Otra renuncia en el Gobierno por el escándalo ANDIS: cayó Vilches (ahora se les perdieron $158 mil millones)

La salida de Alejandro Vilches de la Secretaría Nacional de Discapacidad se produjo mientras el Gobierno enfrenta una nueva tormenta por la administración de la ANDIS: una auditoría oficial detectó una diferencia de $158.717 millones entre registros internos de deuda y cuestionó el uso de mecanismos de contratación por fuera de los procedimientos ordinarios. La dimisión se suma a la salida de Diego Spagnuolo y ocurre mientras la Justicia investiga una presunta trama de direccionamiento de compras y retornos.

Por Redacción de NLI

La crisis de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vuelve a cobrarse una cabeza política dentro del Gobierno de Javier Milei. Alejandro Vilches renunció este lunes a la Secretaría Nacional de Discapacidad, apenas un día después de que tomara estado público una auditoría oficial que reveló una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los registros de deuda exigible de dos áreas centrales del organismo. Vilches, que había asumido la conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad después de la intervención de la ANDIS y del desplazamiento de Diego Spagnuolo, comunicó su salida al ministro de Salud, Mario Lugones, y atribuyó formalmente la decisión a “razones estrictamente personales”.

La carta de renuncia no establece ninguna relación entre su salida y la auditoría ni con la investigación judicial que tramita en Comodoro Py. Pero políticamente resulta imposible ignorar el momento en que se produce: el funcionario que había quedado asociado a la etapa posterior al escándalo Spagnuolo abandona el cargo cuando una revisión estatal vuelve a poner a la ANDIS en el centro de una tormenta por dinero, contrataciones y controles administrativos. Y el problema que acaba de aparecer no es una denuncia de la oposición ni una acusación periodística aislada: surge de un relevamiento realizado sobre la propia administración del organismo, con información de sus distintas áreas y con una diferencia contable de una magnitud difícil de disimular detrás de un simple error burocrático.

$158 mil millones que no coinciden

La cifra es concreta. La auditoría comparó la información de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) con la de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), el área que tenía a su cargo programas como Incluir Salud. El resultado fue una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de deuda exigible. El relevamiento tomó como fecha de corte el 21 de agosto de 2025, cuando Spagnuolo fue desplazado de la conducción de la ANDIS, y examinó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipamiento, contratos, personal y declaraciones juradas. La propia auditoría advirtió que parte de los compromisos informados por una de las dependencias no había atravesado los controles administrativos establecidos.

Hay un punto que conviene remarcar porque evita que el escándalo sea reducido a una consigna: los $158.717 millones no significan, por sí mismos, que esa suma haya desaparecido de las arcas públicas. Se trata de una diferencia entre registros administrativos de deuda que debe ser explicada y reconstruida. Pero justamente allí reside la gravedad del hallazgo: dos áreas del mismo organismo estatal no presentaban la misma fotografía sobre las obligaciones que el Estado debía afrontar. La DNASS consignó un volumen de deuda superior y los auditores reclamaron documentación para determinar cómo se generaron esas diferencias y cuál era finalmente el estado real de las obligaciones.

El problema se vuelve todavía más áspero cuando aparece el mecanismo utilizado para cancelar determinadas obligaciones. El informe observó la utilización de la figura de “legítimo abono”, mediante la cual se reconocen y pagan bienes o servicios ya recibidos aun cuando no hayan atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación. En el período auditado, la modalidad seguía siendo utilizada y el monto registrado específicamente bajo ese mecanismo alcanzaba $2.124.634.499,75. La auditoría señaló además que solamente se habían iniciado seis procedimientos de compra vinculados con los servicios abonados bajo esa modalidad.

Y mientras las áreas administrativas discutían cifras de deuda, los prestadores de medicamentos e insumos recibían una verdadera montaña de recursos públicos: $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, según los datos relevados por la auditoría. En paralelo, el informe encontró compras vinculadas al programa Incluir Salud-PACBI que no se habrían realizado de acuerdo con la normativa vigente y operaciones tramitadas fuera del sistema electrónico COMPR.AR. La combinación de dinero, contrataciones excepcionales y controles debilitados es precisamente lo que transforma una inconsistencia administrativa en una pregunta política de primera magnitud.

El 20% que investiga Comodoro Py

El dato contable aparece, además, sobre un terreno judicial que ya venía incendiado. La investigación del fiscal federal Franco Picardi reconstruyó un presunto entramado de contrataciones direccionadas, sobreprecios y retornos alrededor de compras de medicamentos e insumos de la ANDIS. Según la acusación fiscal, el esquema habría funcionado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 y habría involucrado a funcionarios, intermediarios y empresas proveedoras. El nombre que aparece como supuesto articulador externo es el del empresario y lobista Miguel Ángel Calvete, mientras que entre los funcionarios investigados figura el propio Spagnuolo.

