La periodista y candidata regional Susy “China Polo” Aponte fue asesinada a balazos en plena campaña electoral en Áncash, después de haber denunciado amenazas y señalado públicamente a altos mandos policiales. La Fiscalía ya investiga el caso como presunto sicariato. El crimen ocurre bajo el gobierno de Keiko Fujimori y vuelve a poner en el centro del debate una pregunta incómoda para el Perú: qué democracia puede construirse cuando investigar al poder puede convertirse en una sentencia de muerte.
Por Bruno A. Monteverde para NLI
Susy Isabel Aponte Polo, conocida en Áncash como “La China Polo”, no murió en un callejón oscuro ni en medio de un enfrentamiento entre bandas. La asesinaron el sábado 19 de septiembre, a plena luz del día, en el mercado de Caraz, mientras hacía campaña como candidata al Gobierno Regional de Áncash. Tenía 43 años, ejercía el periodismo y había convertido sus redes y su programa China Polo Dominical en una plataforma desde la que denunciaba presuntos hechos de corrupción que involucraban a funcionarios públicos, policías, fiscales y autoridades locales. La escena del crimen, por sí sola, ya constituye una imagen brutal de lo que está ocurriendo con la democracia peruana: una mujer que investigaba al poder fue asesinada mientras intentaba disputar también el poder por la vía electoral.
Pero hay un dato que vuelve el caso todavía más grave. Aponte había advertido que la querían matar. Nueve días antes del asesinato había denunciado públicamente haber recibido llamadas desde distintos establecimientos penitenciarios en las que le advertían sobre un supuesto atentado. En ese mismo mensaje señaló al general de la Policía Nacional Víctor Revoredo Farfán, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, y afirmó que había presentado las denuncias correspondientes. También había dirigido sus acusaciones hacia otros integrantes de las estructuras policiales y fiscales que, según sus denuncias, pretendían silenciar sus investigaciones. Nada de esto demuestra quién ordenó su asesinato, y precisamente por eso resulta indispensable que la investigación no se limite a encontrar al hombre que disparó: la propia Fiscalía cambió la hipótesis inicial de feminicidio y ahora investiga el crimen como presunto sicariato.
Las primeras actuaciones judiciales ya muestran que no se trata simplemente de un homicidio cometido por un individuo aislado. La Fiscalía informó sobre detenidos y trabaja sobre la posible participación de un presunto financista y de quien habría trasladado al atacante, mientras se analizan cámaras de seguridad, declaraciones de los heridos y pericias sobre las armas. Es decir, la pregunta central dejó de ser solamente quién apretó el gatillo y pasó a ser quién pudo haber organizado y financiado el crimen. El equipo de prensa de Aponte reclamó justamente que se llegue hasta los autores intelectuales, mientras la Federación de Periodistas del Perú advirtió que el asesinato golpea directamente a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo.
Y ahí aparece el elefante en la habitación: el fujimorismo.
El gobierno que tiene hoy la responsabilidad política de garantizar la seguridad de periodistas, candidatos y ciudadanos en Perú está encabezado por Keiko Fujimori, heredera política de un apellido que no puede ser separado de una de las etapas más oscuras de la historia contemporánea peruana. No porque exista, hasta el momento, evidencia que permita atribuirle a la actual presidenta responsabilidad alguna en el asesinato de Aponte —una afirmación semejante sería irresponsable—, sino porque resulta imposible analizar el significado institucional de este crimen sin recordar qué ocurrió cuando el fujimorismo gobernó Perú durante la década de 1990.
Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos vinculadas a Barrios Altos y La Cantuta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó que la Corte Interamericana estableció responsabilidades del Estado peruano por aquellos crímenes y señaló que los hechos de La Cantuta constituían crímenes de lesa humanidad. En ambos casos apareció además una estructura clandestina de violencia estatal vinculada al Grupo Colina.
