La expareja de Fernando Cerimedo declaró durante una hora desde Bolivia ante el fiscal Franco Picardi. Ratificó sus dichos sobre el origen de los audios de Diego Spagnuolo y puso a disposición de la Justicia argentina el contenido de su teléfono, que permanece bajo custodia de la Fiscalía boliviana. La declaración se produjo apenas 24 horas después de que la Cámara Federal confirmara los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 acusados.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La causa por las presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acaba de abrir una nueva puerta. Nadia Beller, expareja del consultor político Fernando Cerimedo, declaró este miércoles durante aproximadamente una hora ante el fiscal federal Franco Picardi, que investiga el expediente en Comodoro Py, y no se limitó a repetir sus declaraciones periodísticas: según confirmó la propia abogada después de la audiencia, puso a disposición del Ministerio Público argentino el contenido de su teléfono celular, donde asegura conservar conversaciones y registros vinculados con los hechos que investiga la Justicia.
La testimonial se realizó por videoconferencia desde Bolivia, donde Beller permanece después del ataque a balazos que sufrió el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. La mujer estuvo acompañada por integrantes del Ministerio Público boliviano y declaró bajo un esquema de resguardo especial. Al finalizar, explicó ante la prensa que había ratificado lo que ya había contado públicamente y agregó que todo el contenido de su celular fue puesto a disposición de las autoridades argentinas, que ahora deberán determinar qué elementos consideran pertinentes para incorporar al expediente.
El dato adquiere particular relevancia porque Beller había asegurado públicamente que contaba con grabaciones de conversaciones mantenidas con Cerimedo, quien fue asesor vinculado al universo libertario y que actualmente permanece detenido en Bolivia en otra investigación. Según el relato de Beller, esas conversaciones contendrían información sobre la trama que quedó expuesta a partir de los audios atribuidos al exdirector de ANDIS Diego Spagnuolo. También sostuvo que Cerimedo le habría contado cuestiones relacionadas con la filtración de esas grabaciones y mencionó a Karina Milei al referirse a supuestos hechos de corrupción. Esos dichos forman parte de lo que ahora deberá ser contrastado judicialmente con evidencia documental y digital.
Un celular que puede convertirse en evidencia
La cuestión central ya no es solamente qué dijo Beller ante los medios, sino qué contienen efectivamente los archivos que están en poder de la Justicia boliviana. Su abogado había anticipado que el teléfono entregado en Bolivia contiene grabaciones y conversaciones que podrían ser de interés para la investigación argentina. Para acceder formalmente a esos elementos, Picardi debería recurrir a los mecanismos de cooperación judicial internacional correspondientes y solicitar a las autoridades bolivianas el material que considere necesario para el expediente argentino.
Ese procedimiento será especialmente importante porque la causa ANDIS atraviesa una etapa en la que la discusión sobre los audios originales dejó de ser el único eje. Las grabaciones atribuidas a Spagnuolo continúan sometidas a peritajes destinados a determinar su origen, autenticidad y eventual existencia de cortes o manipulaciones. Al mismo tiempo, la Fiscalía sostiene que existen otros elementos independientes, entre ellos documentación de contrataciones, allanamientos y análisis de dispositivos electrónicos, que permiten investigar las presuntas maniobras más allá del material que inicialmente tomó estado público.
En ese contexto, el eventual acceso a las conversaciones de Beller podría tener importancia por una razón concreta: podría aportar evidencia sobre personas, comunicaciones y circunstancias que rodearon la circulación de los audios, independientemente de cuál sea finalmente la conclusión pericial sobre esas grabaciones. Por ahora, sin embargo, los detalles de lo que Beller declaró permanecen bajo reserva y no se conoce públicamente qué información concreta entregó durante la audiencia. Lo que sí está confirmado es que respondió preguntas del fiscal durante aproximadamente una hora y que ofreció material que puede ser solicitado formalmente por la Justicia argentina.
Spagnuolo y otros 18 procesados
La declaración de Beller se produjo apenas un día después de un fuerte movimiento judicial en la causa. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 acusados, entre ellos exfuncionarios, empresarios e intermediarios. La resolución avaló en esta instancia la hipótesis investigativa sobre presuntos direccionamientos de compras, simulación de competencia entre proveedores, sobreprecios y posibles pagos indebidos vinculados con contrataciones de la agencia.
En el caso de Spagnuolo, la Cámara confirmó la imputación por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo, además de la atribución de un supuesto rol de jefe dentro de una asociación ilícita. La Justicia estimó en más de $30.337 millones el monto de las órdenes de compra alcanzadas por una parte de las maniobras investigadas. Se trata, naturalmente, de una investigación todavía en trámite y de imputaciones que deberán atravesar las distintas etapas del proceso.
La Cámara también rechazó los planteos destinados a cuestionar la investigación por el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo. El material continúa siendo peritado por Gendarmería Nacional, mientras la Fiscalía sostiene que el expediente no depende exclusivamente de esas grabaciones y que existen otras evidencias obtenidas durante la investigación. Ese punto adquiere ahora una dimensión adicional: si los archivos que Beller asegura conservar llegan formalmente al expediente y contienen información verificable, la investigación podría ampliar su base documental.
La declaración de Beller, por lo tanto, no significa por sí misma que los dichos de la testigo hayan sido judicialmente comprobados ni que el contenido de su teléfono ya forme parte de la prueba válida de la causa. Pero sí representa un movimiento concreto: una testigo que había anunciado públicamente que poseía información entregó su testimonio ante el fiscal y puso sus registros digitales a disposición de la Justicia. Ahora comienza la parte menos televisiva y más decisiva de cualquier investigación judicial: recuperar los archivos, preservarlos, peritarlos, establecer su autenticidad, reconstruir fechas y comunicaciones y determinar qué relación tienen efectivamente con los hechos investigados.
Y hay un elemento que vuelve especialmente incómoda esta nueva etapa para el poder libertario: la causa ANDIS ya no se encuentra solamente atada a aquellos audios que estallaron públicamente. Mientras la Cámara acaba de sostener los procesamientos de 19 personas y la investigación avanza sobre contrataciones, proveedores, funcionarios y empresarios, aparece ahora una fuente de evidencia digital que podría permitir reconstruir desde otro ángulo cómo circularon determinadas informaciones dentro de aquel entramado. El teléfono de Beller queda, así, en el centro de la escena judicial. Y la pregunta que deberá responder la Justicia es tan sencilla como explosiva: qué hay realmente adentro.
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