El porcentaje que aparece en el expediente es especialmente significativo: hasta el 20% de determinadas adjudicaciones habría sido destinado a retornos. La investigación encontró, entre otras evidencias, coincidencias entre certificados de pago de la ANDIS y anotaciones atribuidas a Calvete. En un caso citado por la investigación, dos pagos a Artrobone Ortopedia S.A., por $17 millones y $16 millones, aparecen asociados a una tabla en la que figuraban los mismos importes y una suma de $6,6 millones, equivalente al 20%, junto con otra suma asignada a “Guadalupe”. Para la Fiscalía, esas coincidencias forman parte de la reconstrucción de un mecanismo de retornos asociado a contrataciones supuestamente direccionadas.

La causa ya produjo consecuencias judiciales concretas. En febrero de 2026, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo como presunto líder de una asociación ilícita dentro de la ANDIS, junto con otras 18 personas, y dispuso un embargo de $202.000 millones sobre el exfuncionario. La Fiscalía informó entonces que la investigación había permitido reconstruir la actividad de una organización integrada por funcionarios de la órbita de la agencia y actores privados.

La nueva auditoría no prueba por sí misma que cada una de esas irregularidades administrativas forme parte de la estructura investigada por Picardi. Pero sí agrega algo políticamente explosivo: el desorden financiero y las contrataciones observadas por los auditores aparecen en el mismo organismo, durante el mismo período general y alrededor de áreas que también están siendo examinadas por la Justicia. La pregunta que queda planteada no es solamente cuánto dinero se pagó, sino qué controles funcionaron, cuáles fueron sorteados y quién tenía responsabilidad sobre esos circuitos.

La promesa de transparencia choca con la realidad

El escándalo tiene una dimensión que excede a Spagnuolo, a Vilches y a cualquier funcionario individual. La ANDIS era uno de los organismos más sensibles del Estado, porque administra políticas destinadas a personas con discapacidad, un sector que depende de prestaciones, medicamentos, transporte, tratamientos y asistencia para sostener derechos básicos. Allí donde el Estado debería exhibir el máximo nivel de cuidado, aparecen una diferencia de registros de $158 mil millones, pagos por casi $480 mil millones a proveedores de medicamentos e insumos, contrataciones observadas y una investigación penal que reconstruye presuntos retornos millonarios.

La contradicción con el discurso libertario es evidente. Javier Milei llegó al poder prometiendo terminar con la corrupción, achicar la estructura estatal y hacer que cada peso del contribuyente fuera utilizado con una supuesta racionalidad empresarial. Sin embargo, en uno de los organismos más delicados del Estado, las propias auditorías oficiales encuentran debilidades de control, registros que no coinciden, procedimientos de compra cuestionados y mecanismos extraordinarios utilizados para reconocer gastos. En paralelo, la Justicia intenta determinar si alrededor de esas contrataciones funcionó una estructura de retornos que habría llegado al 20%.

Y en ese escenario aparece la renuncia de Vilches. Se va por “razones estrictamente personales”, según su propia carta, y esa es la explicación formal disponible. Pero la política no se construye únicamente con cartas de renuncia: se construye también con las circunstancias en las que cada funcionario abandona un cargo. Vilches había quedado al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad después de la caída de Spagnuolo y había atravesado la etapa de reorganización de un área que el Gobierno necesitó reformular después del escándalo. Ahora deja el puesto cuando la auditoría vuelve a abrir una caja con una diferencia de $158.717 millones y cuando la causa judicial sigue produciendo pruebas sobre las compras y contrataciones del organismo.

Spagnuolo ya no está. Vilches tampoco. La auditoría quedó. La causa judicial sigue. Y los números están escritos en los informes oficiales. El Gobierno podrá cambiar nombres, estructuras y denominaciones —la ANDIS fue intervenida y luego reemplazada en su estructura por la Secretaría Nacional de Discapacidad—, pero ninguna modificación administrativa resuelve por sí misma las preguntas que dejaron los expedientes. ¿Cómo se acumuló semejante diferencia entre registros internos? ¿Por qué se pagaron bienes y servicios mediante mecanismos excepcionales? ¿Quién autorizó contrataciones fuera de los procedimientos ordinarios? ¿Qué ocurrió con los controles sobre los cientos de miles de millones destinados a medicamentos e insumos? Y, sobre todo, ¿cómo pudo construirse un circuito semejante precisamente en el área del Estado destinada a garantizar derechos de personas con discapacidad?

La renuncia de Vilches, entonces, no cierra ninguna historia. La abre todavía más. Porque mientras el Gobierno busca un nuevo responsable para la Secretaría Nacional de Discapacidad, la administración anterior deja detrás una combinación explosiva: $158.717 millones de diferencia entre registros de deuda, $479.504 millones pagados a prestadores de medicamentos e insumos, más de $2.124 millones registrados bajo la figura de legítimo abono y una causa penal que investiga presuntos retornos de hasta el 20%. La motosierra, la eficiencia y la supuesta limpieza administrativa pueden ser parte del discurso. Los expedientes, en cambio, empiezan a contar otra historia.