La cuestión no es establecer una equivalencia mecánica entre aquellas matanzas y el asesinato de Aponte. No son el mismo fenómeno, no existen pruebas que permitan afirmar que lo sean y sería periodísticamente deshonesto presentarlos como si lo fueran. La cuestión es otra: preguntarse qué sucede cuando una sociedad que todavía carga con las consecuencias de aquella historia vuelve a colocar al fujimorismo en el centro del Estado mientras una periodista es asesinada después de advertir que estaba siendo amenazada por estructuras vinculadas al poder policial.
Porque el problema del fujimorismo no fue únicamente la violencia física. También fue la construcción de un sistema político en el que la concentración del poder, el debilitamiento de los controles institucionales y la manipulación de la información formaron parte de una misma arquitectura política. Human Rights Watch documentó cómo durante el gobierno de Alberto Fujimori la corrupción fue utilizada para subvertir controles democráticos y debilitar los mecanismos normales de fiscalización del Poder Judicial, el Congreso y los medios de comunicación. Investigaciones académicas posteriores también analizaron cómo la prensa peruana de aquellos años contribuyó, en algunos casos, a invisibilizar o normalizar la violencia ejercida desde las estructuras del Estado.
Por eso la muerte de la China Polo representa mucho más que un crimen policial ocurrido en una provincia peruana. Representa el punto en que tres dimensiones particularmente peligrosas de una democracia comienzan a tocarse: la violencia contra quienes investigan, la fragilidad de las garantías electorales y la persistencia de estructuras de poder capaces de intimidar a quienes las desafían. Aponte no era solamente una periodista. Era, además, una candidata. Su asesinato no afecta únicamente a una familia y a un gremio profesional: afecta el derecho de una sociedad a elegir libremente entre candidatos que puedan hacer campaña sin convertirse en blancos de sicarios.
La reacción del Estado será, por eso, una prueba política. El gobernador regional de Áncash pidió medidas extraordinarias de seguridad para los candidatos y la Defensoría del Pueblo reclamó acciones urgentes de protección en el marco de las elecciones regionales y municipales. El Jurado Nacional de Elecciones, por su parte, recordó la necesidad de garantizar un proceso pacífico, libre y democrático. No alcanza con capturar al ejecutor material. Si existieron amenazas previas, si esas amenazas fueron denunciadas, si había investigaciones periodísticas sensibles y si la Fiscalía ahora considera que pudo tratarse de un asesinato por encargo, el Estado tiene la obligación de reconstruir toda la cadena.
También hay algo profundamente simbólico en que sea precisamente una periodista asesinada después de denunciar a sectores del aparato estatal quien obligue nuevamente al Perú a mirar hacia una de sus heridas históricas. La democracia no se mide solamente por la existencia de elecciones, urnas y partidos políticos. También se mide por la posibilidad concreta de que un periodista pueda investigar al poder, de que un candidato pueda recorrer un mercado haciendo campaña y de que una persona pueda denunciar a funcionarios públicos sin tener que preguntarse si esa denuncia puede costarle la vida.
El fujimorismo conoce demasiado bien esa frontera. Su historia está atravesada por la tensión entre el discurso del orden y los mecanismos utilizados para imponerlo; entre la defensa de la seguridad y los abusos cometidos en su nombre; entre la legitimidad electoral y la utilización del aparato estatal para concentrar poder. La condena judicial contra Alberto Fujimori y las decisiones de la justicia interamericana sobre Barrios Altos y La Cantuta no son interpretaciones partidarias: forman parte de la historia judicial del Perú.
Ahora el apellido Fujimori vuelve a estar en el Palacio de Gobierno y una periodista acaba de ser asesinada después de anunciar que estaba investigando a quienes ejercen poder. La coincidencia histórica no constituye una prueba penal. Pero constituye una obligación política: que el gobierno de Keiko Fujimori demuestre que el Perú de 2026 no será un país donde investigar al poder vuelva a convertirse en una actividad de riesgo mortal.
Porque si la respuesta termina encontrando solamente a quien disparó, pero no a quien eventualmente pagó, ordenó, protegió o encubrió, la muerte de la China Polo habrá dejado una pregunta mucho más grande que su propio asesinato. Y esa pregunta no es quién murió. Es qué clase de democracia está sobreviviendo en el Perú.
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