precisamente dentro del área vinculada a la operatoria que ahora investiga la Justicia. Atanasoff fue relevado preventivamente de su puesto cuando la investigación interna estableció su vínculo con las acreditaciones destinadas a personas ajenas a la fuerza.
La denuncia atribuye al oficial un papel central en esas operaciones. Durante las actuaciones administrativas, según surge de la presentación, Atanasoff habría reconocido conocer las acreditaciones realizadas a las cuatro personas externas y sostuvo que los pagos se cargaban manualmente. El escrito también señala que habría admitido que él decidía las operaciones, los beneficiarios y los montos con el objetivo de favorecer económicamente a esas personas. La determinación de la responsabilidad penal derivada de esas declaraciones, así como la eventual participación de otras personas, corresponde ahora a la Justicia.
El expediente también menciona otros casos bajo investigación. Entre ellos aparece el de un capitán de Corbeta contador que habría percibido durante determinados períodos haberes en la Argentina mientras cobraba simultáneamente por una misión en el exterior. También se detectaron acreditaciones a su esposa durante un período de licencia sin goce de haberes. Cada una de estas situaciones deberá ser analizada judicialmente para establecer si existió una irregularidad administrativa, una maniobra deliberada o alguna otra explicación.
La denuncia nació dentro de la propia fuerza
Hay otro elemento que vuelve especialmente relevante el caso: la investigación no comenzó por una denuncia periodística ni por una investigación externa, sino a partir de controles realizados dentro de la propia Armada. Una teniente que trabajaba en el área de liquidación de sueldos y que además es contadora habría advertido inconsistencias y se habría negado a participar de operaciones que consideraba irregulares. Algunas publicaciones sostienen que incluso habría recibido presiones y ofrecimientos para que guardara silencio, aunque ese extremo forma parte de las versiones y deberá ser corroborado en el expediente.
La investigación interna avanzó después sobre los equipos, archivos y registros utilizados para realizar los pagos. A partir de allí, la Armada modificó el circuito administrativo: separó las funciones de liquidación, acreditación bancaria y conciliación, y trasladó a Tesorería parte de las tareas relacionadas con la transferencia de los fondos. También fueron preservados los dispositivos utilizados en el procedimiento para evitar la pérdida o alteración de evidencia.
Hasta el momento de la denuncia, se habían recuperado $42.574.267,63 mediante devoluciones realizadas por algunos de los involucrados. Eso dejó un saldo de $938.574.300,25 correspondiente a las operaciones documentadas que todavía no había sido restituido. Las devoluciones, aclara la presentación, no eliminan ni reducen el monto histórico de las operaciones investigadas: simplemente permiten establecer qué parte del dinero ya fue recuperada por el Estado.
La dimensión política e institucional del caso no es menor. Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene un discurso permanente sobre la necesidad de reducir el gasto estatal, controlar el uso de los recursos públicos y avanzar hacia una administración supuestamente más eficiente, una investigación interna de una de las principales estructuras del Estado nacional terminó detectando casi mil millones de pesos en acreditaciones presuntamente indebidas, con cuatro personas completamente ajenas a la Armada concentrando más de 434 millones.
La propia fuerza debió acudir a la Justicia para determinar qué ocurrió. El Ministerio de Defensa, conducido por Carlos Presti, dispuso avanzar con la presentación una vez reunidos los elementos de la investigación administrativa. La Armada, por su parte, afirmó que la administración de los recursos públicos constituye un compromiso institucional y que existe “tolerancia cero” frente a irregularidades.
Ahora comienza la etapa verdaderamente decisiva: la Justicia deberá establecer cuánto dinero fue efectivamente desviado, quiénes participaron, quiénes recibieron los fondos, si existió una estructura organizada para alterar los archivos bancarios y qué responsabilidad penal corresponde a cada uno. El monto de $981 millones es, por ahora, el piso documentado en la denuncia. La cifra de hasta $1.600 millones que circula públicamente corresponde a una estimación sobre el posible perjuicio total y no puede presentarse todavía como dinero definitivamente acreditado como sustraído.
Lo que ya quedó registrado, sin embargo, es suficientemente contundente: durante más de tres años, 645 acreditaciones irregulares terminaron en las cuentas de 23 personas, y casi la mitad del dinero documentado terminó en manos de cuatro personas que no tenían relación laboral con la Armada. Entre ellas aparece la esposa del oficial que, según la investigación administrativa, tenía capacidad para intervenir manualmente en el circuito de pagos. El caso ya dejó de ser un rumor de redes sociales: hay una investigación interna, una denuncia penal, dinero identificado, funcionarios relevados y una causa federal abierta para determinar cómo funcionó una maniobra que atravesó años y millones de pesos de recursos públicos.
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